Aumenta la tensión entre Colombia y Panamá

La decisión del gobierno colombiano de declarar a Panamá paraíso fiscal no solo está escalando a niveles de tensión diplomática, política y comercial con esa nación, sino que ha puesto sobre el centro del debate la política exterior de Juan Manuel Santos frente a los países vecinos.

Ante la polémica la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Ángela Holguín, y el director de Impuestos, Santiago Rojas, viajaron el viernes a Ciudad de Panamá para tratar de llegar a un acuerdo con la vicepresidente y canciller Isabel de Saint Malo. Mientras tanto ese mismo día en Bogotá, los ministros de Comercio de ambas naciones, Cecilia Álvarez-Correa y Melitón Arrocha, también sostuvieron un encuentro.

Aunque la reunión entre las dos cancilleres terminó sin acuerdo, las funcionarias afirmaron que existe el compromiso de los dos gobiernos de seguir adelante con las conversaciones. Holguín dijo que quieren pasar esta página que ha sido compleja para las relaciones bilaterales. El gobierno colombiano insiste en que no le está pidiendo a Panamá nada que otros países no le hayan solicitado.

Los argumentos que sostienen la postura de Colombia no son frívolos. El gobierno de Bogotá usará la declaratoria de paraíso fiscal para combatir la evasión y asegurar que los colombianos declaren sus ingresos y activos globales.

En tiempos de austeridad y con un hueco fiscal grande, que llega a 12,5 billones de pesos, buscar a quienes esconden su dinero en el istmo para no pagar impuestos a la Dian se convierte en una justificada tarea difícil de aplazar.

Pero, a pesar de los anuncios de disposición de llegar a acuerdos de la jefa de la diplomacia colombiana, del otro lado de la frontera el malestar sigue en aumento. El gobierno del istmo, sus gremios económicos y analistas consideran que Colombia hizo un gesto inamistoso con un país que ha sido su aliado, incluso en situaciones tan complejas como la pérdida del mar territorial ante Nicaragua.

Las reacciones en ambas naciones a la decisión de la Casa de Nariño han sido diametralmente opuestas. Mientras en Panamá el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha recibido todo el respaldo de diversos sectores sociales, en Colombia hay una división de opiniones tanto en la clase política como en el empresariado sobre los efectos de esta decisión y sobre si habría sido más conveniente que el país le diera más plazo al istmo antes de adoptar una medida tan drástica.

La polémica provocó la unión en Panamá de diversos sectores políticos que están rodeando al presidente Juan Carlos Varela. Nueve expresidentes, incluyendo Ricardo Martinelli que hoy funge como opositor, señalaron estar dispuestos a apoyar las medidas que decida adoptar el gobierno panameño en defensa de sus intereses nacionales. Asimismo le pidieron a Colombia suspender los efectos del decreto que incluye a Panamá en la lista de paraísos fiscales.

Pero como si no fuera suficiente el malestar diplomático en el istmo contra Colombia, el pasado jueves se sumó otro ingrediente. Dos colombianos resultaron implicados en un tiroteo en inmediaciones de la residencia de la expresidenta Mireya Moscoso, una de las firmantes del manifiesto. Uno de ellos falleció y el otro fue capturado. Según las autoridades panameñas se está tratando de establecer si se trató de un intento de atraco contra el exministro de Gobierno Arnulfo Escalona quien llegaba a su residencia, o si era un secuestro.

La combinación de estos hechos podría crear una ola de anticolombianismo en Panamá, un país donde cerca del 18 por ciento de sus 4 millones de habitantes está conformado por entre 600.000 y 700.000 colombianos tanto legales como ilegales. Como afirmó el excanciller panameño Jorge Ritter, “al final los gobierno se ponen de acuerdo y los resentimientos quedan en los pueblos”.

Entre tanto, varios empresarios con negocios en el istmo expresaron la inconveniencia de esta decisión. Ese es el caso de Bancolombia y Argos, entre otros. También se sumaron gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura.

¿Y Venezuela qué?

La crisis diplomática con Panamá ya empezó a generar otro tipo de repercusiones. Se trata del manejo diferente que el gobierno colombiano les está dando a países vecinos con los que se han protagonizado roces. Es el caso de Venezuela, cuyos conflictos con Colombia son más serios y de tiempo atrás pero a los que la Casa de Nariño trata con guante de terciopelo. Bogotá y Caracas han tenido problemas por el contrabando de mercancías en la zona de frontera, la inseguridad y el hecho de que varios guerrilleros colombianos hayan sido acogidos en esa nación. A ello se suman los tropiezos de los empresarios colombianos para que Venezuela les pague sus deudas por las exportaciones realizadas al vecino país, que ascienden aproximadamente a 300 millones de dólares. De hecho, después de viajar a Panamá, la canciller Holguín estará este lunes en Caracas para expresarle las molestias del gobierno nacional relacionadas con hechos de las últimas semanas.

Por eso en Colombia algunos analistas dicen que a Venezuela, que ha cometido hechos más graves con el país, no la están midiendo con el mismo rasero que a Panamá, país con el que Colombia tiene una mayor relación comercial.

En efecto, la nación centroamericana ahora es su tercer socio comercial después de Estados Unidos y China. Colombia, además, se ha vuelto uno de los principales inversionistas en el itsmo con recursos que llegaron a 3.200 millones de dólares el año pasado. Más de 150 empresas colombianas, entre ellas las grandes compañías como Argos, Nutresa, EPM, Casa Luker, Juan Valdez, Arturo Calle, Corona, Hoteles Decameron, Pedro Gómez, Conalvías, entre muchas otras, están en esa nación.

La banca nacional es la reina con cerca del 26 por ciento del mercado financiero. Un informe del diario La Prensa, de Panamá, reveló que los principales fondos extranjeros que llegan al centro financiero de esa nación son colombianos. Al cierre del segundo trimestre de este año los depósitos de colombianos en Panamá ascendían a 6.549 millones de dólares, cerca del 9 por ciento del total de los depósitos financieros.

Algunas fuentes han señalado, de manera extraoficial, que algunos bancos panameños están llamando a sus clientes colombianos para que retiren sus depósitos antes de que el conflicto siga escalando y el gobierno de Varela adopte medidas retaliatorias. Por otro lado, SEMANA se ha enterado que a algunas empresas colombianas que exportan a Panamá ya les ha reducido los pedidos debido a la zozobra.

En Panamá se habla de poner en marcha medidas de retaliación contra Colombia (Ley de retorsión) entre las que estarían la imposición de aranceles para las exportaciones nacionales, con el mismo porcentaje que Colombia le impuso a las compras procedentes de la zona libre de Colón. Subir del 10 al 33 por ciento los impuestos sobre los giros y remesas de Colombia, pedir visas a los ciudadanos colombianos –cada año viajan al vecino país alrededor de 320.000 nacionales por negocios y turismo–. También se habla de deportar a los miles de colombianos que están ilegalmente y a los presos que están en esa nación. Se propone, además, cancelar el proyecto de interconexión eléctrica con ISA, que demanda inversiones por 450 millones de dólares, y excluir a las empresas colombianas de los procesos de licitación para obras públicas, entre otras medidas.

Más allá de los nobles y necesarios propósitos de la medida, el riesgo de que las empresas y la diplomacia del país pierdan más de lo que ganaría el gobierno colombiano por impuestos, es muy alto. Llegar a un acuerdo con los panameños, que la canciller Holguín ha dicho que es su objetivo y que cerraría este capítulo, es de la mayor urgencia. Por ahora continúan las conversaciones.