Seis meses de patria boba

Históricamente, los Gobiernos pasan su primer año en luna de miel con el Congreso. Eso no ha supuesto necesariamente intercambio de favores o mermelada. Los presidentes y sus ministros del Interior se han concentrado en sacar adelante las reformas prioritarias, acudiendo al liderazgo, por un lado, y a las expectativas de los parlamentarios acerca de las ventajas de estar del lado del Ejecutivo, por el otro.

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En su primer año como ministro de Álvaro Uribe, Fernando Londoño lideró la idea de hacer un referendo, prorrogar la Ley de Orden Público y adoptar las nuevas normas sobre extinción de dominio. En 2010, desde la misma posición, Germán Vargas Lleras impulsó el proceso de reorganizar el Estado y de aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cuatro años después, Juan Fernando Cristo sacó adelante la reforma de equilibrio de poderes y las leyes anticontrabando, de infraestructura, estatutaria de salud, entre otras.

Los debates en Senado y Cámara revivieron la batalla política entre los defensores del Sí y el No en el plebiscito.

La actual legislatura rompió esa tradición. Entre la presidencia de Iván Duque y el Congreso hubo una relación tensa, y el trámite de los proyectos de interés del Gobierno tuvo un balance triste. Varios factores jugaron en ello. En primer lugar, desde el primer momento tuvo dificultades para armar una coalición de gobierno sólida. Aunque tiene mucho más apoyo en el Senado que en la Cámara, en ninguna de esas dos corporaciones logró las mayorías. El nuevo Estatuto de la Oposición obligó a algunos partidos a declararse independientes –Cambio Radical y los liberales–. Y sumados a la oposición y a un sector de La U (en teoría del Gobierno), conformaron la mayoría.

En segundo término, la asociación hecha en el discurso presidencial entre mermelada y representación política terminó por jugar contra el Gobierno. El nombramiento de ministros excesivamente técnicos y la negativa a que los partidos tuvieran representación en el gabinete llevaron a los congresistas a no respaldar al presidente en la causa de las objeciones ni en otras de la agenda propuesta. A eso se suma que Duque, como aseguró el politólogo Fernando Cepeda en SEMANA, ganó las elecciones como una especie de outsider que no contaba con redes políticas propias.

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La semana pasada todo eso se tradujo en una gran derrota presidencial. El Ejecutivo insistió en sacar adelante las objeciones y en priorizarlas en la agenda política de los últimos seis meses. Y eso logró, de paso, que perdiera este tiempo para impulsar iniciativas que Duque había propuesto en su programa. Y si bien en el semestre anterior logró sacar adelante la reforma tributaria, esta salió a los trancazos y muchos especulan que podría caerse por defectos de forma en la Corte Constitucional.

En el último semestre la situación se agravó. Se hundieron la reforma política, una segunda versión de la reforma a la justicia y buena parte de las iniciativas derivadas de la consulta anticorrupción. Es probable que logren salir adelante proyectos como el que establece la conexidad entre el delito político y el narcotráfico, y el que ordena que la justicia ordinaria juzgue los delitos sexuales cometidos en el conflicto armado. Algunos conocedores los consideran inocuos, pues, si se tiene en cuenta que no serán retroactivos y que no hay negociación con el ELN, se da por hecho que la justicia ordinaria seguirá procesando esos delitos; y en el caso de los cometidos por las Farc lo hará la JEP. En otras palabras, nada cambiará.

En el Congreso mismo consideran que la agenda legislativa prácticamente dejó de existir, eclipsada por las objeciones. De hecho, su trámite afectó la gobernabilidad y aumentó la polarización. Tampoco funcionó el pacto que pretendió el presidente en torno a ajustar la dimensión de justicia de los acuerdos de paz. Hubo tantas implicaciones de gobernabilidad que, además de retrasar durante 90 días la discusión de las reformas clave, puso en la cuerda floja al Plan de Desarrollo.

El equipo del Gobierno también salió desgastado con el trámite, hasta el punto de que muchos lo relacionan con la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero (de blanco).

Ese escenario era predecible. Sin mayorías, con la defensa de la paz afianzada en varios sectores y sin considerar la posibilidad de abrir las puertas a la representación política, modificar los acuerdos de paz no iba a ser fácil para Duque ni para nadie. Sin embargo, tan solo proponerlo le servía al presidente para cumplirles a las bases uribistas y a los políticos del Centro Democrático, que siempre han reclamado la victoria del No en el plebiscito.

Sin embargo, el impacto que tenga el haber objetado las normas en la popularidad del presidente no es claro. En la encuesta de Invamer realizada en abril, el 47 por ciento de los colombianos se mostraron en desacuerdo con el trámite de las objeciones. Por si fuera poco, generó una realidad política aún más compleja para el mandatario. En una columna que levantó polvareda, el exvicepresidente Vargas Lleras asumió un nuevo rol. Después de denunciar que el Gobierno estaría repartiendo mermelada en el trámite del Plan de Desarrollo, Vargas se convirtió en el promotor de la coalición tripartita con el Partido Liberal y La U para darles el tiro de gracia a las objeciones. La jugada le salió bien y hasta alcanzó para que Cambio Radical y esos tres partidos decidieran aliarse con propósitos legislativos. Esto, sumado a la oposición, podría constituirse en una aplanadora.

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El Gobierno no pudo sacar adelante las dos grandes reformas que prometió: la de la justicia y la política. La primera se hundió, y retiró la segunda alegando hacerlo porque no incluía las listas cerradas, cuando en realidad prácticamente ya estaba condenada por falta de mayorías. El resultado, de paso, golpeó al gabinete. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, de quien también dependía el trámite de las objeciones, terminó por renunciar. Y la del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aún no ha logrado desplegar su liderazgo.

El Ejecutivo podría contar como una victoria con la aprobación de la ley que busca modernizar las TIC. Sin embargo, a pocos días de que termine esa legislatura, el futuro de la misma aún es incierto.

Quedan tres años de mandato de Duque. Y ya se acabó el primero sin que hubiera luna de miel en el Congreso. El Gobierno sigue insistiendo en su apuesta de hacer reformas estructurales. Y aunque gran parte de la gestión de un presidente depende del Ejecutivo, gobernar sin Congreso resulta casi imposible. Si el presidente quiere aumentar su legitimidad y dar resultados más tangibles, deberá hacer un alto en el camino y pensar cómo hacerlo. No se trata de dar mermelada, pero sí de tener una estrategia para generar consensos y saberlos mover. La tarea no es fácil, pero si no la hace, el golpe que recibió con las objeciones a la JEP anunciará otros más.