¡Miedo!

La semana pasada, el país vivió una realidad que los colombianos creían superada. Atentados terroristas, una avioneta secuestrada, líderes de tierras asesinados, sangrientas vendettas de la mafia y una delincuencia común desbordada, cuya sevicia indignó al país cuando una mujer embarazada recibió tres tiros a quemarropa de unos criminales que trataban de robarle el carro. Hacía muchos años los colombianos no sentían tanta inseguridad, tanta falta de autoridad y tanta desprotección del Estado.

Pero quizás lo más increíble es que la mayoría de los episodios violentos que sacudieron al país en los últimos días tienen un denominador común: delincuentes reincidentes capturados en el pasado por todo tipo de delitos y, por distintas razones, dejados en libertad en los estrados judiciales.

Esta oleada de inseguridad terminó amplificada en las redes sociales por medio de cadenas en WhatsApp, comentarios apasionados e indignados y hasta falsas noticias con las que muchos quisieron pescar en río revuelto (ver recuadro). ¿Qué pasó? ¿Qué tan inseguro está el país? ¿Acaso regresó Colombia a épocas superadas o hay un pánico exagerado frente a episodios mediáticos, pero que no reflejan la situación real de seguridad?

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Curiosamente, en cuanto a los delitos más duros, es decir asesinato, secuestro, y extorsión, las cifras han mejorado. El primero ha caído a 24 por cada 100.000 habitantes, uno de los más bajos en 30 años. El secuestro y la extorsión han bajado cerca del 10 por ciento según datos la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

Pero esto no quiere decir que la criminalidad no esté haciendo su agosto con delitos como el robo en todas sus modalidades. Y que, ante la falta de pie de fuerza de la Policía, y de autoridad y de justicia del Estado, la delincuencia –y ahora el terrorismo– cabalgue en la impunidad.

Sin duda, el episodio más grave de esta oleada de violencia fue el atentado del ELN en la estación de Policía San José en Barranquilla, Atlántico, que dejó 5 muertos y 42 heridos. Esta célula terrorista está relacionada con los autores de otros ataques en Bogotá en 2015, y aunque las autoridades detuvieron a todos sus integrantes hace tres años, los jueces los dejaron en libertad y desde hace dos años están en las calles. Algo similar ocurrió con los integrantes del grupo radical MRP, que detonaron la bomba del Centro Andino y mataron a tres personas. Meses antes del atentado, la Policía había arrestado a dos de ellos con una bomba en su poder. Al llevarlos ante un juez, quedaron en libertad “porque la bomba no estalló”. Una vez libres, orquestaron el ataque al Centro Andino y, esa vez, el artefacto sí estalló. ¿Qué habrá pensado el juez que los soltó?

Y ni hablar de lo que ocurre a diario en las calles. El caso del menor que provocó una masiva movilización en Kennedy, al sur de la capital, refleja esta triste realidad. Su asesino, que lo apuñaló hasta quitarle la vida por robarle la bicicleta, ya había sido arrestado por otro intento de asesinato con arma blanca unos meses atrás. Pero una orden judicial lo sacó a la calle.

Ser malo paga

Este preocupante retrato muestra lo que, sin duda, se ha convertido en unos de los mayores problemas para la seguridad: la reincidencia de los delincuentes. Las cifras son espeluznantes.

Durante 2017, las autoridades capturaron en el país a 207.728 delincuentes en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Otros 37.800 cayeron como resultado de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528. Sin embargo, los jueces solo enviaron a menos de 10.000 a la cárcel, o sea, ni siquiera el 5 por ciento, según cifras de la Fiscalía y la Policía.

Ese complejo escenario de impunidad tiene un agravante. Gran parte de esos delincuentes capturados y dejados en libertad por los jueces son profesionales del delito y un peligro para la sociedad. De los más de 240.000 capturados, 91.423 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces y otros 1.710 capturados por la Policía entre 10 y 40 veces, según datos de esa institución.

