"Nos va a juzgar el enemigo": presidente de Acore

SEMANA.: ¿Cuál fue el punto de partida en las diferencias que tienen con la Jurisdicción Especial de Paz?

Jaime Ruiz.: Desde que empezó la negociación en La Habana notamos con preocupación que todo está dado a favorecer a las Farc. Comenzamos a indagar y entramos en contacto con Álvaro Leyva y Enrique Santiago. En ese encuentro nos explicaron que la negociación fue supremamente fácil. Durante una reunión en la casa de Juan Carlos Henao se discutió el tema. La conclusión de que se aplicaría un sistema basado en la justicia restaurativa que no impone privación de la libertad sino una reparación por los daños causados a la sociedad. Les dijimos que si no se suponía que eso se estaba negociando en La Habana. Respondieron que no, que se resolvió aquí sin la mayor participación de los miembros de la Fuerza Pública y la Policía. 

SEMANA.: Pero ustedes quedaron bajo un modelo diferenciado, ¿no?

J. R.: Esa fue la primera preocupación y por eso hicimos una serie de observaciones. Por disposición del Gobierno, en ese momento, entre los Ministerios de Defensa y Justicia, se acordó un tratamiento especial diferenciado para nosotros. Una propuesta basada en todos los protocolos de justicia transicional. Se dio a conocer y fue bien recibida. Lo que nos intrigaba a partir de ese momento no era tanto el qué sino el cómo y quién lo iba a aplicar.  

SEMANA.: Pero los magistrados quedaron en manos de prestigiosos organismos internacionales...

J. R.: ¿Quiénes nos van a juzgar? y ¿cómo se van a seleccionar los que nos van a juzgar? nos preguntábamos cuando apareció el tribunal especial con sus 51 magistrados. Pero, o sorpresa cuando se acuerda que el Comité de Escogencia es definido por cinco organismos y tres de ellos de afuera. Dentro de los escogidos apareció un español muy relacionado con ETA, un peruano cercano al Sendero Luminoso y un argentino a Los Montoneros.

SEMANA.: ¿Se reunieron con ellos?

J. R.: Sí, hicimos una serie de críticas y llegó una invitación a Acore enviada por el Comité de Escogencia. Asistí a esa reunión privada y les dije: ‘ustedes no nos generan confianza por el perfil que tienen‘. Claudia Vacca, por lo menos conoce el conflicto colombiano, por eso le pedimos que nos diera las garantías suficientes de imparcialidad para que todo funcione. José Francisco Acuña no estuvo presente. Nos dijeron, vamos a ser totalmente imparciales para darles esa confianza que reclaman. 

SEMANA.: Entonces, ¿cuál fue la primera impresión que les dejó la selección de los magistrados?

J. R.: De los 51, escasamente cuatro nos generan confianza por su trayectoria y perfil. Dos de ellos trabajaron en la Justicia Penal Militar. Otra, en la Defensoría Militar y un tercero en la Fiscalía en la Unidad de Análisis y Contexto donde asumió posturas muy firmes y profesionales. Inspiran respeto. De resto, ninguno nos da suficientes garantías. Ninguno. Conocemos la trayectoria de algunos y las posiciones que han asumido en contra de las Fuerzas Militares. Muchos son desconocidos. Están relacionados con colectivos de abogados, ONG que han asumido una posición de ataque constante y permanente a miembros de la fuerza pública.

SEMANA.: Si uno se fija en los miembros del nuevo tribunal, intentaron darle gusto a todo el mundo, ¿no cree?

J. R.: No. llegamos a la conclusión de que bajo esas circunstancias nos va a juzgar el enemigo. Esa ha sido la gran preocupación que se acentuó cuando se dio a conocer la presidenta del tribunal omnipotente. Porque tienen muchas facultades. Es una jurisdicción que tiene la facultad de autorregularse, de crear sus propias normas, de no rendir cuentas porque no hay quién pueda vigilar las actuaciones de ellos. No hay quién. No admitieron a la Procuraduría.

SEMANA.: ¿Qué fue lo que no les gustó de la primera presidenta del tribunal, Patricia Linares?

J. R.: Horas después del anuncio, la doctora Linares salió a dar unas declaraciones a Yamit Amat. Ella se refiere a un tema que ha sido muy preocupante para nosotros y que nos ha hecho mucho daño: los mal llamados falsos positivos. Ella entró fijando posiciones. Con claridad dijo: ‘mi condición de presidenta me faculta para tomar las determinaciones que se consideren necesarias en cuanto a la aplicación o no‘. También manifestó que para efecto de esas decisiones cada caso se estudiará para tomar la determinación de seguir en la jurisdicción especial. Pero, ¿qué pasa? Eso ya está resuelto y la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció al respecto. Todas estas conductas -mal llamadas falsos positivos- entran en la JEP. Es una decisión del Estado y de la Rama Judicial. Ella lo pone en duda, quién va a resolver entra a cuestionar. Entonces, qué garantías nos da esta justicia. 

