Cascos: La norma del billón de pesos

Los colombianos que usan motocicleta probablemente tendrán que cambiar de casco. El Ministerio de Transporte tiene listo un borrador de una resolución que dará las pautas sobre el modelo y la calidad de este elemento, indispensable para la seguridad de quienes montan en esos aparatos.

La medida llega en una coyuntura necesaria si se tiene en cuenta que las cifras por accidentes en este tipo de vehículos son escándalosas. El crecimiento casi exponencial de su venta, unido a los pocos requisitos y controles a la hora de montarse en una de ellas, las están convirtiendo en uno de los mayores problemas de seguridad vial y del sistema de salud. Solo en 2015 murieron 3.270 motociclistas y hubo 25.226 lesionados, una cifra muy alta, si se tiene en cuenta que en 2001 ese número solo ascendió a 1.356. Según Medicina Legal, los siniestros viales son la segunda causa de muerte violenta en Colombia.

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El impacto que tendrá la nueva resolución es muy alto. En el país ruedan en promedio ocho millones de motos y por lo menos la mitad de esos vehículos transitan con parrillero. Eso quiere decir que de aprobarse la norma, en el país se comercializarían doce millones de cascos cuyo valor promedio unitario sería de cien mil pesos. Se calcula que el mercado de estos elementos podría llegar al billón de pesos.

Desde 1998 las autoridades vienen legislando sobre la materia y se empezó con la adopción de una norma técnica propia que se conoce como NTC 4533. Esa norma, que retoma otra que existía en el Reino Unido, consiste en una serie de parámetros de diseño y calidad que deben cumplir los cascos reglamentarios.

Pero solo hasta 2004 en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y con Andrés Uriel Gallego como ministro de Transporte, sacaron la Resolución 1737 que obligaba el uso de cascos bajo las especificaciones técnicas de la NTC 4533.

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Sin embargo, desde entonces no ha existido poder gubernamental que haga cumplir la norma básicamente por dos razones: por un lado las autoridades locales fueron permisivas a la hora de aplicarla; y por el otro, no existía en Colombia un laboratorio acreditado que hiciera las pruebas técnicas de los cascos bajo la norma técnica 4533.

La nueva resolución implicaría que los motociclistas tendrían que usar cascos con caracteristas técnicas para cada uno de sus componentes y diseños como la visión periférica, el ángulo de la coraza del casco, la apertura del visor, la resistencia de éste a los rasguños, la capacidad de absorción de impactos, su rigidez, sus cualidades mecánicas y hasta valores de potencia refractiva. Y todas esas cualidades técnicas del producto tendrán que ser evaluadas y certificadas por un laboratorio acreditado para tales efectos.

Esas nuevas reglas han generado inquietudes en el gremio que elabora o importa estos productos. Como son tan pocos los empresarios dedicados a la producción y venta de cascos en el país, algunos de ellos creen que la nueva Resolución beneficia puntualmente a uno de los fabricantes, y que es considerado el ´rey de ese mercado´.

Se trata de Ramiro Agudelo Castaño, dueño de Inducascos. La huella de esa fábrica de cascos en el país se viene trazando desde cuando comenzó a comercializar las conocidas ´gorras beisboleras´, pasando por el ´Patrullero´, ´Audi´ y hasta el mítico ´Montoya´, en alusión al piloto colombiano que corrió en la Fórmula Uno.

El señor Agudelo quedó en el radar de sus rivales comerciales desde 2009 cuando acreditó un laboratorio suyo ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, para hacerle pruebas técnicas a los cascos bajo la norma 4533. Esas pruebas son una exigencia de la Ley y en ella queda abierta la posibilidad para que cualquier empresario monte un laborotorio y preste ese servicio, siempre y cuando esté debidamente acreditado ante la ONAC.

Es decir, con esa maniobra el señor Agudelo pasó de ser el mayor productor de cascos a convertirse en el dueño del único laboratorio en Colombia acreditado para evaluar esos productos. Esa situación, sumada a una supuesta cercanía de Agudelo con el ex ministro Gallego, ya fallecido, creó suspicacias entre otros fabricantes e importadores.

En síntesis, sus competidores le cuestionan que siendo productor de cascos, a su vez sea dueño del laboratorio donde los examinan, “ni hablar del conflicto de intereses que surge porque nosotros tenemos que hacer las pruebas de nuestros cascos en la casa del mayor competidor”, explicó Felipe Serrato, ingeniero de Med Cascos.

Frente a esos cuestionamientos, el empresario Ramiro Agudelo le dijo a SEMANA que su empresa es un libro abierto para cualquier escrutinio, negó conocer al ex ministro Gallego y precisó que si bien el laboratorio de pruebas es suyo y de su familia, “los certificados de calidad de los cascos los expiden entidades serias y profesionales como Icontec, SGS; nosotros solo hacemos las pruebas. Y jamás me involucro en asuntos de gobierno y política”, argumentó.

En efecto, la nueva Resolución no está hecha a la medida de Inducascos, pues también permite que importadores traigan esos productos que cumplan con las normas técnicas europeas (ECE) o de Estados Unidos (DOT); es decir no están amarrados al mercado nacional bajo la norma NTC 4533.

¿Qué dice el Ministerio de Transporte?

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya explica que “de ninguna manera quisimos inclinarnos hacia una norma específica como la europea, americana o colombiana; justamente queremos que las tres (normas) funcionen y darles la oportunidad tanto a fabricantes como importadores, que cumplan cualquiera de ellas”.

El funcionario admitió que existe un vacío legal con el caso específico del fabricante que posee el único laboratorio acreditado para evaluar la calidad de los cascos en el país, “digamos que en un principio uno lo que pensaría es que quien certifica y quien revisa, debería ser un laboratorio independiente”.

Maya también recordó la necesidad de una norma que regule la calidad de los cascos para motociclistas, ya que según cifras oficiales que maneja Mintransporte, el año pasado murieron 4.310 personas accidentadas en motos; y en 2015 la cifra fue de 3.816 víctimas fatales. “91 por ciento de los muertos por accidentes de tránsito en motocicletas,, tienen que ver con lesiones cerebrales. De cada diez motociclistas que mueren en accidentes de tránsito, nueve son por lesiones en el cráneo. Eso hace que la medida sea muy importante para lograr una comercialización de cascos seguros”, enfatizó el viceministro.

En cuanto la preocupación tanto de productores e importadores, en el sentido que esta nueva Resolución se quede sin dientes para hacerse cumplir, el funcionario reconoció que “la norma que expidamos, si no hay control en vía pública, pues no dejará de ser una norma que se queda en el papel y no tendrá ningún impacto”.

Aclaró que para evitar que eso pase, desde el Ministerio gestionan para que haya una labor conjunta entre varias entidades, “tiene que haber un trabajo muy articulado, primero con la Dian para que se verifique que los cascos importados cumplan con las normas; la SIC para que haga el control, inspección y vigilancia; y los alcaldes para que vigilen las vías públicas a través de las autoridades de tránsito, que los motociclistas usen el casco reglamentario”.

Finalmente, en torno al impacto que esa nueva norma tendrá en el bolsillo de los colombianos, el viceministro Maya aclaró que “una vez salga la Resolución, no quiere decir que todos los colombianos tienen que salir a comprar todos esos cascos. Habrá una época de transición”.

Y agregó, “no es lo mismo tener un casco para protegerse del comparendo, que tener un casco para proteger su vida. Por supuesto que el costo se puede incrementar y en esa medida los colombianos tendrán que hacer un esfuerzo para adquirir cascos que cumplan con cualquiera de las tres normas”.