El fiscal Martínez muestra los dientes

El 20 de julio, apenas minutos después de que el presidente de la república instaló la nueva legislatura del Congreso, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó ante la Secretaría de la corporación un documento de 70 páginas con el encabezado: “Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción” .

El proyecto de ley del fiscal contiene un paquete de medidas con las que busca poner al mismo nivel de gravedad penal los delitos de corrupción con los de narcotráfico o crimen organizado. Para ello el funcionario, en primer término, cree necesario crear nuevos tipos penales. Propone, por ejemplo, tipificar el concierto para delinquir agravado respecto a los actos concertados para esquilmar el erario; penalizar la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan a la Justicia de actos de corrupción de los que tengan conocimiento; y sancionar a los testaferros que se presten para ocultar bienes o dinero procedente de la corrupción.

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Otra idea que desde ya genera inquietud es la de castigar a contadores, abogados, revisores fiscales y jefes de control interno que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades y dinero mal habido, o que omitan reportar a la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) operaciones inusuales o sospechosas. “De no hacerlo estarán expuestos a penas que van entre los tres y seis años de cárcel”, dice el proyecto. Una de las preguntas que surgen ante esta propuesta es ¿en qué queda el secreto profesional que ampara a profesionales como los abogados para hacer su trabajo?

Varios artículos formulados en el proyecto se derivan de escándalos que han golpeado recientemente a la administración de Justicia. Se tipifica como delito autónomo la manipulación del reparto judicial (Misael Bautista, secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue capturado por ‘patinar’ el expediente contra un exalcalde de Cota). Se agravará la pena de cárcel cuando el responsable haga parte de la Rama Judicial (los tres magistrados del Meta procesados, o el exjefe de la Unidad Anticorrupción Gustavo Moreno, detenido y ad portas de ser extraditado). También se toman varias medidas frente a los recursos de las campañas políticas, lo que trae a cuento el caso Odebrecht, en la picota por financiar las presidenciales en 2010 y 2014. Al respecto, el fiscal propone castigar a los particulares que se vuelen los topes fijados por la autoridad electoral, prohíbe a las campañas “contratar o subcontratar” con quienes hayan sido aportantes, y extiende la responsabilidad por la violación a los límites de gastos de campaña al gerente, al auditor e incluso al candidato mismo.

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La Fiscalía, en la exposición de motivos del proyecto, sostiene que en 2017 han crecido en 14 por ciento las denuncias por actos de corrupción, y estima que –de acuerdo con Transparencia por Colombia– este desangre se traduce en 9 billones de pesos perdidos anualmente, es decir, el 1,6 por ciento del producto interno bruto. Esas abrumadoras cifras y la seguidilla de escándalos explican por qué hay una auténtica cascada de iniciativas para combatir la corrupción.

De hecho, varias de las consideraciones contempladas en el texto del fiscal aparecen, de una u otra manera, en otros proyectos de ley presentados por la coalición de gobierno y por el Centro Democrático desde la oposición. Incluso algunos puntos se cruzan con las medidas que propone el partido de los verdes a través de la Consulta Nacional Anticorrupción para la que están recogiendo firmas. Así las cosas, el fiscal no quiere quedarse por fuera de la foto de los abanderados contra la corrupción, uno de los tópicos que promete ser elemento clave en la próxima contienda presidencial.