SEMANA.: Y... ¿los otros nombres?

J. R.: Hay una cantidad de nombres desconocidos que no se pueden ubicar. Pero resulta que esos desconocidos, en su mayor parte, según hemos podido averiguar, son los que tienen vínculos con ONG defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo y el Cinep. Es decir, toda la extrema izquierda radical de este país. También está Dejusticia que ha sido la líder en que todo lo que tiene que ver con actuaciones de los militares para que se juzgue bajo el Artículo 28 del Estatuto de Roma. 

SEMANA.: ¿Qué les dicen del Gobierno?

J. R.: El jefe del Estado, el ministro de Defensa y  el ministro de Justicia han dicho en sus intervenciones públicas que para la Fuerza Pública había seguridad jurídica y blindaje. Pero no está por ningún lado. Sencillamente, nos engañaron.  La semana pasada hicimos una reunión extraordinaria con el que se tomó la decisión de ir al Congreso a pedirle a quienes integran las comisiones primeras que definan cinco puntos claves para nosotros en el trámite de la Ley Estatutaria. 

SEMANA.: ¿Qué es lo que ustedes piden que se reglamente respecto a la JEP en la Ley Estatutaria?

J. R.: 1) La aplicación estricta de todo lo acordado en cuanto al tratamiento simétrico, diferenciado, equitativo, equilibrado y simultáneo. 2) Los beneficios penales de que pueden ser objeto según lo determinado por la Corte Suprema de Justicia en relación con los mal llamados falsos positivos. 3) Garantías procesales frente al sesgo político que pueda utilizarse en aquellos casos que sean conocidos por magistrados que están siendo custodiados por sus posiciones ideológicas en favor de la extrema izquierda radical. 4) Las funciones y atribuciones de los magistrados del Tribunal de Paz en cuanto a la debida interpretación y tipificación de todas las conductas penales bajo su competencia. 5) La prevalencia del código penal colombiano. 

SEMANA.: ¿Qué les preocupa?

J. R.: Si esto no se garantiza plenamente -como inicialmente se dijo- es parte de la guerra jurídica que estamos enfrentando. La misma en la que hemos sido derrotados todo el tiempo y donde tenemos militares y policías presos por actuaciones muy cuestionables de la justicia ordinaria que no tiene pruebas suficientes, verdad jurídica y donde se ha visto una cantidad de montajes contra de la fuerza pública. Si esto no se resuelve pronto, van a tener unas Fuerzas Militares y de Policía desmoralizadas. 

SEMANA.: Bajo ese contexto que usted plantea, ¿cómo explicar que el general Rito Alejo del Río y demás militares hayan decidido postular sus casos a la JEP?

J. R.: Cuáles son las opciones que existen: la Justicia Penal Militar desapareció y la justicia ordinaria, que es donde están todos, muchos se quejan por falsas pruebas, testimonios y procedimientos irregulares. En su momento el uribismo presentó la propuesta de crear una Sala especial en la Corte Suprema, pero eso no pasó. Eso lo calificaron como autoamnistías o autoindultos. Finalmente, ¿qué tenemos? Debemos entrar en el contexto de por causa del conflicto, si hay un tratamiento especial, y por eso es que tenemos la JEP. Eso sí, en sacos diferentes que era lo que se nos estaba ofreciendo. No estoy hablando en su nombre, pero dígame, ¿qué escojo? La mejor opción es la JEP. Salgo de la ordinaria porque me han tratado mal y la militar no ya no existe. Claro, muchos se acogen en la medida de que se tengan en cuenta todas las observaciones. 

SEMANA.: Explíquese...

J. R.: Si yo soy Rito Alejo del Río y estoy en manos de la justicia ordinaria, ¿qué está pasando con mi caso? Me acusan del asesinato de una persona en Chocó. Esto, no hecho por las tropas a mi mando sino por unos paramilitares. Una declaración que le tomaron a uno de ellos donde decía que el general, que era el comandante de la zona, sabía de las actuaciones que ellos estaban haciendo. Entonces lo involucran y le dan esa responsabilidad. Pruebas no se ha presentado ninguna. El mismo paramilitar que lo denunció, tuvo que retractarse porque no podía comprobar lo que decía. Sin embargo, ahí está el proceso. Si me quedo en la justicia ordinaria ahí me van a tener, entonce me voy para la JEP a seguir defendiéndome pero libre. 

SEMANA.: ¿Cómo les ha ido en la justicia ordinaria?

