EXTRADICIÓN

Moreno vs. Pinilla: ¿quién se montará primero al avión de la DEA?

Abogados de grandes capos han pasado por el pabellón de extraditables de La Picota visitando al exfiscal y a su abogado. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa la corrupción en Colombia?

17 de julio de 2017
| Foto: SEMANA

Una tensa calma rodeó la semana pasada los pasillos del pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, donde están recluidos el exfiscal Gustavo Moreno y quien fuera su abogado, el jurista Leonardo Pinilla. De manera inusitada ambos terminaron en menos de tres meses con sendas solicitudes de extradición para que respondan por un acto de corrupción cometido en Estados Unidos, en un hecho que marca un antes y un después en el mecanismo de cooperación número uno con ese país.

Como todo evento desconocido, el caso generó escándalo, dudas y ahora interrogantes. El principal gira alrededor de cuál puede ser el interés de Estados Unidos en abogados involucrados en casos de corrupción. La respuesta es la llave que ambos abogados se juegan para abrir la puerta de una negociación.

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La atención de ese país hasta ahora se concentra en las fortunas de los grandes capos del narcotráfico, en parte conseguidos con el dinero de la droga que esparcían por Estados Unidos. En consecuencia, las rebajas sustanciales de pena solo se logran con la entrega de millonarios capitales y la entrega de información que lleve a otros peces grandes activos en el negocio.

Fuentes oficiales confirmaron a SEMANA que Estados Unidos le tiene sin cuidado si Colombia es un país corrupto. "La corrupción no nos importa, es un problema de ustedes", dijo un alto funcionario de ese gobierno en una reunión sostenida recientemente en Colombia.

Entre tanto, las entrevistas y el desfile de abogados en La Picota continuan. El jueves de la semana pasada, al pabellón de extraditables llegó Ricardo Pineda, un abogado de la Universidad Nacional que trabaja para la exfiscal Bonny Klapper, hoy abogada de grandes capos. El viernes también habría llegado el abogado Rubén Oliva, defensor de narcotraficantes de la talla de Daniel ‘El Loco‘ Barrera y de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba.

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Se espera que esta semana sea Klapper, quien ha defendido a mafiosos de la talla de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño y del jefe de la Oficina de Envigado, Valenciano o a Dolly Cifuentes Villa, la que visite en persona a Moreno en prisión.

Sin duda alguna, los nombres de estos abogados están asociados a los grandes de la mafia. Su interés solo ha estado concentrado en los narcotraficantes por lo que la pregunta del millón es: ¿con qué propósito vienen a Colombia a ofrecer sus servicios a un exfiscal como Moreno, en una defensa tan onerosa? En el mundo del derecho se dice que no aceptan un caso por menos de 1 millón de dólares, sin embargo, en el caso del exfiscal anticorrupción podrían terminar asumiendo su defensa de manera gratuita.

La respuesta más lógica apunta al factor narcotráfico. Y en este orden de ideas, el nombre de Moreno, que se mostraba como un brillante abogado de reconocidas personalidades, no era nada nuevo para los organismos de inteligencia del Estado. Gustavo Moreno fue asesor de varios parapolíticos que eran seguidos de cerca por sus nexos con negocios de drogas. Entre estos está un exsenador de la costa y un empresario cartagenero. Estos casos tienen un factor común: millonarias inversiones en el extranjero que no han podido ser del todo rastreadas por la justicia estadounidense.

Por lo pronto, el exfiscal Moreno pareciera tener definido que se acogerá a un trámite de extradición exprés que lo pondría en cuestión de meses en un vuelo directo a la Corte del Distrito Sur de La Florida. En Colombia, en una fallida audiencia de aceptación de cargos, Moreno terminó por torpedearse a sí mismo, en el proceso por concusión y utilización indebida de información reservada, que se tramita en Colombia. Una denuncia que hizo durante la diligencia por supuestas amenazas por parte de la Fiscalía, le terminó costando la posibilidad de rebajar hasta el 50 por ciento de la pena.

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En el caso de Pinilla, el acercamiento se ha intentado por el lado de Humberto Domínguez, también experto en negociaciones con la justicia estadounidense en casos como el de Víctor Patiño Fómeque, o William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela. Sin embargo, como abogado a la sombra de Moreno o "carlanchín" de Alejandro Lyons -como le dice Moreno-, Pinilla parece estar más esperando las instrucciones que se impartan desde arriba, a tener una estrategia de negociación que le permita reducir sustancialmente una pena en Estados Unidos que puede llegar hasta los 20 años de cárcel.

En su caso en Colombia alcanzó a pedir pista en la Fiscalía para realizar un interrogatorio a través del abogado Ernesto Santos, el miércoles pasado se negó a salir de La Picota y no asistió a la audiencia de imputación de cargos que tenía programada. En la diligencia Santos explicó que no le fue concedido poder de parte de Pinilla y por tanto no es su representante. La diligencia contra Pinilla fue reprogramada para el 26 de julio, y se pidió a un defensor de oficio porque en caso que no asista ese día será procesado en contumacia.

En todo caso, lo que ocurra en Colombia es lo que menos les preocupa a ambos abogados. La gran deuda a saldar está en Estados Unidos, país que podría estar viendo en Moreno la pieza que le falta a un rompecabezas en el que se junta el poder y la mafia colombiana.

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