"No me quiero morir sin ver que se hizo justicia"

“Al flaco se lo llevaron el 23, llegó a Ocaña (Norte de Santander) el 24 y lo mataron el 25”. Idalí Garcerá resume en esos tres días (23, 24 y 25 de agosto del 2008) lo que hoy, después de más de dos años, le sigue quebrantando la voz: la desaparición y muerte de su hijo Diego Alberto Tamayo Garcerá, reportado el 25 de agosto de ese mismo año como dado de baja en un combate por la brigada móvil número 5 del Ejército. Idalí es una de las 17 llamadas ‘madres de Soacha’ y su hijo uno de los más de 2.000 jóvenes que han muerto en Colombia víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
 
Idalí nunca había pisado un juzgado, no sabía nada de derecho y mucho menos se había visto cara a cara con un presidente de la República. Pero cuando estalló el escándalo de ‘los falsos positivos’ todo cambió. Le tocó acostumbrarse a vivir sola y a hablar de su único hijo en pasado, empezó a salir en los medios, tuvo un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe y se fue familiarizando poco a poco con términos para ella totalmente ajenos y propios del aparato judicial.
 
Hoy, después de más de dos años, ya sin encuentros con mandatarios ni apariciones mediáticas, Idalí sigue lidiando con todo lo que implica el proceso judicial en el caso de su hijo. Audiencias, abogados, juzgados. Y no avanza. Aún no se ha cumplido la audiencia preparatoria. De los 16 procesados en el caso de su hijo por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, solo hay uno detenido.
 
¿Qué ha pasado? “Excusas. Que la defensa de alguno está enfermo, que alguien no asiste a la audiencia y toca cancelarla. Y así llevo casi tres años”, cuenta Idalí. El abogado que la representa, Sebastián Escobar, lo afirma. Solamente en la etapa que comprende la audiencia preparatoria ya han pasado once meses.
 
“Desde el inicio hay prácticas dilatorias, se ha abusado de los medios legítimos que ha tenido la defensa. Uno de los retrasos que más se ha sentido fue cuando, por ejemplo, se controvirtió la competencia de la justicia ordinaria en estos casos (que involucran a miembros de las fuerzas militares) y mientras el Consejo Superior de la Judicatura definía dicha competencia pasaron varios meses”. dice el abogado, quien agrega que eso no ha sido lo único. “También cancelan audiencias a última hora, cambian de defensa y eso prolonga los procesos mientras ese que llegó nuevo estudia el caso”.
 
Y ahora han pedido que se unan dos procesos (conexidad), lo que para las víctimas es lesivo porque significa un nuevo retraso. ¿Hasta cuándo? “No me quiero morir sin ver que se hizo justicia”, dice Idalí, a quien ya lo que menos le importa es que tenga que pasar días enteros en una audiencia y gastar plata en su traslado de Soacha a Bogotá.
 
Ella solo quiere que ya termine esta lucha. “Nunca voy a sanarme ni olvidar lo que le pasó a mi hijo, pero ya quiero que se acabe esto”. Está cansada. Ella, las otras mamás y sus abogados. No es fácil llevar un caso en el que de la otra parte se valen de cualquier cosa para prolongarlo.
 
“Que unan procesos significa volver a debates que ya estaban precluidos. Ya se había agotado todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de elementos probatorios, ahora el Fiscal estaría obligado a hacer un nuevo descubrimiento de pruebas. Pero además ambos procesos son complejos. Más de 500 pruebas, 100 testigos... en total dan más de 1.200 elementos probatorios”.
 
Por eso, la opción de llevar el caso a instancias internacionales no está descartada. “Llevamos casi tres años y no vamos ni en la mitad del proceso. Esto es exagerado, mucho más de lo razonable, estamos valorando estrategias jurídicas en instancias internacionales” dice el abogado y representante de Idalí, la mamá de Diego.
 
De los casos de Soacha, tan sonados en su momento, pero que parecen tan olvidados ahora, solo uno ha avanzado. Este viernes una juez de Bucaramanga halló culpables a ocho uniformados por la muerte de Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez. La condena se dará a conocer en las próximas semanas.
 
Los demás casos están apenas en audiencias preparatorias. Y como el tiempo pasó, de los 60 uniformados que en el año 2009 fueron detenidos por estos hechos solo cinco permanecen tras las rejas. Los otros fueron dejados en libertad por vencimiento de términos.
 
“¿Cómo no voy a estar triste?”, se pregunta la señora Idalí, quien ya no sabe a quién pedirle ayuda. “Ojalá se nos acabe esta incertidumbre, que se haga justicia, que se sepa quién estuvo realmente detrás de la muerte de nuestros hijos. Hay familias que no han empezado audiencias. ¿Cómo es posible?”.
 