J. R.: Hay muchos militares y policías que se encuentran subjudice por cualquier circunstancia en razón del conflicto. Al principio, teníamos la Justicia Penal Militar, eran nuestros jueces naturales, los que conocen las circunstancias del combate, quienes tomaban las decisiones acorde con la decisión de cada caso que se presentaba. Eso lo perdimos y lo cogió la justicia ordinaria donde había personas que no tenían idea del Derecho Internacional Humanitario y las circunstancias del combate. Ahí comenzaron los fallos equivocados. La situación es tal, que hay cifras de alrededor de 15.000 miembros del Ejército vinculados penalmente a procesos. Cuando uno se va a cada caso, resulta que el procedimiento que sigue la Fiscalía fue dictar medidas de aseguramiento o iniciar procesos de tipo penal contra toda una patrulla, pelotón o compañía que son 150 hombres. Tener 15.000 hombres en situación subjudice es preocupante y desmoralizante.

SEMANA.: La discusión del artículo 20 del Estatuto de Roma, ¿ya quedó resuelta?

J. R.: Ese artículo dice que todo comandante está en la obligación de saber de las actuaciones de sus subalteranos. Claro, uno debe conocerlas y es su obligación. Pero, si no lo sabe, debería haber sabido. Ese es el veneno. Si hablamos del primer caso hay que demostrar que penalmente usted debía saber. Pero si uno dice: ‘no, no supe‘, esto, ya sea por la circunstancias porque no tenía la capacidad de control efectivo. Dira uno de estos 51 magistrados: bueno muy bien coronel o general no se le ha probado nada pero, usted debería haber sabido por esa conducta. 

SEMANA.: Eso fue lo que quedó resuelto en la Fe de Erratas que se firmó minutos antes de la presentación del acuerdo final en el Teatro Colón, ¿no?

J. R.: Sí, estuvieron los mandos y generales que nos represetnaban. Se discutió el tema. Se dijo que había cosas que corregir y el presidente dijo: ‘hagamos una cosa, un acta donde todo esto quede como constancia y en la JEP (Acto Legislativo) se hacen las actuaciones correspondientes. Pero nada de lo que se firmó en la fe de erratas entró. Ese es otro engaño más. Ahora viene el pronunciamiento del tribunal, la selección de los magistrados y ponen a escoger a tres extranjeros vinculados con grupos terroristas, ¿qué garantías tenemos?

SEMANA.: ¿Sus reparos han tenido eco en el Congreso?

J. R.: Le voy a hablar de personas y con eso se entiende el tema de las bancadas. Hay buen entendimiento con el representante Rodrigo Lara (Cambio Radical), que nos ayudó a meter el tema del derecho operacional. Era importante tenerlo a la hora de los procesos que se adelanten contra miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, hay un problema. El derecho operacional como tal no existe. Lo que hay son reglas operacionales como reglamentos y protocolos. El tema entró pero quedó condicionado: ‘siempre y cuando tengan respaldo de ley‘.

SEMANA.: Explíquese...

J. R.: Si yo soy un piloto de combate y me dan una misión de bombardeo, un blanco legítimo y cumplo la misión. Eso podrá traer efectos colaterales y en el operativo mueren unos campesinos que estaban cerca al sitio. El DIH contempla esas situaciones y no le generan responsabilidad al piloto. Si no hay intensión de dolo no hay delito. Pero si uno llega donde estos magistrados y dicen: aquí qué pasó. Vea yo procedí de acuerdo al reglamento y las reglas operacionales. Él me dirá: qué ley de la República sustenta ese reglamento. Como no hay, responderá: lo siento señor piloto aquí hay un procedimiento irregular y usted cometió un delito.

SEMANA.: ¿Con quién más han hablado?

J. R.: Con todo el mundo. Del Partido de la U, con Hernán Penagos el ponente de la Ley Estatutaria. 

SEMANA.: ¿El fiscal también ha sido un interlocutor?

J. R.: Yo me reuní con él antes de que lo eligieran, cuando apenas estaba sonando. Fue una charla de pocos minutos, un tinto y no más. 

SEMANA.: ¿Quién más los respalda?

J. R.: Estamos solos. El presidente no nos contesta y el ministro no es nuestro interlocutor. En este momento la única garantía es que los congresistas se pronuncien en favor de los militares y policías. Si esto no se arregla y no se modifica nos va a juzgar el enemigo. Cuando a uno lo juzga el enemigo, no tiene garantías de ninguna especie.

SEMANA.: Con toda la incertidumbre que sienten, ¿les cae bien que el proceso ande lento?

J. R.: El Congreso es el último recurso para que atiendan nuestras posiciones. Son tres debates y este es el primero, dos más y lo que quedó, quedó. Si hay que cambiar toca esperar que el próximo gobierno no sea el de transición que propone Timochenko con toda la alianza de la extrema izquierda. Si no hay un gobierno distinto eso va a seguir. 

SEMANA.: ¿Las elecciones del 2018 son el as bajo la manga?

J. R.: Hay que ver con quién hay que votar para que no nos toque el gobierno de transición que propone Timochenko.