Néstor Humberto Martínez confirma sistematicidad en asesinato de líderes sociales

El fiscal general se refirió a la situación crítica que padecen los líderes sociales luego de la reunión que sostuvo con los ministros del Interior y de Defensa, la Defensoría del pueblo, la Procuraduría y organizaciones sociales; con la finalidad de tomar medidas eficaces que disminuyan el número de muertos.

Martínez dijo que la sistematicidad en los asesinatos ocurría en dos sentidos. Por un lado, es activa en cuanto a que “se trata de organizaciones criminales, estructurales, que están operando en los territorios”. Pero, aclaró que sería sistematicidad pasiva porque los miembros de las Juntas de Acción Comunal representan el 50% de las víctimas.

La aceptación de dicha sistematicidad es un logro que obtienen las organizaciones sociales que durante años han insistido en la existencia de esta. Pues en el 2016, cuando Néstor Humberto Martínez asumió su cargo, dijo que no era posible determinar, en ese momento, que hubiese unificación en los motivos que conducían a los asesinatos. Y por ende, centenares de muertes de líderes o defensores de derechos humanos no fueron esclarecidas, ya que nunca se estableció un hilo conductor entre ellas.

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En cuanto a los autores de estos crímenes, Martínez resaltó que este fenómeno se diferencia de lo ocurrido en los años ochenta cuando se comprobó que había incursión de agentes del Estado. Hoy en día, los asesinatos corresponden a crímenes cometidos por el Clan del Golfo, el ELN y Los Caparrapos; organizaciones delincuenciales con presencia en los veintisiete departamentos donde han ocurridos los asesinatos desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.

“No se trata de judicializar a los sicarios, estamos judicializando a los autores intelectuales de estos crímenes", aseguró Martínez, sería el objetivo de las investigaciones que adelanta la Fiscalía para no continuar con la larga lista de víctimas.

Lista que varía constantemente porque las cifras de organizaciones nacionales e internacionales distan entre ellas: La Fiscalía sostiene que 231 líderes sociales fueron asesinados desde 2016 hasta el 2018. Mientras el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que solo de enero a noviembre del año pasado este número alcanzó los 226. La ONU, por su parte, aseguró que son 238 y que el 53% de los casos se han esclarecido y según la Defensoría del Pueblo habrían sido 282 los líderes asesinados desde 2016 hasta el primero de enero de 2018. Las cifras no cuadran.

Este año el panorama sigue siendo desalentador. El 2019 comenzó con un líder asesinado por año en Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico y Magdalena. Y hace pocas horas el Ministerio de Defensa, Guillermo Botero, anunció un consejo de seguridad para evitar que los líderes sociales en El Salado se conviertan en víctimas por las amenazas de grupos criminales; pues la situación está empeorando.

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Luis Torres, líder de El Salado -quien presenció la atroz masacre que vivió el corregimiento en febrero del año 2000- quiere que esto no se repita. “Nadie quiere hablar sobre eso porque la cosa está caliente”, menciona. Y agrega, que lo último que sabe es que las amenazas se han traspasado a los periodistas que visitan la zona: “Ayer, a las 9:30 de la noche, pasó una moto dando un mensaje a los periodistas. Les gritaron ¡sapos hijueputas!”, contó.

Al culminar el pronunciamiento del fiscal, Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, concluyó diciendo que la dificultad para brindar protección a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal ha radicado en la cantidad de personas que pertenecen a estas organizaciones.“Hay más 62.000 Juntas de Acción Comunal registradas en el país, y hay alrededor de 4 millones de líderes adscritos a esas juntas, por la que el escenario de protección es bastante complejo”, afirmó.