Refrendación del proceso de paz: ¿sí o no?

Desde el mismo momento en que el presidente Juan Manuel Santos anunció formalmente el inicio de un proceso de paz con las FARC (4 de septiembre del 2012) pareció quedar claro que sería el pueblo colombiano el encargado de aprobar o rechazar los acuerdos que el Gobierno y la guerrilla firmen en La Habana para poner fin al conflicto.

Esa cláusula pareció quedar grabada sobre piedra de mármol como una de las condiciones del proceso de paz. De hecho, el Gobierno se ha preocupado mucho por encontrar la fórmula más viable para que el pueblo se pronuncie, tanto que el año pasado sacó de la manga una ley para permitir que un referendo, una de las tres fórmulas para refrendar los acuerdos (las otras dos son una consulta popular y una Asamblea Constituyente), pudiera coincidir con otras elecciones, todo con el propósito de facilitar la participación ciudadana y su nutrida afluencia a las urnas.

Incluso, las próximas elecciones de autoridades locales y regionales, que se celebrarán a finales de octubre, están rodeadas por la incógnita de sobre si en ellas se podría llevar a cabo dicho referendo. De ser así, el Gobierno y los partidos políticos de su coalición deberán hacer campaña para que los colombianos refrenden el proceso de paz, y tendrán que enfrentarse con los críticos del proceso, como el Centro Democrático, que seguramente harán campaña para que a las FARC no se les den amplias concesiones a cambio de silenciar los fusiles.

El panorama de un mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz no es fácil. El Gobierno lo sabe. Pero uno de sus aliados en estos asuntos de paz, el fiscal general, Eduardo Montealegre, también sacó del sombrero un polémico concepto que pateó el tablero de la participación ciudadana en el proceso de paz. En una larga entrevista en La W, afirmó que no es necesario que los colombianos acudan a las urnas para refrendar los acuerdos de paz.

"Considero que no se requiere, desde el punto de vista legal o el constitucional, la refrendación para celebrar los acuerdos. No hay necesidad de una refrendación popular", dijo Montealegre.

Para el fiscal, los acuerdos entre el Gobierno y las FARC deberán ser incorporados en una ley estatutaria que reglamente el marco para la paz y que modifique algunas normas de la Constitución. Esa ley será asunto del Congreso y deberá ser evaluada por la Corte Constitucional. Es decir, para Montealegre, la paz debe tener el visto bueno del Legislativo y del constitucional, pero no necesariamente de los colombianos, como el presidente Santos lo ha anunciado.

La afirmación del fiscal Montealegre pareció convertirse en una especie de salvavidas para el Gobierno, que había puesto en manos de los colombianos la última palabra frente al proceso de paz. De hecho, no es la primera vez que el fiscal ‘ayuda’ al Gobierno en la materia, pues incluso se ha pronunciado en favor de otorgar indultos condicionados hasta para delitos de lesa humanidad, ha manifestado que el narcotráfico puede ser delito conexo al político y hasta propuso que en lugar de cárcel los guerrilleros paguen con trabajo social.

Y sorprende aún más cuando el país todavía recuerda aquel hecho del 9 de abril del 2013 cuando millones de colombianos salieron a marchar por la paz. Ese día Montealegre se untó de pueblo, salió a las calles de Bogotá con camisa blanca y se plantó frente a la Procuraduría para pedirle a Alejandro Ordóñez que oyera al pueblo y se sumara al proceso de paz. Ahora, Montealegre parece darle la espalda al pueblo.

La pregunta que surge es si el Gobierno, que ha dicho una y mil veces que los acuerdos de paz serán refrendados por los ciudadanos, se echará para atrás atendiendo los conceptos jurídicos del fiscal.

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador oficial, consideró que desde el punto de vista estrictamente jurídico, “el fiscal general tiene razón”. Según De la Calle, un acuerdo con las FARC no tendría que ser necesariamente sometido a refrendación. Sin embargo, aclara que el presidente Santos prefirió acordar con las FARC la refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de confianza en los ciudadanos. “Quiere el presidente que los colombianos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme”.

De la Calle también considera que una refrendación popular “produce una enorme legitimidad que va a ser necesaria para la firmeza y la sostenibilidad de los acuerdos”. Y recordó que será necesaria una discusión con las FARC para escoger el mejor instrumento para la refrendación y la oportunidad que resulte más fructífera. No habló ni de referendo, con que parecía estar jugado el Gobierno, ni de Constituyente, fórmula con la que se han casado las FARC. “Pero el mensaje es claro: el presidente ha estado y sigue firmemente comprometido con una refrendación que permita a cada colombiano expresar su auténtica convicción en el marco de la democracia”.

Las palabras de De la Calle parecen reafirmar el compromiso del presidente de que este proceso de paz y sus eventuales acuerdos no serán a espaldas del país. Sin embargo, el concepto de Montealegre quedará sobre la mesa.