La Colosa: se enciende el debate sobre la gran minería

El 2 de octubre Ibagué se convertirá en la primera ciudad del país en decidir, a través de una consulta popular, si quiere o no minería en su territorio. El alcalde de esta población, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el impulsor de la iniciativa. Su principal argumento es que proyectos como la mina a cielo abierto La Colosa, que pretende extraer unos 33 millones de onzas de oro, son una amenaza para los recursos hídricos de la región.

Los habitantes de Ibagué se preparan para tomar una decisión. Y en medio de ese clima de expectativa se conoció un informe del grupo de investigación TERRAE, conformado por ingenieros y geólogos, en el que se analizan las “amenazas socioambientales” del proyecto La Colosa, de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti (AGA).

Aunque el proyecto se encuentra en etapa de exploración y sólo en el 2020 entraría a fase de explotación si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le da su aval, los investigadores aseguran que ya es posible prever las amenazas. Y una de ellas, como lo teme el alcalde Jaramillo, es la calidad y la disponibilidad del agua.

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El informe señala que desde la fase exploratoria, que implica actividades de perforación y remoción de vegetación, “existe deterioro en las aguas localizadas en el área de influencia del proyecto La Colosa por aumento de algunos elementos químicos”. Una de esas sustancias es el bario, que, según los investigadores, podría estar relacionado con las perforaciones.

Sobre la calidad del agua también se dice que “existen indicadores de contaminación biológica aguas abajo del área de exploración minera”. A esto, AngloGold respondió que “la calidad del agua es un problema en la región”, y advirtió que el 93 % de las aguas residuales de Ibagué “llegan a los ríos sin tratamiento”. También desestimaron que su proyecto “aporte sustancias contaminantes”.

La disponibilidad del agua es otro de los grandes interrogantes. Actualmente AngloGold utiliza cuatro litros de agua por segundo en las labores de exploración. En la fase de explotación la multinacional estima que usará 350 litros de agua por segundo, aunque afirman que el 80 % de esa agua “será recirculada”. Según los cálculos de TERRAE, esta cantidad de agua podría abastecer hasta 67.200 habitantes por día.

El informe también señala que la explotación de La Colosa va a implicar una generación enorme de residuos (o relaves), que deben ser almacenados en una presa. Según los investigadores este lugar, que acumulará el lodo tóxico que forman los residuos, se puede convertir en una “bomba de tiempo” si se tiene en cuenta la altura en la que está ubicado el proyecto. Y hay otro ingrediente: esta es una zona de alta actividad sísmica, atravesada por la falla geológica de Palestina.

Para dimensionar el tamaño que tendrá esa piscina de desechos, basta hacer el siguiente cálculo. Se estima que la concentración de oro de este yacimiento es cercana a 0,8 gramos por cada tonelada de roca. Es decir, para extraer un solo gramo de oro se generarán por lo menos 1,2 toneladas de desecho de roca.

“Teniendo en cuenta que la cantidad total de oro reportado por la empresa en el yacimiento es de 33,1 millones de onzas (1.030,9 millones de gramos), la eventual extracción del total de oro requiriría la voladura de 1.257,2 millones de toneladas de roca mineralizada”, señala el informe.

AngloGold reconoció que los alcances de la falla de Palestina “se están estudiando y los resultados se tendrán en las siguientes fases de ingeniería del proyecto”. Además recalcó que los detalles de funcionamiento de la mina sólo se conocerán en el 2020. Ese año la misma AngloGold le presentará a la ANLA un estudio de impacto ambiental, para que esta entidad autorice o no la licencia ambiental que necesita la empresa para entrar a la etapa de explotación.

Y ese, precisamente, es uno de los mayores vacíos de la legislación minera en Colombia, en palabras de Juan Camilo Cárdenas, doctor en Economía y profesor de la Universidad de los Andes. “Los estudios de impacto ambiental son contratados por las mismas empresas que solicitan la licencia”, aseguró. Y en ese sentido, es muy difícil garantizar objetividad en la información que entregan.

Aunque el trabajo de la autoridad ambiental (ANLA) es analizar esa información al detalle, según Cárdenas, esos estudios “no están siendo evaluados con la rigurosidad científica que uno quisiera”.

Cuando Semana.com consultó a la AngloGold Asahanti sobre estos temas, su primera respuesta fue desacreditar a los realizadores del informe. “Consideramos desatinado que un ‘grupo investigador’ se dedique a señalar potenciales problemas eludiendo o desconociendo las posibles soluciones de prevención, mitigación o compensación”.

Además afirmaron que se trataba de “una presentación sesgada y poco objetiva”. Y que el grupo de investigación TERRAE no está reconocido por Colciencias. Los seis investigadores que conforman este colectivo aseguran que ya están inscritos en Colciencias y se encuentran en proceso de ser reconocidos por esta institución.

Los miembros de TERRAE son profesionales que tienen una carrera reconocida en investigaciones sobre minería. En el 2010 participaron en los estudios del Ministerio de Ambiente y el Ideam para definir las zonas compatibles con minería en la sabana de Bogotá. Y como grupo investigador han sido requeridos por la Corte Constitucional para dar su concepto técnico en demandas sobre contaminación por minería. Según el profesor Juan Camilo Cárdenas, esta es una muestra “de los niveles de desconfianza que existen hoy entre el sector minero y la academia. Esto le ha hecho mucho daño al país. Se ha perdido la confianza en los estudios académicos, en la evidencia empírica”.

El objetivo de este informe, según TERRAE, es entregar “un insumo de utilidad para las discusiones políticas y jurídicas” que se están dando alrededor de la consulta popular que se celebrará en Ibagué.

Sin duda, en esa ciudad la minería es hoy uno de los principales temas de discusión. Renzo Alexánder García, vocero del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, aseguró que la consulta popular les permitirá defender el derecho colectivo al ambiente sano. En sus palabras, este derecho “es superior y debe estar primero que los intereses de las empresas mineras”.

Sobre el proyecto La Colosa, García reconoció que si bien el mayor impacto será para Cajamarca, “los títulos mineros de Anglogold Ashanti cobijan extensas áreas de Ibagué”. Y recalcó que este “y en general los proyectos mineros contaminantes a cielo abierto de lixiviación con cianuro” son una amenaza para su ecosistema y sus cuencas hídricas.

La organización social que él representa estima que para junio del 2016 el 53 % del territorio de Ibagué tenía títulos mineros concedidos o solicitados. “Es decir, 18 veces más de lo que es el casco urbano de la ciudad”. Gladys Gutiérrez Upegui, jefe jurídica de la Alcaldía de Ibagué, aseguró que la consulta propular les permitirá a los ciudadanos “ponerle control” a esa situación.

Los habitantes de Ibagué decidirán, así como lo hizo Piedras (Tolima) en el 2014, si quieren que en su tierra se realice gran minería. La discusión está abierta. Y en el caso específico de La Colosa, este tipo de debates son más que necesarios.

Si la autoridad ambiental le da su aval en el 2020, este se convertirá en el proyecto más grande de minería de oro a cielo abierto del país y en el segundo más grande del mundo a cargo de la AngloGold Ashanti.