Pacto verde

Desde el aire, el occidente de Boyacá se ve como una tierra fértil, con pequeñas manchas negras y verdes. Las negras son las minas donde cientos de familias escarban la tierra en pos de una esmeralda. Las verdes, los cultivos de coca que empiezan a extenderse en la región. Hasta esta semana, cuando líderes comunales, alcaldes, Iglesia y empresarios de las minas de Pauna, Briceño, Maripí y Tununguá, firmen un pacto para la erradicación manual de las 200 hectáreas de cultivos ilícitos que existen en estos municipios.

Los habitantes de la zona temen que la coca y la amapola hagan naufragar la paz que consiguieron hace 14 años, cuando un pacto de convivencia logró lo que se creía impensable: frenar una guerra entre mafias que duró varias décadas y dejó más de 20.000 muertos.

Los temores no son en vano. En los últimos cinco años se han incrementado las actividades ilícitas en la región. En lo que va corrido del año, la Quinta División del Ejército ha destruido 307 hectáreas de cultivos ilícitos, 29 laboratorios, incautado 114.000 matas de coca, 3.668 galones de insumos para producir droga, decomisado 52 kilos de base de coca, y destruido 10 campamentos guerrilleros. Más allá de los logros militares, estas cifras muestran una avanzada de los grupos ilegales que buscan reconquistar una zona estratégica para ellos, no sólo por su ubicación, sino porque las minas, de donde sale el 90 por ciento de las esmeraldas que se producen en el mundo, son muy atractivas para todos los grupos al margen de la ley.

La intención de los narcotraficantes es aprovechar el negocio de la droga al tiempo que pueden explotar una actividad legal tan rentable como las esmeraldas. La fusión de estos dos explosivos ingredientes fueron justamente los que años atrás desataron una violencia feroz, en cabeza de los capos Gonzalo Rodríguez Gacha y Gilberto Molina.

Pero aunque en estos años han tenido tranquilidad, el desempleo, las desigualdades sociales y el abandono del gobierno están abonando el terreno para el retorno de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, que buscan reconquistar una zona llena de riquezas, pero también de desesperanza. Por eso, la idea del acuerdo es atacar el problema antes que se expanda y sea demasiado tarde para actuar.

La paradoja que viven los habitantes de estos pueblos es que a pesar de su inmensa riqueza escondida en las minas, y de que es una tierra productiva como pocas, casi todos están viendo morir sus pequeños cultivos y se han cansado del rebusque de esmeraldas. La falta de vías y de mercados hace que los agricultores abandonen los cultivos lícitos y se vean tentados a sembrar coca. Los narcotraficantes les ofrecen a los campesinos entre uno y dos millones de pesos en promedio por hectárea de coca o amapola cultivada, mientras que esa misma extensión sembrada en caña de azúcar no vale más de 200.000 pesos.

A los mineros, por su parte, les toca pasar meses o años escarbando entre la tierra botada frente a las minas esperando que algún día se les haga el milagrito y encuentren una esmeralda, así sea pequeña, una 'morralla', la más diminuta y devaluada de las piedras. "Llevo casi seis meses sin encontrar nada", dice Ana González, una mujer de casi 50 años, cuya tristeza se cuela por entre la tierra de su rostro. Otros no son tan pacientes como ella y ante la dificultad de 'enguacarse', es decir, encontrar una esmeralda valiosa que los hiciera ricos en un día, han buscado en la coca y la amapola su redención.

A pesar de que los cultivos ilícitos se han convertido para muchos de ellos en la única manera de conseguir el sustento, el temor a que vuelva la violencia a la región, una violencia de la que todavía tienen vivo el recuerdo, los convoca a apostar a este proyecto de erradicación manual de los cultivos que ellos mismos sembraron en el pasado.

Los promotores del acuerdo esperan que el gobierno los apoye a través de los programas de sustitución de cultivos, de las familias guardabosques y los soldados campesinos. Luis Alfonso Hoyos, director del Plan Colombia y alto consejero presidencial para la Acción Social, asistirá a la firma del acuerdo para enterarse de primera mano de todas las solicitudes de los campesinos, que incluyen obras en vías, salud, educación, empleo y vivienda.

Pero el gobierno no será el único en financiar estas obras. Los grandes esmeralderos pagarán el 10 por ciento. Eso sí, cuando vean que los municipios y el gobierno nacional hayan puesto su parte. "Aportaremos un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de la gente. Falta que el gobierno nos apoye para cortar de raíz este mal", dice Yesid Nieto, vocero de los esmeralderos. Sin embargo el hombre mítico de la región, Víctor Carranza, no firmará el acuerdo.

Para tranquilidad de los habitantes, la Iglesia, como en las ocasiones pasadas, servirá de mediadora en la firma del acuerdo. "Hace 14 años, en el occidente de Boyacá se logró conseguir la paz sin la ayuda del gobierno o comisiones facilitadoras. A la guerrilla la expulsó la comunidad y el Ejército. Con los paramilitares se llegó a un acuerdo para que abandonaran la región. La amenaza que no hemos podido acabar es el narcotráfico", indicó monseñor Héctor Gutiérrez, administrador apostólico de Chiquinquirá.

Todas las condiciones están dadas para que el próximo 27 de abril se firme el acuerdo entre alcaldes, Iglesia, esmeralderos y comunidad para erradicar los cultivos ilícitos. Un acuerdo que se ha convertido en la esperanza de los pobladores para evitar que vuelvan las mafias con su violencia y el terror que a pesar de los años no han podido olvidar.