Miami por cárcel

La masacre de Mapiripán es una de las más vergonzosas de las tantas que se han dado en Colombia. Carlos Castaño quería extender su macabro imperio al sur del país. Y para eso, el 12 de julio de 1997, partieron de Urabá dos aviones con unos ochenta paramilitares -con armas de fuego largas y cortas, y machetes-, sobrevolaron medio país hasta que aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde operaba la base antinarcóticos de la Policía. Otro grupo de paras se les sumó y todos emprendieron camino hacia Mapiripán.

Allí, durante cinco días con sus noches, tuvo lugar una carnicería: 49 personas fueron asesinadas con horrorosos métodos. Ninguna autoridad hizo nada, incluido el coronel Hernán Orozco Castro, quien cohonestó con los criminales. Ahora la noticia es que, desde hace nueve años, vive en Estados Unidos, a pesar de los fallos que en su contra ha proferido la justicia colombiana en varias instancias.

La investigación por la masacre pasó en 2001 de la justicia militar a la ordinaria. Esta procesó, entre estos, a tres altos oficiales del Ejército: el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio; el coronel Lino Sánchez, al frente de la Brigada Móvil 2, y Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París. Los dos últimos destacamentos estaban instalados en inmediaciones de San José del Guaviare.

Sánchez fue sentenciado a 40 años de cárcel y murió en 2006 mientras purgaba esa condena. Uscátegui y Orozco, por su parte, han tenido un proceso unificado. La primera decisión se dio en 2007, cuando el juzgado noveno especializado de Bogotá absolvió a Uscátegui y condenó a 40 años de cárcel a Orozco como "autor responsable de omisión" por los hechos de Mapiripán. El caso fue apelado y pasó al Tribunal Superior de Bogotá, que en 2009 confirmó la sentencia y decidió también condenar a 40 años a Uscátegui. El general está recluido desde entonces en las casas fiscales del Cantón Norte, mientras espera el veredicto de la Corte Suprema a la que acudió en casación.

Mejor suerte ha corrido Orozco. En el expediente está documentado que el Batallón Joaquín París que comandaba el oficial controlaba el aeropuerto donde aterrizaron los dos aviones, así como los puntos de vigilancia del Ejército en las vías terrestres y fluviales de la zona. Sin embargo, Orozco no ordenó controles y, por el contrario, envió en varios viajes en helicóptero a un centenar de sus efectivos a otros lugares, facilitando la movilización del comando criminal hacia Mapiripán.

A pesar de que la Fiscalía ordenó capturar a Orozco el 30 de julio de 2003, no ha ido a la cárcel. Tras declarar contra el general Uscátegui (sostuvo que envió a la Brigada un fax para avisar la llegada de los paras en vísperas de la masacre) el coronel solicitó medidas de protección. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ayudó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así logró salir a Estados Unidos en enero de 2003, cuando ya estaba sindicado por Mapiripán.

Desde entonces, jueces y fiscales han formulado sin éxito requerimientos para que comparezca. Cuando fue condenado a 40 años de cárcel, el juez ordenó en su sentencia "adelantar los trámites para hacer que Hernán Orozco regrese al país y cumpla con la sanción". Esa decisión fue confirmada, dos años después, por el Tribunal Superior de Bogotá.

Orozco, desde la distancia, también interpuso casación y su expediente pasó a la Corte Suprema, que está estudiando si lo admite. En el material en poder del máximo tribunal hay una prueba que deja mal parado a Orozco. Se trata de una grabación certificada como auténtica por la unidad de acústica forense de la Policía y trasladada al expediente de Mapiripán. Allí, Orozco se refiere a sus gestiones para salir de Colombia: "La idea mía de que me contactaran con ellos (se refiere al Colectivo de abogados) fue porque me descongelaran mi trámite para salir del país. Y (...) me lo descongelaron y ya me tienen al otro lado, o sea, esa fue la intención mía, pero obviamente que ellos pues aprovecharon de que (sic) uno es militar y todo pegadito de la ayuda pues vienen los favores, ¿no?".

En septiembre de 2006, el entonces senador Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso y -basado en la respuesta del ministro de Defensa Juan Manuel Santos- puso en blanco y negro la responsabilidad de Uscátegui y Orozco. Sostuvo que la Brigada VII al mando del primero no tenía en su jurisdicción a Mapiripán ni mando sobre el Joaquín París, comandado por el coronel. "Orozco está libre porque una ONG de izquierda le ayudó a salir del país con tal de que atestiguara contra Uscátegui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión nacional e internacional, la condena del general que la del que verdaderamente había propiciado la masacre", dijo Petro.

El abogado Eduardo Carreño, del Colectivo, quien defiende a las víctimas de Mapiripán, le dijo a SEMANA que desconoce la grabación en la que Orozco menciona a esa corporación sobre las gestiones para salir del país. Carreño señala que "el Estado fue incapaz de garantizar la seguridad del coronel Orozco, el único militar que advirtió por escrito sobre la masacre. Por eso intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas de protección. Y es al Estado al que le corresponde hacer lo posible para traerlo".

Hasta ahora no se ha emprendido ninguna gestión para ese cometido. Lo más paradójico es que, en 2005, Colombia fue condenada por la misma Corte Interamericana por la masacre de Mapiripán. Pero Orozco, uno de los protagonistas del maridaje de la fuerza pública y los paramilitares, pasa sus días en Miami. Luce un impecable uniforme, tiene carros y un cómodo domicilio. De día trabaja como agente de seguridad en un condominio y por las tardes sale en su bicicleta a dar paseos por su vecindario para estar en forma.