Nariño: una intervención necesaria

Nariño no ha tenido un solo día en paz. Sus habitantes se desangran por la violencia. Cadáveres arrojados al río, homicidios, desapariciones, masacres y secuestros marcan la agenda de un departamento que, como pocos, enfrenta el mayor desafío, justo cuando el país intenta superar la violencia.

Su naturaleza es extraña. Los 33.268 kilómetros que engloban el territorio no se pueden ver de la misma manera. Aunque comparten un panorama de instituciones débiles, no en toda la región los asesinatos están disparados y las bandas criminales se pelean el negocio del narcotráfico. Por eso, la fuerza pública alista una ofensiva en todo el borde costero, sin alterar la tranquilidad que siempre ha caracterizado una parte de la región de la que poco se habla: la zona andina.

No se puede buscar la paz con la misma estrategia usada para la guerra. Por eso, después de firmar el acuerdo con las Farc que puso fin a cinco décadas de conflicto, Colombia se replantea la política de defensa y seguridad. Los cambios han llegado en pequeñas dosis, pero desde hace mucho tiempo el país no veía una estrategia como la activada este viernes en Tumaco.

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“Vamos a devolverles la tranquilidad a 425.000 habitantes de 10 municipios del litoral”, sentenció el presidente Juan Manuel Santos, después de presentar a los 9.800 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. Intervendrán en Tumaco, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Barbacoas y Roberto Payán

Se trata de uno de los mayores esfuerzos del gobierno para poner a todas las fuerzas a trabajar juntas y a la par con la institucionalidad. En este caso, 6.000 miembros del Ejército, 2.000 de la Armada, más de 1.000 de la Policía y más de 500 de la Fuerza Aérea se repartirán en 16.000 kilómetros cuadrados que comprenden el punto neurálgico de la violencia. Cada uniformado tendrá 43 personas a su cargo.

Con este cubrimiento empieza la lucha contra el monstruo de mil cabezas que encarnan las bandas criminales asentadas en la región. Solo en Tumaco, las autoridades estiman que hay 14 grupos armados y organizados, sin contar la presencia del ELN. Por eso, esta etapa de replanteamiento le abre la primera puerta al ‘posconflicto armado’. En los primeros diez días se desplomaron las riñas, hurtos, acciones subversivas y homicidios, pero estas cifras todavía no garantizan que los escépticos se convenzan de que la militarización por sí soluciona los problemas.

Defenderse de amenazas imprevisibles y atacar a los que ya están afincados marca la hoja de ruta que seguirá la nueva unidad. Y en ese camino está la desarticulación de todos los eslabones del narcotráfico, pasando por los cultivos industriales y caseros, así como otras rentas ilícitas: minería ilegal y perforación de oleoductos.

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Prueba de fuego

Después de un operativo relámpago en el que las Fuerzas Armadas lograron trasladar a 2.000 hombres a Tumaco en menos de 24 horas, varios habitantes de Nariño empezaron a sentir una encrucijada. Hace mucho tiempo reclamaban ese despliegue militar y policial. La percepción de inseguridad, criminalidad y violencia disparada los tenía tocando esa puerta. Sin embargo, ante las difíciles relaciones que han tenido con la fuerza pública, todavía no están muy convencidos de que sea la mejor fórmula.

El último choque ocurrió hace menos de tres meses cuando un grupo de la Policía Antinarcóticos erradicaba forzosamente los cultivos de coca de la vereda El Tandil, Tumaco. Como los campesinos se opusieron porque querían acogerse a la sustitución, el episodio terminó con siete personas muertas. Aunque por este caso las autoridades imputarán a dos oficiales de la fuerza pública y trasladaron a un puñado más, en Nariño sienten que no tomaron los correctivos necesarios para que un escenario como ese no se repita.

Nunca antes en la historia Colombia había tenido tantas matas de coca como ahora, y en su mayoría están en Tumaco. Según el último informe del Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas), el municipio concentra el 16 por ciento de las hectáreas sembradas en el país: 23.148. Por décadas, guerrillas, paramilitares y bandas criminales han peleado por este puerto nariñense considerado el santuario cocalero de Colombia. Sus numerosos esteros, selvas tupidas y ríos que desembocan en el océano Pacífico lo convierten en la joya de la corona del narcotráfico, y por allí se ven matas de coca de cinco y hasta seis metros de alto que solo es posible tumbar con motosierra.

