Las otras pruebas contra Natalia Springer

Este viernes Semana.com reveló en exclusiva un documento de interventoría que calificó como “una vergüenza” el primer informe que la firma de la polémica Natalia Springer presentó ante la Fiscalía en un contrato suscrito por 895 millones de pesos, en el que, según dice el documento, plagió datos y no cumplió con lo estipulado.

La razón de todo este escándalo tiene que ver con multimillonarios contratos que suman más de 4.000 millones de pesos entregados ‘a dedo’ por la entidad para que ella, a través de sus empresas, realizara una serie de estudios y análisis sobre diferentes temas para la Fiscalía.

Al ya escandaloso caso que tiene en el ‘ojo del huracán’ al jefe del ente investigador, Luis Eduardo Montealegre, le siguen saliendo denuncias.

Este viernes el reconocido programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, reveló algo mucho más preocupante. Según las pruebas obtenidas por el programa, el fiscal general le pidió a César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, la entrega a Natalia Springer de bases de datos de información de análisis relacionado con el conflicto armado en Colombia.

“Los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la Ley y se puedan develar los contextos y las causas y los motivos del mismo”, argumento Montealegre en la solicitud.

El jefe del ente acusador fue más allá y amparado en la Ley 938 de 2004 y en la Ley 975 de 2005, pidió que la información suministrada quedara en poder de Natalia, ya que figuraba como una funcionaria adscrita al despacho del jefe del ente acusador.

“La doctora Natalia Springer, adscrita a este despacho, y su grupo de investigadores estarán atentos para compartirle el valor agregado de la investigación que tenga valor académico como resultado del análisis a profundidad del insumo que usted ha construido, así como la ayuda proporcionada”, argumentó el fiscal Montealegre.

De acuerdo con lo dicho en el espacio radial, la información pedida por el fiscal fue la que usó Springer para cumplir con los millonarios contratos que ella desarrollaba en la entidad. Lo más curioso del asunto -por decir lo menos- es que el fiscal asegure que Natalia era una asesora adscrita a su despacho. Todo para conseguirle el insumo que ella necesitaba y con ello tratar de cumplir con los contratos.

Todas estas anomalías se suman a lo revelado por Semana.com este viernes. Este portal dio a conocer uno de los informes de los interventores del primer contrato por 895 millones de pesos firmado el 10 de septiembre del 2013, que deja muy mal paradas a Natalia y a la propia Fiscalía.

El contrato parece hecho a la medida de Natalia y su empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S. Para empezar, tenía por objeto “prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento y apoyo jurídico y técnico especializado al señor fiscal general de la nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”.

Pero en la tercera página de las 13 aparecen varias curiosidades. Una de ellas es que, como algo inusual en la contratación pública, la Fiscalía transcribe la hoja de vida que les pasó Natalia a quien califica como “una reconocida politóloga PHD… con más de 10 años de experiencia”.

Allí se explica que los documentos que ella entregó “resultan suficientes para demostrar la idoneidad de la firma”. Una firma que se constituyó el 3 de junio del 2011, es decir, dos años antes de la firma del contrato, que exigía “persona jurídica fundación o asociación de mínimo 10 años…”.

Como esto no se cumplía, se crea un salvavidas que permite la ejecución del contrato. “La experiencia de la persona jurídica se podrá conmutar con la de los socios cuando ella (la firma) no cuente con más de tres años de constituida”.

Y para rematar, el informe de interventoría fue claro en señalar que el trabajo que Natalia entregó para recibir la primera parte del pago de ese contrato, sencillamente no cumplía los parámetros para los que fue contratada.

Este fue tan solo el primero de una larga lista de contratos que le fueron asignados a la politóloga. El último de ellos para hacer un análisis sobre el ELN y las bandas criminales. Todos, por la nada despreciable suma de más de 4.000 millones de pesos. Ahora le corresponde a la Fiscalía despejar los interrogantes que ha generado este escandaloso episodio.