Y lo que es peor: los jueces dejan en libertad a los delincuentes por los delitos que más afectan la percepción de seguridad del ciudadano común. Por ejemplo, solo el año pasado, 12.069 ladrones capturados en flagrancia robando a personas y entidades comerciales quedaron en libertad por orden judicial. Y 6.425 de los arrestados por lesiones personales recobraron la libertad al llegar a audiencias ante los jueces. Más de 26.000 detenidos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (microtráfico) también salieron.

La primera gran operación para enfrentar este problema demostró su magnitud. Entre el 20 y el 24 de noviembre pasado, la Fiscalía y la Dijín Nacional realizaron una ofensiva en el país para capturar la mayor cantidad de reincidentes posibles. Tan solo en esos cuatro días detuvieron 207 antisociales que habían cometido748 delitos. El 50 por ciento corresponde a una de las modalidades que más afectan a los ciudadanos: el robo.

“Las cifras reflejan un problema de fondo. Mientras por un lado policías y fiscales hacen grandes esfuerzos por sacar de las calles a los delincuentes, por el otro lado algunos jueces aplican la ley de tal modo que están devolviendo los bandidos a las calles”, sostiene un alto funcionario del CTI que no quiso dar su nombre.

Ciudades indefensas

En Bogotá, los habitantes sufren especialmente este fenómeno. En los últimos cuatro años las autoridades capturaron a 26.865 delincuentes en flagrancia, la mayoría implicados por robo a personas y entidades comerciales o por tráfico de estupefacientes y homicidio. Lo increíble es que de esa cifra más del 90 por ciento (25.333) de ellos habían sido detenidos al menos en cinco oportunidades y no pasaron más de un año tras las rejas.

“El país necesita dar un debate de fondo sobre la política criminal y el tratamiento penal a delincuentes reincidentes. Mientras estos delincuentes no paguen condenas efectivas, estamos enviando como sociedad una señal muy equivocada: que el crimen paga”, dijo a SEMANA el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, Daniel Mejía.

Pero si en Bogotá llueve, en otras ciudades no escampa. En Barranquilla, por ejemplo, en los primeros ocho meses del año pasado las autoridades capturaron a 4.907 personas. Pero solo 397, el 8 por ciento, obtuvieron medida de aseguramiento en centro carcelario y 3.864 quedaron en libertad, es decir que el 79 por ciento de los capturados ni siquiera pisó la cárcel. Del total de la cifra de detenidos que salieron libres, 339 eran delincuentes reincidentes capturados en al menos cinco oportunidades por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas.

El problema radica, para el secretario del Interior del departamento del Atlántico, Guillermo Polo, en la imposibilidad del sistema penal para procesar y sancionar a quienes infringen la ley penal, especialmente en delitos de alto impacto, lo que se suma a las dificultades para aplicar programas de resocialización. “En últimas, el delincuente reincide porque tiene la certeza de que la posibilidad de que lo sancionen es realmente baja”, afirmó.

En el barrio Robledo, de Medellín, el miércoles aparecieron los cadáveres de 4 personas envueltos en sábanas. Con ellos la capital antioqueña llegó a 52 asesinatos en lo que va de 2018. Muchos de esos crímenes son coletazos del reacomodo de las grandes mafias, y en este caso en particular tendrían que ver con la captura de alias Tom, uno de los grandes capos. Aunque este tipo de vendettas suelen ser cíclicas y ligadas a muertes y detenciones de narcos, el mayor problema de los paisas también son los reincidentes.

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“Estas recapturas obedecen a delitos como tráfico de estupefacientes y hurto a personas, y generan consecuencias nefastas para la seguridad”, dijo a SEMANA el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “En Medellín se capturó a una misma persona hasta 50 veces, lo que destruye la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. El ciudadano está mamado de que lo roben, y más de saber que quien lo hizo vuelve a las calles a seguir robando. La solución no es soltar los criminales, sino definir una política carcelaria seria”, concluye Gutiérrez.

Las quejas de los mandatarios locales aparecen por todo el país. Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, contó a SEMANA que en el más reciente consejo de seguridad en su ciudad demostró que de las 3.000 capturas solo el 15 por ciento terminó en detenciones intramurales. “La gente cree que las administraciones y la Policía no trabajan. Cuando organizamos operativos y hacemos capturas, se entregan a la Justicia, pero la rama judicial no responde. Incluso, es la legislación, más que la rama judicial” afirma.

