Oro, nuevo combustible para la guerra en Colombia: New York Times

El periodista Simón Romero, del New York Times, recorrió varias minas de Antioquia, en donde asegura que la extracción ilegal de oro se ha convertido en una fuente de financiación del conflicto armado en Colombia.
 
El Times publicó un reportaje titulado “En Colombia, nueva fiebre del oro, combustible de un viejo conflicto”.
 
El artículo comienza con una escena de varios militares colombianos que estudian algunos informes de inteligencia que dan cuenta de “dos señores de la guerra con ejércitos privados” que se enfrentan en uno de las zonas mineras de Antioquia por el control de la explotación de oro.
 
A continuación, Romero dice que los militares viajan en helicópteros, “llevando un escuadrón élite armado con rifles de asalto al nuevo frente de la larga guerra de su país: las minas de oro”.
 
El periodista explica que con el auge de los precios del oro, las FARC y las bandas criminales que surgieron de los grupos paramilitares ahora utilizan ese dinero para financiar la guerra. Lo que “pone de relieve la dificultad de acabar con las endiabladas cuatro décadas del complejo conflicto en Colombia”.
 
El periodista aduce que los grupos ilegales están aprovechando las ventajas que dejan otras fuentes de dinero distintas a la coca.
 
El resultado: “una fiebre del oro como no se conoce ninguna en América del Sur, que alimenta la evolución de conflicto y lo mantiene vivo”, explica el reportero del Times.
 
El periodista estuvo en zonas mineras en Caucasia, Antioquia, en donde las retroexcavadoras están acabando con los bosques dejando tras de sí “paisajes lunares”.
 
“Algunas de estas minas pequeñas han existido durante décadas, ecos del frenesí que datan del saqueo de siglos atrás por conquistadores en busca de legendarios yacimientos de oro”, dice el reportaje.
 
Nuevas minas han aparecido con inusitada frecuencia, mientras el crecimiento del precio del oro ha subido al 30 por ciento y llegan “una gran cantidad de buscadores de fortuna, desde las multinacionales hasta campesinos que abandonaron el campo para coger las picas”.
 
El reportero indica que la explotación ilegal de las minas se hace con mercurio, un químico que se usa para separar el oro del barro.
 
“El papel de la guerrilla y de las nuevas organizaciones criminales en la apertura desordenada de nuevas minas ha hecho de Antioquia -el departamento cuya capital es Medellín- una de las regiones más mortales y con el medio ambiente más devastado de Colombia”.
 
Según varios estudios de Naciones Unidas, Antioquia tiene uno de los más altos niveles de contaminación por mercurio. “Se estima que 67 toneladas de la misma se liberan en el medio ambiente del departamento cada año, por cerca de 30.000 mineros que participan en la fiebre del oro”, dice el reportaje.
 
Además, Romero hace un recuento de la violencia que aqueja a la región. Dice, por ejemplo, que los ataques con granadas hacen de Caucasia una de las ciudades con más alto índice de homicidios: 189 por cada 100.000 habitantes.
 
Los ataques se deben a los grupos los Urabeños y los Rastrojos, grupos que “tienen más de 1.200 combatientes en sus filas. Cada uno surgió de los grupos paramilitares que se supone que se han desmovilizado hace años. A veces, estos herederos de los paramilitares han trabajo con las FARC, lo que ilustra la naturaleza post-ideológica de los conflictos de hoy”, explica.
 
“Es difícil para cualquier persona decir esto en voz alta, pero una razón por la que la guerrilla y las bandas criminales se están metiendo en el negocio del oro no es que sea rentable, sino porque se trata de un producto legal”, explicó una de las fuentes consultadas por Romero. "Es una manera de mantener viva la guerra", dijo.
 
El periodista contó que les preguntó a los mineros si sabían que el mercurio “daña el cerebro y el sistema nervioso central”. Ellos se encogieron de hombros. Uno de ellos explicó: 'Ahora es mucho más difícil cultivar coca, debido a la erradicación. Entonces ¿cuáles son mis opciones?'”.
 
También contó que varios de los mineros dijeron que tuvieron que pagar dinero por la protección para trabajar en la mina, pero se negaron a decir qué grupo la controlaba. “Exhibiendo un miedo latente”, dice Romero.
 
Según las autoridades, la mina se encuentra en una zona de disputa entre dos grupos armados ilegales: el de Sebastián Chanci, de los Urabeños, y Luis Enrique Calle, de los Rastrojos.
 
En otro municipio, recuerda el reportaje, 5.000 campesinos salieron a marchar en enero para protestar contra las operaciones militares contra la minería de oro y el cultivo de coca. “Los manifestantes dijeron que aunque las FARC les habían obligado a ir, sus quejas eran reales”.
 
“Los mineros y los consultores de seguridad describen cómo la zona se ha convertido en un bastión de las FARC, con el cobro de tarifas de extorsión con una precisión de un contador: 3.800 dólares al mes por cada retroexcavadora en funcionamiento, 141.000 dólares al mes por el permiso para explotar un determinado sitio, y así sucesivamente”, indicó Romero.
 
El reportaje termina con una declaración de un minero bastante elocuente: “Todo lo que puedo decir es que el dueño de las armas es el que da las órdenes”.