El gran pleito de Medimás

Los usuarios de Medimás, antes Saludcoop-Cafesalud, esta semana nuevamente quedaron en el limbo ante los problemas de corrupción, ineficiencia, mal servicio y complejidad del sistema de salud, sin saber quién responderá por sus exámenes médicos y, lo que es peor, por sus tratamientos. En una rueda de prensa, los funcionarios más importantes del Estado en el tema de salud, encabezados curiosamente por el procurador general, Fernando Carrillo, hicieron importantes anuncios que comprometen el futuro de la mayor prestadora de salud del país.

Pero pocos entendieron, incluso algunos de los presentes, las consecuencias que estas medidas podrían tener en el sistema de salud, en la atención de más de 4 millones de personas y el futuro de cientos de IPS, hospitales y prestadores a quienes les adeudan cerca de un billón de pesos y cuyos recursos dependían en buena medida del éxito de esta compleja operación.

Las medidas involucran varios aspectos fundamentales: la venta de la antigua EPS Cafesalud-Saludcoop a los dueños de Medimás, los continuos problemas en la prestación de los servicios y la falta de los requisitos para seguir funcionando como EPS, y el continuo escrutinio del procurador Carrillo tanto sobre la venta como sobre el trabajo de los nuevos dueños de Medimás. Y el tiempo parece haberle dado la razón.

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El primer punto, el del negocio, desencadenó en un efecto dominó las decisiones tomadas y anunciadas esta semana que amenazarían, por ahora, con el final de Medimás o, por lo menos, con el comienzo de un largo pleito judicial.

Como se recuerda, en mayo de 2017 un consorcio de 13 clínicas, hospitales y operadores médicos, reunidos en Prestasalud, se quedó con más de 5 millones de usuarios de la antigua Saludcoop-Cafesalud. A cambio, se comprometieron a pagar 1,4 billones de pesos y a administrar, operar o adquirir las 18 clínicas agrupadas en la empresa Esimed, que formaban parte de la columna vertebral de la atención de la antigua Saludcoop.

En las últimas semanas, varias de las clínicas que administra Medimás fueron cerradas por no cumplir con las normas sanitarias. Esto terminó de afectar el servicio a los usuarios y afiliados de la EPS. Guillermo Torres / SEMANA 

Tras muchos ires y venires, Ángela María Echeverri, agente especial liquidadora de los activos del antiguo grupo solidario, decidió, con la junta directiva, ponerle fin al contrato de la venta y convocar un tribunal de arbitramento frente a los continuos incumplimientos de pagos de los compradores. Las cifras dicen que la empresa debe unos 125.000 millones de pesos, representados en 74.100 millones de pesos de las cuotas del pago de Cafesalud de julio, agosto y septiembre, 32.000 millones de pesos por el arrendamiento de las 19 clínicas, sin contar los 17.500 millones de pesos que se debían pagar por la compra de Esimed. Eso sin intereses y otros factores.

“Fuera de que no se pudieron poner al día, Medimás nos informó que para pagar a Cafesalud ya no necesitaban tres, sino cinco años, y para Esimed, diez años. Y que les debíamos 470.000 millones de pesos, que habían tenido que cancelar para disminuir el altísimo número de servicios represados. Frente a esto, decidimos convocar el tribunal de arbitramento, tal y como está en el contrato para resolver las diferencias”, dijo Echeverri a SEMANA.

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A todo esto se sumó un hecho que afecta tanto el patrimonio de la antigua Cafesalud como la prestación del servicio. Las autoridades sanitarias locales le han cerrado a Medimás, en las últimas semanas, 8 de sus 19 clínicas porque no cumplen los requisitos de aseo, de personal médico o de servicio. Entre ellas están las de Medellín y Cali, que representan la mitad de los 400.000 millones de pesos que pueden valer.

Esto lleva al segundo punto sobre la mesa: los problemas de prestación de servicios y atención de los usuarios. Medimás empezó a operar el 1 de agosto de 2017 sin la necesaria red hospitalaria y médica, lo que se convirtió en un harakiri frente a la enorme cantidad de servicios y problemas represados provenientes de Cafesalud. Este mal comienzo hizo que en octubre la Superintendencia de Salud ordenara una vigilancia especial y sanciones por 3.000 millones de pesos, por no garantizar la atención a la población más vulnerable como niños, ancianos y pacientes con enfermedades complejas.

