PROCESO DE PAZ

La víctima que fue a La Habana y luego le mataron un hijo

Representantes de las 60 víctimas que viajaron a la isla, denuncian amenazas e intimidaciones.

20 de febrero de 2015
| Foto: Daniel Reina

Uno de los momentos más "significativos" por los que ha pasado el proceso de paz ha sido el encuentro entre las víctimas y los delegados del Gobierno y las FARC. Sin embargo, los riesgos y las dificultades del encuentro cada día sacan a flote las más profundas tensiones de esta compleja negociación que deja, una vez más, a la población en la mitad del conflicto.

Nilson Liz Marín es líder de la Junta de Acción Comunal del Tambo (Cauca), representante de los campesinos y líder del proceso de reparación colectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuya organización a la fecha ha perdido más de 90 directivos nacionales y regionales quienes han sido asesinados. Su nombre pasó casi desapercibido entre el quinto y último grupo de víctimas que viajó a La Habana. 

De su historia se sabía poco. En noviembre del año pasado, cuando se conoció que hacía parte de la delegación, se dijo que era víctima de desplazamiento. Incluso, algunos medios reseñaron que su nombre aparecía en panfletos amenazantes distribuidos en la región.

Su presencia, y la de muchos de sus compañeros, se vio opacada por cuenta de la participación de la exsenadora Piedad Córdoba, quien reavivó una vieja disputa política por cuenta de su viaje a la isla en condición de víctima.

Pasaron casi dos meses para que el nombre de este campesino ocupara las primeras planas de la prensa nacional: este viernes, durante una rueda de prensa de las cinco delegaciones, se supo que casi 15 días después de que Liz Marín se reuniera con los delegados del Gobierno y las FARC en La Habana, su hijo Dayan Camilo Liz Potosi, de 17 años, fue asesinado en el Tambo (Cauca).

"Mi hijo murió el primero de enero del 2015, lastimosamente hasta ahora no hay un argumento claro de la Fiscalía que nos determine cuáles fueron los móviles, por eso exigimos una investigación de la Fiscalía", reveló .

Aunque es muy pronto para sacar conjeturas, Nilson Liz Marín solicitó a la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes al caso y establecer si la muerte de su hijo tiene algun vínculo con las constantes amenazas que recibe.

Según le contó a Semana.com, en 1997 y en el 2003 atentaron contra su vida. En el 2013 fue secuestrado junto a su esposa y tres compañeros más. "Nos llevaron a la montaña, nos quitaron las pertenencias, pero nos alcanzamos a volar", relató.

Por si fuera poco, luego de la muerte de Dayan, volvió a recibir mensajes intimidantes. "Tenemos otra amenaza contra unos dirigentes en el departamento y contra mí. El 28 de enero recibí un sufragio", dijo este hombre que hoy llora la muerte de su hijo.

Su historia no es la única. Al cierre de la cumbre de tres días en la que participaron los 60 delegados que viajaron a La Habana, los voceros reiteraron que fueron y son objeto de diferentes acciones violentas.

"Las víctimas y defensores de derechos humanos siguen siendo objeto de diferentes acciones violenta, ataques e intimidaciones. Particularmente en las cinco delegaciones que hemos asistido a La Habana se han presentado amenazas reiteradas y desplazamiento".

El panorama no es el más alentador. Según le contó el general Luis Herlindo Mendieta a Semana.com, durante estos tres días la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Nacional de Víctimas tuvieron la oportunidad de encontrarse con aquellos delegados que han sido objeto de amenazas.

"De la UNP enviaron delegados y atendieron 14 víctimas de las que están aquí y que están siendo amenazadas. El número es bastante considerable. (...) la gran mayoría de ellos trabajan en sectores rurales donde realmente se siente la intensidad del conflicto", manifestó.

Nora Eliz, hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas y viajó como representante de la comunidad LGBTI. "Antes de ir a Cuba tenía amenazas, pero cuando llegué se incrementaron. Tengo protección de la UNP, pero con las nuevas amenazas ni la Fiscalía ni la Unidad de Protección han hecho nada".

Según dijo el director de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, "muchas de esas víctimas viven en regiones donde el régimen de la ley es muy débil y los actores oscuros actúan con un alto grado de impunidad. Tenemos una excelente cooperación de la UNP y la Policía, pero lo más necesario es pescar a los responsables, aquellos que siguen generando actos de terror".

Esas amenazas provienen, según Hochschlid, de bandas criminales o de los llamados 'grupos posmovilización' que se crearon a partir de antiguas estructuras paramilitares desmovilizadas en el 2006, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

"Si estamos hablando de personas que ya han sufrido tanto ¿por qué hay un enfoque en ellos?... porque hablan para la paz", dijo el rpresentante de la ONU.

En el comunicado de diez puntos, el grupo no sólo le exigió a la Fiscalía que esclarezca las constantes amenazas que recaen sobre las víctimas del conflicto y defensores de derechos humanos, sino también le solicitaron al Gobierno que concrete la salida negociada al conflicto armado, por lo que insistieron en la necesidad de superar la fase exploratoria de los diálogos con el ELN para consolidar la negociación efectiva de la violencia.