Nuevas desviaciones de dinero en Saludcoop y Cafesalud llegarían a $269.808 millones

El final del proceso de intervención de Saludcoop EPS sigue siendo una fuente de corrupción. Así lo concluyó la Contraloría General de la República tras una auditoría en la que encontró que en el caso de Saludcoop EPS se encontró un detrimento patrimonial por $197.963 millones, mientras que en el de Cafesalud EPS la cifra es de $71.845 millones.

Según la Contraloría, se encontraron hallazgos fiscales por $197.963 millones de pesos en la finalización del proceso de intervención de Saludcoop EPS, que estuvo liderado por el Agente Especial Guillermo Grosso Sandoval, ahora preso. De acuerdo con el ente de control, se evidenció el direccionamiento de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la sociedad subordinada Corporación IPS Saludcoop, en la cual el grupo económico tenía una participación accionaria del 95.67 por ciento.

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El organismo identificó giros de desembolsos de anticipos de Saludcoop EPS en Intervención con destino a la Corporación IPS Saludcoop, por autorizaciones del Agente Especial Interventor, sin que se hubiese evidenciado una contraprestación de servicios de salud. Lo que les permitió concluir que los recursos girados como anticipos no tenían garantía de devolución de los recursos al sistema o a Saludcoop EPS en Intervención. En total, se encontraron irregularidades por $75.974 millones.

La investigación permitió concluir que se autorizó el pago de giros directos, a través del Consorcio SAYP por $121.165.078.440, a favor de la Corporación IPS Saludcoop, sin que se pudiesen evidenciar los soportes de la facturación que garantiza la realización de la prestación de los servicios de salud, por parte de la Corporación IPS Saludcoop a usuarios de Saludcoop EPS en Intervención, con lo se configura otro detrimento patrimonial adicional.

“El 24 de noviembre de 2015, el mismo día que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la Liquidación Forzosa Administrativa de Saludcoop EPS en Liquidación, Guillermo Grosso Sandoval autorizó a través del Director Nacional de Tesorería de la EPS Saludcoop, realizar giros bajo la figura de endoso, por concepto de pago de arrendamiento que la Corporación IPS Saludcoop le debía a RV Inmobiliaria por $802.160.647; sin que hubiesen sido servicios de salud que la EPS tuviera a su cargo, lo que evidenciaría otro detrimento patrimonial”, asegura la Contraloría.

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Desde 2015, la Cafesalud asumió la atención de los usuarios de Saludcoop, luego de que se descubrieron presuntas irregularidades. Uno de los hallazgos más particulares de la auditoría realizada a la EPS durante los últimos seis meses del 2018 fue una factura por algo más de $1.6 millones, identificada a través del aplicativo SYC, Grosso -en ese momento presidente de Cafesalud ordenó pagarle a la IPS Saludcoop casi $19.000 millones.

La Contraloría asegura que el origen de las desviaciones detectadas se encuentra en la suscripción de contratos que no están relacionados con la prestación de servicios de la salud, y que fueron pagados con recursos destinados para tal fin. Entre ellos están la compra de mobiliario, equipos de tecnología, adecuaciones, servicios de hospedaje y compra de tiquetes aéreos para personal administrativo de Cafesalud.

De acuerdo con la entidad, además de los hallazgos fiscales validados, se adelantarán seis indagaciones preliminares por más de $720.000 millones. Como los recursos comprometidos tienen carácter de parafiscales, no pueden ser destinados para fines distintos a la prestación del servicio de salud.

El otro lío de Grosso

El ex interventor de Saludcoop fue enviado a la cárcel por un juez de Bogotá en el marco de una investigación en su contra ya que todo parece indicar que una vez salió del sector público comenzó un negocio, el mismo que hoy lo tiene tras las rejas. En interceptaciones telefónicas reveladas por la Fiscalía, se da cuenta de cómo al parecer sostenía comunicación para negocios ilegales con Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional.

En enero, Carrascal fue suspendida de su cargo por la Procuraduría, entidad que la tenía en el radar por los presuntos pagos que le estarían girando desde IPS y EPS para que los favoreciera en trámites. En una de las grabaciones se habla de pagos mensuales de entre 15 y 20 millones de pesos por haber puesto su cargo al servicio de EPS e IPS particulares en Córdoba y en La Guajira.

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Grosso aparece conversando con Jhon Colmenares -administrador de varias IPS de su grupo familiar- sobre los dineros exigidos por Eva Carrascal y se refieren a ella como un "barril sin fondo". Para los investigadores, durante el segundo semestre del 2016 y todo el 2017, Carrascal sería la responsable de entregar información privilegiada a particulares sobre información que reportaban las EPS a la Superintendencia; también de agilizar pagos de dineros adeudados por entidades territoriales y entregaba información sobre trámites de inspección y vigilancia a EPS y cajas de compensación a particulares; a su vez habría ofrecido servicios irregulares de asesoría a las entidades particulares.