La metida de pata del fiscal Montealegre

Pocas veces las declaraciones de un funcionario sorprenden de igual modo a santistas y uribistas. Y eso fue precisamente lo que pasó la noche del lunes con las afirmaciones de Eduardo Montealegre. El fiscal aseguró que el expresidente Álvaro Uribe podía ser juzgado en el Tribunal Especial que se creará para el proceso de paz.

Montealegre fue más allá y explicó que “todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador Álvaro Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva jurisdicción especial de paz” y aclaró, sin embargo, que “los actos cometidos como presiente de la República seguirán en el Congreso".

Sus declaraciones cayeron muy mal. Los primeros que reaccionaron fueron los mismos uribistas. El expresidente aseguró que "le van a entregar el país a las FARC, van a hacer este daño por meterme a mí a la cárcel… esa es la paz imperfecta que están buscando. ¡Valiente gracia!" 

El ex vicepresidente Francisco Santos, quien también fue mencionado por Montealegre, fue más allá y señaló que “si fuera por el fiscal, estaríamos todos en la cárcel”. Los demás militantes de esa colectividad también acompañaron las críticas. Juan Lozano lanzó una pregunta: “¿De manera, doctor De la Calle, que el acuerdo de paz era para no encarcelar a las FARC mientras juzgan a Álvaro Uribe?” Y el senador Ernesto Macías aseguró “cuando el fiscal Montealegre habla de Álvaro Uribe y del Centro Democrático no emite conceptos, sino diatribas y descargas de su odio visceral”.

Rápidamente fue evidente que las declaraciones del fiscal no hacían parte del acuerdo firmado en La Habana, sino de su interpretación personal. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien se pronunció en ese sentido, explicó que  “jamás se pensó que los expresidentes tuvieran que acudir a ese tribunal” y agregó que esas salidas “terminan haciéndole daño al proceso”.

Entre quienes creen en el proceso de paz, las afirmaciones de Montealegre molestan tanto como en el uribismo. Por un lado, porque evidentemente no es verdad que el proceso de paz con las FARC tenga como fin llevar a un tribunal al expresidente Uribe o a cualquier otro.

Abrir esa puerta no sólo es inconveniente políticamente, sino que en un país que ha vivido por décadas el conflicto armado, el narcotráfico y el terrorismo, casi todos los altos funcionario tendrían que comparecer  del mismo modo.

Jurídicamente, el tribunal que se creará para la paz no tendrá como fin revolcar las responsabilidades penales de esos funcionarios, que además gozan de un fuero constitucional. Por el contrario, como ha asegurado Manuel José Cepeda, uno de los negociadores del equipo de justicia, “jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar expresidentes… además dar ese paso requiere una reforma constitucional”.

Muchos interpretaron la salida del fiscal como una metida de pata. Por un lado, porque no le queda bien al líder del ente acusador hacer afirmaciones tan tajantes sobre un grupo político de oposición. Esas frases pueden llegar a justificar la percepción de que esa colectividad vive una persecución de la justicia.

Otros creen que sus declaraciones buscan recuperar el protagonismo que ha perdido en el proceso de paz. Montealegre había sido uno de los principales voceros de la necesidad de tener una justicia transicional con la guerrilla, sin embargo, hasta donde ha trascendido, ni él ni la Fiscalía tendrán ningún papel en lo que viene.

Por el momento, la única forma de vincular a Montealegre al proceso sería nombrarlo como uno de los 20 magistrados de esa nueva jurisdicción. Sin embargo, para un hombre que ha estado en la cabeza de uno de los puestos más poderosos del Estado, con casi 30.000 subalternos, no es muy claro que esta sea una opción atractiva.

Por otro lado, el espacio para estas especulaciones se ha dado pues aunque se hizo el gran anuncio en La Habana, no se ha publicado el texto del acuerdo. Por lo tanto, salvo los negociadores, el Gobierno y las FARC, nadie sabe a ciencia cierta los detalles, el alcance y las implicaciones que tengan los acuerdos que se firmen de justicia.

Lo que es claro es que las declaraciones del fiscal sí pueden herir la confianza en el proceso. Y que su interpretación, al parecer equivocada, le agrega un elemento de confrontación innecesaria a un momento en el que se necesita reconciliación y diálogo.