En noviembre, ante las demoras de los pagos a las IPS y proveedores, y ante el hecho de que los dueños aparentemente favorecían a sus clínicas y hospitales, el ministerio ordenó el giro directo de los recursos de la UPC. Esto significa que de los 340.000 millones de pesos mensuales que el sistema le gira a Medimás, solo le entregaba a la EPS el 20 por ciento y el resto directamente a la red de prestadores para pagar sus servicios. Cifras de la Adress (que administra los recursos del sistema), muestran que Medimás había hecho el 47 por ciento de sus pagos a las empresas del grupo.

La Superintendencia de Salud adelanta un proceso de habilitación de todas las EPS, tanto patrimonial como de redes de atención, y en abril encontró que Medimás no los cumplía. Entonces ordenó una vigilancia especial, removió al revisor fiscal y le puso un contralor. Además, creó un comité de vigilancia, en especial para proteger a los usuarios, que incluye representantes tanto de la Procuraduría como de la Contraloría General.

Así mismo “Medimás nunca se habilitó como EPS ni surtió el procedimiento para serlo, no pudo poner en marcha su modelo de salud, no acreditó el capital ni la idoneidad administrativa o técnica. Con una empresa de un millón de pesos, recibía 340.000 millones de pesos”, dijo a SEMANA el procurador delegado para la Salud y Protección Social, Luis Alfonso Díaz-Granados.

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Por todas estas dificultades, enfrentamientos y controversias el procurador Carrillo se opuso a esta venta, y ha sido uno de los más duros críticos del trabajo hecho por Medimás y sus dueños. Precisamente, la liquidadora, en respuesta a un requerimiento suyo, le informó a la Procuraduría la decisión de empezar la terminación del contrato y convocar a un tribunal de arbitramento.

Por eso, Carrillo convocó a la rueda de prensa en la que anunciaron el final del contrato de venta con Medimás. Y para seguir adelante con el proceso, convocó para el día siguiente a los principales funcionarios del sector, así como a las empresas promotoras de salud a una mesa de trabajo para definir la ruta en este periodo de transición.

Pero mientras Carrillo y la agente liquidadora anunciaban semejante noticia, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, estaba en el Congreso de la República, convocado para un debate del Partido Liberal sobre el futuro del sistema de salud. Algunos creen que en ese recinto lo enteraron de la noticia. Al día siguiente, tras la reunión de la mesa de trabajo, simplemente leyeron un comunicado más centrado en lo que el sector hará hacia adelante para garantizar la atención de los afiliados a Medimás. Incluso, alcanzaron a hablar de repartir los usuarios entre las diferentes EPS.

Tras lo ocurrido, Medimás dijo públicamente que ni la Procuraduría ni la liquidadora tienen competencia para revocar la venta de Cafesalud y anunciaron denuncias penales, entre ellas, contra el procurador por pánico económico. Néstor Arenas, presidente de la EPS, dijo que el Ministerio Público no tiene competencia para tomar decisiones sobre las EPS, la salud, ni mucho menos para decir lo que hay que hacer.

El procurador Carrillo dijo a esta revista que siempre les ha preocupado, tanto a él como a la entidad que dirige, defender el derecho fundamental a la salud y la dignidad de los pacientes, seriamente afectada no solo por Medimás, sino por otras EPS a las que también tienen en la mira. “No estamos tomando decisiones ni asumiendo funciones que le corresponden al ministerio, a la Superintendencia o a la agente liquidadora. Solo nos interesa que Medimás justifique o explique por qué han incumplido reiteradamente sus obligaciones con los usuarios y el buen uso que le ha dado a los recursos públicos”. Y frente a las acusaciones de pánico económico, dijo que “pánico es que no se le cumplan los derechos a los colombianos”.

Pese a lo ocurrido y los anuncios, la suerte de Medimás está en entredicho. Primero, porque le va a quedar fácil asumir el papel de víctima para trasladar los señalamientos de incumplimiento e incapacidad al terreno legal, donde la empresa y sus socios pueden salir mejor librados. Segundo, porque ni el sistema de salud ni las EPS pueden asumir a 4 millones de usuarios en corto tiempo, ya que eso requiere de recursos y servicios médicos, hospitalarios o administrativos nada fáciles de ampliar. Y tercero, porque Medimás no ha aclarado si realmente tiene el novedoso modelo de salud con el que ganó el negocio, qué pasó con el famoso socio extranjero que nunca llegó, cómo es el modelo corporativo y el papel de algunos socios, y si tienen o no el patrimonio y la idoneidad para manejar una EPS. Por lo pronto, de nuevo los usuarios siguen a la deriva.