El narco mueve casi toda la vida del Pacífico nariñense. Es poco realista pensar en que de la noche a la mañana se transforme un territorio que tiene el 80 por ciento de necesidades básicas insatisfechas, como ocurre con cada uno de los municipios donde operará la Fuerza de Tarea Hércules. En estos puntos hay minería ilegal, narcotráfico o convergen las dos. Arrebatar a la comunidad de la cultura de la ilegalidad y quitarle su sustento, cuando es el único mundo que conocen, es un camino solo transitable con la mirada fija en la inversión social. Esta el año pasado alcanzó 85.543 millones de pesos con recursos propios y 856.568 millones con el Sistema General de Participación.

Las carencias en una buena parte de Nariño convergen en el agua potable, la ausencia de alcantarillado, luz y falta de empleo. La región participa el 1,61 por ciento en el PIB nacional, con la agricultura como el eje de la economía departamental. Sin embargo, pierde fuerza ante los problemas de conectividad que entorpecen el transporte y le quitan atractivo empresarial. En cola hay un sinfín de proyectos para cambiarles la cara a la región y a Tumaco como el alcantarillado y una sede de la Universidad del Pacífico, pero eso solo será posible en la medida en que la seguridad alcance niveles aceptables, lo que tomará algo de tiempo, pues se pueden exponer a que saboteen los proyectos de inversión.

Laboratorio de paz

Ya no se trata, como en la época de las Farc, de militares dispersos, sino concentrados en atacar puntos concretos. Aunque muchos han visto la militarización con recelo, los analistas coinciden en que alguien tiene que garantizar el orden territorial. No es fácil, si se tiene en cuenta a los ojos de la comunidad, que la fuerza pública llega a pelear el territorio como otro actor. El abandono que ha sufrido gran parte de la región no permite que perciban a las autoridades como sus defensores. Uno de los principales retos que encara la estrategia es ganar confianza y conquistar el apoyo de la población.

“La estrategia no puede ser pasajera. Se tiene que prolongar y llegar acompañada de proyectos, de al menos educación, salud, empleo y vías. La incursión militar es solo un factor, pues tiene que haber mucha inversión social para poder sacar los territorios adelante”, explicó el analista Carlos Patiño Villa. Como los tres primeros años del posconflicto son cruciales para dar señales de que “algo cambia” en las regiones, el vicepresidente Óscar Naranjo lleva la bandera con la que intenta convencer a los colombianos de que la paz puede ser sostenible.

Por esa razón, en lugares duramente afectados por la guerra, donde reina la desconfianza sobre el Estado, Naranjo empezó a construir confianza sobre 3 pilares: el diálogo franco, la transparencia y las acciones concretas. Con ese esquema se ha reunido con las comunidades en 9 ocasiones en las que adelantó 59 actividades que le permitieron encontrarse con cerca de 5.100 personas, entre ellos más de 600 líderes y autoridades locales. Impulsar un Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia es el as bajo la manga que ha venido empleando para articular a las instituciones del Estado en torno a un proyecto, en el que históricamente habían tenido poca presencia.

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Está en juego el reto de la institucionalidad para acabar con la criminalidad. De ese modo las autoridades en Nariño explican por qué la crisis vivida en el Pacífico nariñense no se replica en la misma medida en la zona andina. De hecho, el 70 por ciento de los hechos violentos cometidos en la región ocurren en la costa, que ha tenido una presencia del Estado más débil.

“El Ejército es muy bueno para construir infraestructura rápidamente como puentes militares. Tienen una capacidad de reacción rápida. Ellos pueden ser eficientes en proveer bienes públicos a las comunidades. La estrategia debe ir en las dos direcciones y eso acercará la gente al Estado, aumentará la confianza”. Y si se tiene a los bandas criminales a raya, se abre la puerta para poner a andar la paz territorial, manifestó Hernando Zuleta, profesor de economía de la Universidad de los Andes.

Durante décadas, el Estado combatió al narcotráfico. Han caído centenares de capos. Sin embargo, como nunca antes el Estado se prepara para arrebatarles a las organizaciones criminales el Pacífico nariñense. En una Colombia sin Farc se escribe otro capítulo de la lucha contra las drogas. Las fórmulas viejas no sirven y el reto es conjugar el pie de fuerza con la conquista estatal que estaba en mora de llegar al país rural. Por eso dicen en estos días en Tumaco: “Bienvenidos los soldados si detrás de ellos vienen los tractores”.