¡No era paranoia!

Durante gran parte de la semana pasada el presidente Álvaro Uribe se vio obligado a salir en diferentes escenarios a ponerle el pecho a uno de los escándalos más graves que han sacudido sus casi ocho años de gobierno: el escándalo del DAS.

Con declaraciones vehementes el mandatario intentó capotear la crisis, que se ha convertido en un serio problema internacional para el gobierno, y buscó defender a sus más cercanos colaboradores salpicados por el expediente del DAS.

El miércoles pasado, por ejemplo, durante un conversatorio con estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, trató de explicar la actuación en los seguimientos a magistrados por parte de uno de sus hombres de mayor confianza: el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.

La semana anterior SEMANA reveló el contenido de una carta en la cual la aerolínea estatal Satena respondió una orden dada por Moreno en noviembre de 2007 y le envió el listado de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que acudieron a un homenaje en Neiva, el cual supuestamente habría sido pagado por el abogado Ascencio Reyes. Esa carta, que curiosamente no aparece en ningún expediente, es uno de los primeros indicios documentales que evidenciarían que funcionarios de la Casa de Nariño estaban indagando sobre actividades de magistrados. "Bernardo Moreno investigaba nexos de narcos con magistrados", afirmó el Presidente, quien dijo que la "investigación" de su secretario general había surgido a raíz de "un escándalo de los medios de comunicación que en la época dijeron: hay un sector del narcotráfico que ha infiltrado a los magistrados". Uribe afirmó también que Moreno actuó conforme a la ley, y al recibir la lista con los datos y los nombres de los magistrados "la remite a donde tiene que remitirla, a las autoridades competentes".

A pesar de las explicaciones que intentó dar a los estudiantes, la realidad es que las fechas no coinciden con lo que afirmó. Moreno comenzó su 'investigación' y solicitó información sobre los magistrados cinco meses antes de que el tema fue publicado en los medios de comunicación. Cuando eso sucedió, el interés no surgió por inquietudes de los periodistas, como ha afirmado el gobierno, sino por una filtración que provino desde las altas esferas del gobierno. A diferencia de lo dicho por el propio Moreno y por el Presidente, tampoco es claro que el secretario general de Palacio hubiera entregado esos datos a las autoridades competentes o, incluso, tuviera facultades legales para adelantar esas pesquisas sobre la cúpula de la justicia.

Al tema de la polémica carta de Moreno se sumó otro hecho. El lunes de la semana pasada la emisora Caracol Radio reveló un documento del DAS que está en poder de la Fiscalía, fechado en mayo de 2008, en el cual, entre otras cosas, aparece un extenso listado denominado 'celulares blanco' que contiene 185 números que habrían sido objeto de interceptaciones por parte del organismo de inteligencia.En él aparecen prácticamente todos los magistrados de la Corte, así como los números de sus familiares. También están los celulares de periodistas de esta revista y algunos políticos de oposición.

Estos hechos de la semana anterior motivaron también a que Uribe afirmara ante los estudiantes de la Universidad Autónoma que "si el gobierno ordenara espionajes ilegales tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente. Un Presidente que es frentero no se necesita de marrullas".Esa frase del Presidente fue también una respuesta a los contundentes y graves señalamientos que hace dos semanas había hecho la Fiscalía. Durante una audiencia de imputación de cargos, el fiscal delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, dijo que fue en la Casa de Nariño donde los funcionarios del DAS acusados recibieron instrucciones para las 'chuzadas' y seguimientos ilegales. "Quienes participaron en las reuniones en el Ministerio de Hacienda, en la Casa de Nariño y en el DAS para hacer seguimientos ilegales a los magistrados conformaron una empresa criminal". Fue la primera vez que la justicia señalaba, en términos muy duros, al palacio presidencial de estar relacionado con el caso de espionaje del DAS. De allí la fuerte reacción de Uribe y otros miembros del gabinete.

En las últimas semanas también han vuelto a salir detalles sobre las escabrosas 'operaciones' ilegales que adelantó el DAS, las cuales incluían campañas de desprestigio, guerra sicológica, seguimientos e incluso amenazas contra ONG, periodistas, políticos de oposición y magistrados de la Corte.

Las contundentes pruebas, testimonios y hechos han demostrado que, a diferencia de lo que sostuvo el gobierno, las denuncias sobre espionaje y guerra sucia, especialmente contra la Corte, no era un "simple asunto de paranoia" por parte de los magistrados y las otras víctimas de la persecución sino que por el contrario se trata de una estrategia de desprestigio que comenzó hace más de dos años.

En septiembre de 2008 SEMANA reveló cómo enviados del narcoparamiliar extraditado alias 'Don Berna' se reunieron en la Casa de Nariño, para entregar a funcionarios de Palacio y del DAS supuestas 'pruebas' para atacar y desprestigiar a magistrados clave de la Corte Suprema de Justicia.

Para esos momentos, la Corte y el gobierno libraban un duro enfrentamiento por cuenta de las investigaciones que se adelantaban sobre la parapolítica. La estrategia continuó. A finales de febrero del año pasado, esta revista denunció cómo el organismo de seguridad de la Presidencia realizaba 'chuzadas' y seguimientos ilegales a miembros de la oposición, comunicadores y magistrados.

Pocos días más tarde, SEMANA reveló las pruebas, que hoy han vuelto a salir a la luz, sobre el asedio por parte del DAS a miembros de la Corte. A finales de abril SEMANA nuevamente destapó y presentó las primeras evidencias no solo de cómo miembros del DAS habían ocultado y desaparecido parte de las pruebas que los comprometían con el espionaje ilegal, sino que reveló las macabras operaciones de seguimientos y amenazas a defensores de derechos humanos y sus hijos menores de edad, entre otras víctimas.

En noviembre esta revista también denunció cómo la ex fiscal ante el DAS Claudia Esther Pérez adelantó irregularmente investigaciones paralelas y clandestinas a las que llevaban los fiscales delegados ante la Corte, únicos autorizados para tal fin, con el objetivo de torpedear las pesquisas oficiales sobre el caso del DAS, hecho que cuando se descubrió le costó la salida por la puerta de atrás de la Fiscalía a esa funcionaria.

Hoy, más de 15 meses después de las revelaciones de SEMANA, la Fiscalía ha ratificado las denuncias periodísticas y sus investigaciones parecen haber tomado un nuevo aire. Lo importante es que la justicia finalmente pueda encontrar lo que el país y la comunidad internacional reclaman: los autores intelectuales de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Colombia.