El otro incumplimiento de Natalia Springer

En los últimos días, en algunas dependencias de la Fiscalía se comentaba en voz baja que la polémica analista Natalia Springer no había cumplido a carta cabal con el contrato 253 del 3 de julio del 2015, en el que se comprometió a prestar sus servicios de asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico al fiscal general, Eduardo Montealegre.

Se trata de uno de los tres contratos obtenidos con el ente acusador para las investigaciones de los crímenes cometidos por el ELN y las bandas criminales (bacrim) en el marco del conflicto armado de Colombia, el cual estaba cuantificado en la tan cuestionada suma de 3.085 millones de pesos.

Se trata de la contratación que causó un verdadero escándalo porque muchos expertos, contrario a lo que ha dicho la Fiscalía, advierten que la metodología empleada no era tan novedosa , como lo hizo ver la propia Springer.

Según las cláusulas del contrato, la politóloga debió entregar la fase final del trabajo el pasado 31 de diciembre del 2015, pero a febrero 8 del 2016 Springer no lo ha hecho. Semana.com quiso conocer de primera mano esta situación con funcionarios de la Fiscalía quienes, en efecto, confirmaron las versiones.

Según informó un alto funcionario, a Springer se le otorgó una prórroga hasta el 29 de febrero del 2016 para la entrega final del reporte, “la firma ya hizo entrega de dos fases del estudio y está pendiente la última”, dijo. Es decir, Springer, en principio, no cumplió lo pactado en el contrato.

En la primera entrega la analista presentó el estudio metodológico para la investigación por el que recibió una suma de 617 millones de pesos, el segundo pago fue por 925 millones de pesos por la entrega del documento preliminar sobre los crímenes cometidos por el ELN y las bacrim.

El tercer informe, según las fuentes consultadas, no se entregó debido a que “se detectaron retrasos en la consecución y el procesamiento de la información a otorgada por la Fiscalía”.

¿Qué debe tener el informe final? Según el contrato en poder de este portal, el resultado de esta investigación dará las bases para el procesamiento de los miembros de los grupos ilegales ELN y bacrim.

En el caso del ELN, la firma de Natalia Springer deberá presentar un documento por los crímenes de guerra así: reclutamiento de niños, violencia sexual y ataques a la infraestructura. Esto último (ataques a la infraestructura) fue lo que ella presentó en una visita a Estados Unidos, junto al fiscal general en un conversatorio en el Diálogo Interamericano de Estados Unidos.

En el caso de las bandas criminales se tiene proyectado un estudio sobre las tres organizaciones de más alto impacto en el país en el marco del conflicto armado: ubicación, identificación, verificación y entrevista con víctimas.

Este informe final, por el cual está pendiente un pago de 1.542 millones de pesos, deberá ser publicado en versiones digitales e impresas, en español e inglés, para ser socializados con todos los funcionarios del ente acusador y la ciudadanía en general para consulta jurídica y académica.

Mientras ella cumple con el trabajo pactado, la Procuraduría prometió investigar a fondo todos esos contratos. Pero mientras se espera que ese proceso dé frutos, ella posiblemente tiene a su favor que el único interventor de su trabajo es un funcionario de la Fiscalía: no un experto en su metodología, sino un jefe de sistemas.

No es la primera vez que Natalia incumple con sus trabajos en la Fiscalía. Como lo reveló Semana.com en septiembre pasado una interventora de la entidad le devolvió el primer trabajo que presentó porque no se ajustaba a lo pactado en el contrato.

“Una vez revisado el informe (Secuestro en Colombia) se observa que este no cumple con lo estipulado en la cláusula (tercera). En la primera entrega se debía incluir los formatos establecidos para la compilación, recolección de datos y establecimiento de criterios de análisis de información. (…) Se nota cómo la firma contratista no anexó al documento formatos referidos por lo que es imposible evidenciar cuáles instrumentos fueron diseñados, utilizados y analizados para construir el informe”, dice el documento.

La interventoría cuestionó contundentemente el origen de muchos de los datos que utilizó Natalia en su investigación sobre el secuestro.