En Santa Cruz, un pueblo construido a las carreras, robándole tiempo a la búsqueda del oro, no hay bandas criminales, ni guerrilleros extorsionando. Quizás la razón esté en que los que fundaron el caserío hace 25 años sobre la ciénaga La Redonda, entre Barranco de Loba y altos del Rosario en el Sur de Bolívar, se unieron y formaron un comité minero, y eso los ha protegido contra el abuso. También, tal vez esté, en que este comité consiguió que le dieran un título colectivo y éste le ha dado legitimidad para reclamar ante las autoridades o para formar alianzas productivas con empresas.
No es que por Santa Cruz no hayan pasado guerrilleros y paramilitares. Muy poco después de que encontraran oro en la finca de Eliserio Salazar y el afán por el oro cundiera como epidemia, llegó la guerrilla a pedir vacuna. A Salazar le pidieron medio millón de pesos, pero él los convenció de tranzarse sólo por 150.000. La guerrilla no molestó más a Salazar pero un día secuestró a tres jóvenes que no habían querido pagarle.
“Nos aglomeramos y fuimos hasta el campamento de los guerrilleros y a la cabeza iban los niños con el inspector de policía, portando una bandera”, le contó a SEMANA, Miguel Arrieta, vocal del comité minero, una asociación de 190 habitantes dueños del único título minero que abarca 400 hectáreas. “Les arrebatamos los secuestrados y les dijimos que se fueran”. Después vinieron los paramilitares y la mayoría salió despavorida, pero retornaron. “No se ha dejado sacar de nadie”, concluye orgulloso Arrieta.
Esto no quiere decir que San Cruz esté libre de problemas. Está en un cerro, que en cualquier momento se derrumba, porque debajo de casi todas sus 600 casas, hay socavones. Las calles son estrechas, y más de 50 bares, billares y prostitutas de fin de semana, compiten por quitarles a los mineros el oro que le arrancaron a los socavones durante la semana.
Además, cada semana llega un nuevo minero informal y abre un socavón sin permiso de nadie. Ahora estos discuten con el Comité Minero, acerca de quién tiene derecho a explotar el oro de la ciénaga de La Redonda. El Comité dice que aunque el título de ellos no llega hasta allá, si se va a extraer oro de allí tiene que ser en beneficio de locales y no de los recién llegados. Ya tuvieron un conflicto hace unos cuatro años pues unas personas extrañas a la región trajeron unas retroexcavadoras para hurgar la laguna y alcanzaron a causar un grave daño ambiental.
El comité no sólo sacó a los excavadores foráneos sino que además consiguió ahora aliarse con la multinacional canadiense Ashmont, y aunque todavía no están produciendo, están realizando las perforaciones desde el año pasado para tener una valoración de la riqueza que hay en el cerro. Como parte del trato, la Ashmont ha construido un colegio, un puesto de salud, una sede social, ha comprado una ambulancia y le ha dado trabajo a 87 socios del comité. Además les está ayudando a reducir el uso del mercurio en la limpieza del oro, algo deseable pues hasta hace poco los mineros estaban usando, en promedio 80 kilos de mercurio al mes. Lo compran en el Banco, donde se vende en tiendas sobre el puerto, sin restricción alguna.
Como muchos pueblos mineros, Santa Cruz tiene entonces problemas por resolver. El más urgente, reasentar a los habitantes que viven en terreno socavado por las minas. El más importante, superar aquello de “ser muy pobres y vivir sobre una enorme riqueza”, como dice el pastor evangélico Narciso Rodríguez, miembro del Comité Minero. Pero al menos, a diferencia de otros pueblos auríferos, sus mineros tradicionales son legales, están organizados y han conseguido impedir hasta ahora que los violentos se les queden allí a arrebatarles sus riquezas.
Tras la mina Gloria
Hasta fines de los años noventa, Pueblito Mejía, hoy un caserío de un poco más de 500 casas, atravesado por una calle, a 37 kilómetros de Barranco de Loba, Bolívar y a tres horas de camino de El Banco, Magdalena, era un pueblo tranquilo de colonos. Entonces llegaron los paramilitares y el 11 de noviembre de 1998 quemaron las 11 casa del pueblo. Pusieron a todo el mundo a sembrar coca, y “el que abría la boca se iba de cajón”, cuenta un viejo habitante del lugar. Dice que ellos tenían una dictadura en el pueblo, y que hicieron del pueblo cementerio.
La fiebre del oro llegó poco después que la de la coca. A quince minutos del pueblo, está la Mina Gloria y la gente llegó por decenas en busca de fortuna. El jefe paramilitar de la época, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ era quien mandaba allí. Cuando éste y sus hombres del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron, dice otro señor, “quedó la raicilla, una nube negra peor que sus antecesores porque no tenían cabeza que los controlara”.
Las bandas armadas causaron 17 muertes en el pequeño pueblo en 2011. Muchas víctimas eran mineros que no les pagaron a la banda de los ‘Urabeños’ la cuota que exigían por el oro que explotaban. En marzo de ese año, 18 familias con sus niños cerraron con candado sus casas y clausuraron los socavones y se fueron para proteger sus vidas. En 2012 no hubo muertos, pero desde entonces la situación ha seguido tensa.
Según le contaron a SEMANA varias fuentes, esta banda criminal quiere sacar de Mina Goria a la familia de Eduard, ‘Canabate’ Vanegas, que la había trabajado por años. Vanegas denunció las extorsiones, y le mataron un primo, Martín Mendoza; hirieron a su hermana Esneda, maestra misionera de la Diósesis de Magangué y le quemaron la casa. “La gente de las bandas está de civil y adentro en la montaña”, dice un habitante. Y otro explica que casi todo el mundo trabaja en las minas y por eso “viven a todo riesgo”. Hay policía y ejército en la zona, pero no han conseguido sacar a los criminales de la mina.