"No es una ley de transparencia sino de 'tramparencia'"

A mediados de los años 70, Daniel Samper Pizano y Alberto Donadio fundaron la unidad investigativa del periódico El Tiempo, que logró destapar muchos escándalos de corrupción del país de aquella época. No obstante, el acceso a los documentos públicos no estaba garantizado.
 
Es cierto que había una ley, la 320 del Código de régimen político y municipal que indicaba que “todo individuo tiene derecho a que se den copias de los documentos que existan en la secretaria y en los archivos de las oficina de orden administrativo...”.
 
Pero, como cuenta Donadio, algunos funcionarios se valían de todo tipo de artimañas para no hacerlo. Uno, por ejemplo, elevó el costo de las fotocopias para obstaculizar que los periodistas pudieran llevarse a las salas de redacción los extensos documentos que les interesaban.
 
Primaba el ‘tapen tapen’ y los escándalos eran considerados por la clase dirigente como ‘pendejadas’. Donadio, recién salido de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, libró una batalla jurídica ante el Consejo de Estado para acceder a esos documentos públicos con los cuales él y Samper pudieron hacer sus investigaciones periodísticas. Lo interesante del proceso fue que a raíz de estas demandas se fue acumulando jurisprudencia que luego sirvió para edificar la legislación más robusta que existe hoy.
 
“El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de sus gobernantes y el destino del dinero de sus impuestos es fundamental y democrático”, dice Samper. El libro La llave de la transparencia, escrito por Donadio y publicado recientemente por Editorial Sílaba es un recuento de la lucha por llegar a esta información.
 
Llega en el momento en que cursa en el Congreso la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional, que en vez de facilitar el acceso de dichos documentos pone de nuevo trabas para su divulgación.
 
Y, como dice Donadio en el libro “.. el periodismo investigativo, sin la libertad de navegación en los mares documentales, es como un barco detenido por las rémoras”. Semana.com habló con él sobre el tema.

Semana.com: ¿Por qué decidió hacer este libro?

Alberto Donadio: Hoy el acceso de los periodistas y los ciudadanos a los documentos del gobierno es un derecho real y concreto reconocido en la Constitución y en las leyes. Pero no era así hace 40 años cuando iniciamos la Unidad Investigativa con Daniel Samper. El acceso dependía del capricho del funcionario. Presentamos demandas ante el Consejo de Estado, que en sus sentencias consagró ese derecho. Esa jurisprudencia la recogió la Constitución de 1991 en el artículo 74 que dice que todos los papeles oficiales son públicos, salvo las excepciones que por ley disponga el Congreso.

Semana.com: ¿Por qué esta es la llave de la transparencia?

A. D.: Lo dijo el magistrado Carlos Galindo Pinilla en una sentencia de 1980: "Sólo mediante la publicidad de las actuaciones de los funcionarios estatales se hace posible el control que la opinión pública tiene derecho a ejercer sobre sus gobernantes".

Semana.com: ¿Cuál fue el caso más difícil de investigar en esa época?

A. D.: Casi todos porque la tendencia natural del funcionario es tapar. Sin esos aliados que encontramos en el Consejo de Estado, los magistrados Galindo Pinilla, Alfonso Arango Henao, Humberto Mora Osejo y otros, no se habrían publicado los Papeles del Senado, la serie de Daniel Samper en que por primera vez se destaparon abusos en el Congreso. Los fraudes y falsificaciones en los bancos y en el Grupo Grancolombiano no se habrían conocido sin el libre acceso. El superintendente bancario de la época a todo le aplicaba la reserva bancaria, claro para tapar el relajo que había en el sector financiero.

Semana.com: ¿En qué casos se justifica que haya reserva?

A. D.: La correspondencia privada es secreta, los contabilidad de las empresas, la historia médica de cada individuo. Pero en cuanto a documentos oficiales, que los generan funcionarios públicos pagados con los impuestos de todos, solamente en muy pocos casos se justifica la reserva.

Semana.com: ¿Cual es la situación actual en ese tema? ¿La llave se perdió?

A. D.: La llave está a punto de perderse por la ley de transparencia aprobada hace poco en el Congreso, que es una ley de tramparencia, un embuchado fenomenal. Es un retroceso inconcebible. Pero creo que la Corte Constitucional la va a enterrar, pues contraría la interpretación muy progresista y avanzada que en estos veinte años la Corte le ha dado al derecho de acceso.

Semana.com: ¿Qué diferencia hay entre los escándalos de ayer y hoy? ¿Hoy existen más herramientas para que los periodistas tengan información de dominio público?

A. D.: Los escándalos actuales son más graves porque hoy los impuestos que paga la gente son más altos, el presupuesto nacional es mayor y entonces los pícaros tienen a la mano más plata para el serrucho y el enriquecimiento ilícito. También hay más herramientas para conseguir la información, las bases de datos electrónicas facilitan las averiguaciones de los periodistas, antes había que ir de despacho en despacho para examinar los expedientes o conseguir copia de un oficio. Pero el periodismo no es más investigativo que antes, al contrario. Tenemos una prensa inerte, que no hace sacudir a los poderosos.

Semana.com: ¿Los nuevos medios y las redes sociales ofrecen ventajas para la transparencia? ¿Cuáles serían?

A. D.: Antes el directorio telefónico era la primera herramienta de una pesquisa. Ahora Google y Facebook son el directorio telefónico mundial. Pero, ¿de qué sirve lo que no se usa? ¿Cuál fue la última gran investigación de la prensa colombiana en defensa del consumidor? ¿O acaso todos los alimentos, medicamentos, productos y servicios que se venden en Colombia son buenos, bonitos y baratos?