En Cartagena la situación es aún más crítica por la crisis de liderazgo político que desde hace varios años vive la Heroica. “El 45 por ciento de los ciudadanos de la Heroica se siente inseguro con su ciudad y el 36 por ciento se siente inseguro en su barrio. La principal razón es la ocurrencia de constantes atracos callejeros cometidos por pandillas y drogadictos”, dijo a SEMANA María Claudia Peñas, directora del programa ciudadano Cartagena Cómo Vamos. “La percepción de impunidad en la ciudad es muy alta. Solo 5 de cada 10 cartageneros creen que quienes porten armas, agredan a otra persona o incumplan las normas de tránsito serán sancionados. Eso indica el nivel de desgobierno de una ciudad que ha tenido 8 alcaldes en los últimos 6 años”, concluye.

En Valle del Cauca la situación no es distinta. “Nos afectan mucho las detenciones domiciliarias, ya que casi siempre cobijan a temidos delincuentes que luego reinciden”, aseguró Noralba García, secretaria de Gobierno de la Gobernación de ese departamento.

¿Por qué los sueltan?

Para los representantes de los jueces, que hoy están en la picota, el problema proviene en realidad de una legislación excesivamente garantista. “Parte de lo que está ocurriendo se debe a las modificaciones hechas al Código Penal y al Código Penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento”, explicó a SEMANA un directivo de Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la rama.

La nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas sustitutivas, es decir que no impliquen detención carcelaria o domiciliaria, a personas que cometieron delitos merecedores de pena menor a ocho años. Antes de la reforma, un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto le permitía, por ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si había reincidido, aunque la pena no superara el mínimo. Ya no. “Ahora solo puede guiarse por causas objetivas que fija la ley”, dijo el funcionario. “Las penas de muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso simplemente fue populismo punitivo. Generó una falsa sensación de justicia”, concluye.

Otra parte de la historia por la cual muchos delincuentes regresaron a las calles comenzó hace tres años. En 2015 la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de la época promovieron ante el Congreso una ley que buscaba esencialmente descongestionar las cárceles. Todo el que llevara 12 meses tras las rejas sin ir a juicio debía quedar en libertad sin importar la gravedad de su delito. Eso implicaba la salida automática de 10.000 detenidos. En ese momento el gobierno logró atajar esa estampida.

No obstante, el año pasado comenzaron a salir masivamente de las cárceles todo tipo de detenidos. Más de 2.000 quedaron libres en el segundo semestre. Y de estos, 337 cometieron nuevos delitos antes de cumplir el primer mes en las calles. Las consecuencias hoy se sienten en muchas ciudades.

“La reincidencia es una preocupación que afecta la seguridad y hace que el ciudadano desconfíe de las instituciones”, reconoce el general Nieto. “Parte de la solución está contemplada en el proyecto de ley 014 que lidera el Ministerio de Justicia en el Congreso, en el que a los reincidentes se les quitan beneficios judiciales y, además, se fortalece el sistema carcelario”, afirma el oficial.

Falta de Estado, justicia y policías

Para completar este preocupante panorama, habría que añadir la falta de policías en las calles. Bogotá vive el caso más crítico. Una ciudad como Londres, con cantidad similar de habitantes, tiene 30.000 uniformados, para un promedio de 3.750 policías por cada 100.000 personas. Bogotá tiene 238 policías por esta última cifra.

Incluso, en el propio territorio nacional la desproporción es muy notoria, ya que municipios como Bucaramanga, Tunja o Popayán tienen en promedio 600 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, la capital cuenta con poco menos de la tercera parte de las ciudades intermedias (ver gráfico).

“Bogotá sufre un déficit estructural. Mientras varias ciudades del país tienen 400 o 500 policías por cada 100.000 habitantes, Bogotá no llega a 240. La administración del alcalde Peñalosa triplicó la inversión en seguridad (de 177.000 millones en 2015 a 540.000 para 2018), pero ahora necesitamos que el gobierno nacional se comprometa con los bogotanos y solucione este déficit”, afirma Daniel Mejía. Hace dos semanas, el gobierno nacional y el Ministerio de Defensa anunciaron que incorporarían otros 500 uniformados, cifra que es una lágrima en medio del triste problema de seguridad.