Crimen de Arauca
 
Y mientras las ‘madres de Soacha’ esperan que sus procesos por fin avancen, el pesimismo empieza a reinar en otro caso que también involucra a uniformados. Se trata del que se adelanta contra el subteniente Raúl Muñoz Linares por la violación el 2 de octubre del 2010 de un niña de 13 años en Tame (Arauca) y el crimen de tres hermanos que fueron encontrados en una fosa común el mismo mes y en el misma zona.
 
No es para menos. Olga Silva, abogada de la ONG Humanidad Vigente, representante de las víctimas en el proceso, dice que hay temor. “No lo solo porque las maniobras dilatorias que ha usado la defensa puede llevar a la libertad del subteniente Muñoz Linares por vencimiento de términos, sino que también puede afectar el recaudo de elementos probatorios. Si pasa uno o dos años se pueden perder”, asegura. 
 
No solo lo dice ella. El fiscal que lleva el caso, Víctor Julio Lozano, aseguró, durante el inicio de la audiencia preparatoria suspendida el pasado viernes, que los diferentes abogados defensores del militar han incurrido en irregularidades y dilaciones como una "estrategia defensiva clara, perfilada y definida".
 
La Procuradora delegada para este mismo proceso, Luisa Velásquez, aseguró que "no es casual la estrategia" y que había "un sin sabor de dilación".
 
Lo último que ocurrió en este caso fue la solicitud de nulidad de la audiencia preparatoria por parte de la nueva defensa del subteniente Muñoz. La petición se dio luego de haber sido aplazada varias veces debido a cambio de abogados en la defensa de Muñoz y de tener que haber sido trasladado el caso a Bogotá después de la muerte de la jueza Constanza Gaona en Saravena (Arauca).
 
Ahora está en manos del Tribunal Superior de Bogotá definir si se anula o no. La decisión puede tardar entre uno y tres meses. En este caso podría haber vencimiento de términos. El subteniente Raúl Muñoz Linares podría quedar en libertad.
 
Sobre estas dilaciones en la justicia en casos que tienen que ver con uniformados y de las que se ha hablado tanto recientemente, la fiscal Viviane Morales se pronunció. En una carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano Rivera, la fiscal Viviane Morales pidió que se investigue las constantes dilaciones de las que han sido objeto procesos como los 'falsos positivos' y el asesinato de los niños de Arauca.
 
En respuesta a esa carta, el magistrado Lizcano pidió a la Fiscalía que puntualice los hechos. “Referente a la compulsa de copias aludidas en su comunicación, me permito informarle que las mismas se tramitarán bajo los parámetros establecidos en la ley, sin embargo, ante la falta de precisión en la información suministrada y con el fin de aplicar los correctivos a que hubiere lugar, se reitera, se hace necesario conocer los números de procesos y despachos judiciales, en donde acaecieron las mismas”, señaló a través de un comunicado.
 
Entretanto, la Defensoría Militar (Demil) también se manifestó y pidió precisión. A través de un comunicado de prensa firmado por su director, Jean Carlo Mejía Azuero, pidió que la Fiscalía puntualice con nombres, fechas y demás datos relevantes, "los graves y generalizados señalamientos que realiza la cabeza más visible del ente acusador".
 
El escrito señaló además que existe un irrestricto respeto de nuestra parte frente a las palabras de la señora fiscal, pero "rechazamos tajantemente el manejo mediático y la falta de oportunidad previa para garantizar nuestro derecho a la réplica, y de contera los derechos fundamentales de todos nuestros abogados y abogadas".
 
Sobre el crimen de los niños de Arauca aseguró que se ejerció la defensa "en un ambiente adverso, propio de un conflicto popular prolongado hasta finales del mes de mayo, cuando se decidió que no se podía continuar con dicho encargo habida cuenta de que se había cometido un error en la interpretación de los estatutos". Y aclaró que la nulidad y la apelación presentada en la última audiencia la efectuó el abogado de confianza de Muñoz y no la Demil.
 
Jean Carlo Mejía Azuero, director de Demil, en diálogo con Semana.com, señaló que él como nuevo director de la Defensa Militar había revisado los estatutos y encontró que no se cumplían algunos para continuar con la defensa del subteniente.
 
“No se pueden defender delitos sexuales ni hechos que no estén relacionados con el servicio”, aseguró Mejía Azuero a Semana.com. Sin embargo, agregó, estarán ejerciendo veeduría para que se le garanticen sus derechos.