Esa situación ha dado lugar a que desde diferentes sectores se lancen propuestas que permitan compensar esa falta de uniformados. Entre ellas, la de aprovechar que la guerra contra las Farc terminó y pasar militares a las filas de la Policía (ver recuadro).

Frente a este panorama, la semana pasada, en un acto de sinceridad, el ministro de Justicia, Enrique Gil, reconoció la crisis en una entrevista a Caracol Noticias. “No nos llamemos a engaño: tenemos una política criminal desastrosa y por eso este ministerio citó el año pasado al Consejo de Po lítica Criminal, donde intervienen todos los entes, para buscar una solución a la crisis”, afirmó Gil, quien reconoció que el tema de los reincidentes es alarmante y crítico.

Lo cierto del caso es que mientras esas reformas llegan, la sociedad inevitablemente se siente cada vez más desprotegida por el Estado. Y esta situación lleva al extremo de que las comunidades toman la justicia o la seguridad por propia mano y linchan a los delincuentes, como ya ha empezado a ocurrir.

Toda esta situación de impunidad, o de falta de herramientas judiciales, o de excesivo garantismo, o de jueces complacientes, ha venido erosionando en el país el respeto por la autoridad. Entre la inseguridad, los paros, los bloqueos y los reincidentes, muchos colombianos se preguntan dónde está el Estado para defender a la mayoría silenciosa y pacífica. El país aún recuerda el video de la agresividad de un indígena en el Cauca que le puso su machete en el cuello a un soldado que realizaba labores de patrullaje para defender la propiedad privada en el Cauca.

Cuando en el país se disparan los cultivos ilícitos a 150.00 hectáreas, el microtráfico extiende sus tentáculos en cada esquina, y las disidencias de la guerrilla y bandas criminales luchan por copar los espacios que dejaron las Farc, el Estado tiene que empezar a tomar decisiones de fondo si no quiere volver a los ciclos de violencia del pasado.

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Pero así duplique el pie de fuerza de la Policía, mejore la inteligencia y utilice la última tecnología, mientras no haya un verdadero revolcón en el sistema judicial –desde la legislación, la formación de los jueces y el sistema penitenciario– la impunidad seguirá mandando en materia de justicia en Colombia. Y con ella, la inseguridad. 

-FIN-

Las redes del pánico

Facebook, Twitter, WhatsApp y otras plataformas se transformaron en el canal de propaganda de mentiras y noticias falsas que empeoró la percepción de inseguridad.

La semana pasada, una vez más, las redes sociales mostraron su cara más oscura. Una oleada de mensajes de voz por WhatsApp, decenas de tuits y mensajes de Facebook desataron un pánico e histeria colectiva, principalmente en Bogotá.

“A todos los del grupo les cuento. Es un mensaje que me acaba de enviar una prima que trabaja en la Fiscalía. No es un juego. Me dice que no salgan porque vienen más bombas”, se escucha decir a un hombre. “5-8 a todos los requerimientos. Se confirma bomba en la Torre Colpatria y portales de TransMilenio”, se oye en otro mensaje de una persona que simula ser un oficial de Policía. “Un tío que es militar me dijo que es muy grave la situación. Por eso no vamos a ir a la universidad estos días”, dice en otro mensaje de voz una mujer.

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“Acabaron de desactivar una bomba a pocos metros de donde está mi hermana en la plazoleta del Rosario. No saben lo que estoy sintiendo”, escribió una mujer en su Twitter, que rápidamente fue compartido por decenas de personas. “Al hijo de una amiga de la oficina lo intentó secuestrar una banda al salir de clases. Por estos días no manden sus niños al colegio”, escribió otra en sus redes. Estos y otros muchos mensajes falsos causaron alarma en amplios sectores a lo largo de la semana. Inescrupulosos, personas interesadas en generar caos con fines políticos y no pocos ingenuos que reproducían los mensajes que les llegaban sin verificarlos se encargaron de aumentar la ya de por sí elevada sensación de inseguridad.