Para entender la para-política

Cada vez que Colombia atraviesa un proceso extraordinario de su ya particular realidad, nace una nueva palabra. En los 80 se hablaba de 'narcoguerrilla', y en los 90, de 'caguanización'. Hoy la 'para-política' es el término de moda. Pero, a pesar de estar de boca en boca, es preciso organizar los elementos que expliquen su verdadero significado.
 
¿Se trató de una estrategia de los paramilitares para convertir en cómplices a los políticos? ¿Por qué confluyeron sus intereses? ¿Fue un meticuloso cálculo para apoderarse de las finanzas públicas? ¿De qué les servían a los paramilitares los políticos, y viceversa? ¿Llegar a la política regional era el camino para que los paras consiguieran una negociación con el gobierno?

Estas preguntas motivaron a la Corporación Nuevo Arco Iris, en cabeza del analista León Valencia, a investigar durante dos años el fenómeno. El equipo de investigadores, en su mayoría de la Universidad Nacional, cruzó variables numéricas de acciones armadas con circunstancias políticas, recorrió regiones y realizó entrevistas directas con los protagonistas. Los resultados de esta investigación permiten tener una visión sobre la penetración armada en el poder legislativo que en la actualidad tiene alarmada a la sociedad, y a prueba a las instituciones.

El punto de quiebre

La investigación no puede decir con exactitud el momento ni la razón por la que se empezó a gestar este fenómeno. Pero para la Corporación Arco Iris hay hechos que confirman coincidencias entre la expansión del ejército paramilitar, que entre 1999 y 2003 llegó a 223 municipios en todo el país y se hizo especialmente fuerte en 12 departamentos; y la consolidación en las urnas de los mismos municipios de desconocidos movimientos políticos que aparecieron de un momento a otro con fórmulas electorales que juntaban candidatos tradicionales con otros nunca antes mencionados.

La llegada de estos mini partidos contribuyó a debilitar a los tradicionales, liberal y conservador. No sólo minaron sus bases, sino que les crearon una debilidad mayor de la que ya sufrían por sus propias culpas. Muchos políticos prefirieron el aval de estas singulares siglas (Mipol, Moral, MPU) como la vía mas expedita para mantener su poder, y en la mayoría de los casos los votos les dieron la razón.

La investigación que hace Valencia con Mauricio Romero, un conocido analista del tema paramilitar, atribuye este fenómeno a una especie de resistencia por sobrevivir a la apertura democrática que planteó la Constitución del 91 con la circunscripción nacional para Senado. Para los investigadores, en la pirámide de la política la figura del senador es la cúspide: desde ella emana el poder hacia abajo. Por eso el estudio hizo énfasis en casos de la Cámara alta.

Del cruce de las dos variables -municipios de expansión paramilitar (Ver mapa) y la votación de los nuevos movimientos- se concluye que en las elecciones de 2002 al Congreso llegaron 26 senadores sobre los cuales cabría algún tipo de sospecha. En 2006, este número, según el estudio, habría aumentado en siete más: llegaron a 33, con una votación de 1.845.773 votos que, según cálculos del informe, representan "una tercera parte de la votación para Senado y un punto muy alto en la votación para Presidente".

El estudio es cuidadoso en mencionar que las coincidencias no son prueba de la relación entre políticos y paras. Pero un vocero autorizado de la organización ilegal, Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', les confirmó a los investigadores que sus miembros tuvieron reuniones con políticos para "actuar mancomunadamente en el ámbito electoral" y les hizo un detallado recuento del proceso.

El inicio

El análisis destaca las entrevistas que dio Carlos Castaño a los canales de televisión como un escenario minuciosamente calculado. Para esa época ya los paras sabían que necesitaban defender la existencia de su ejército, la toma de territorios, el narcotráfico y el enriquecimiento personal, y lo hicieron con un discurso contrainsurgente que justificaba estas prácticas como receta para contrarrestar la incapacidad del Estado. 'Báez' se había encontrado con Castaño en un hotel en Bogotá meses atrás y le había insistido en que la unión de todo el movimiento de autodefensa era posible, pero que la motivación de la venganza por el asesinato de su padre a manos de las Farc no era suficiente para montar un proyecto político-militar. Fue así como decidieron, según lo narra la investigación, que éste y Hernán Gómez se dedicaran durante un año a crear un discurso más elaborado y que sirviera de argumento para plantear una negociación política. El resultado fueron las entrevistas de Castaño en televisión, que causaron un impacto enorme.

Pero necesitaban más. Las autodefensas requerían una amplia cobertura política que sólo podrían obtener recurriendo a las elites regionales y empezaron a convertir esos movimientos pequeños en los vehículos para alcanzar el protagonismo en las altas esferas de la política.

El texto utiliza un concepto elaborado por el investigador Edward Gibson, de la Universidad Northwestern University: los "autoritarismos subnacionales", que son la respuesta de las regiones a los signos democráticos del centro. Se crean, dice Gibson, "enclaves autoritarios" en las provincias, que acentúan la antidemocracia y capturan el poder local.

Elecciones de 2002

La investigación estudia las votaciones de 33 senadores, sus movimientos y sus compañeros de lista. Algunos casos ya son conocidos por la opinión pública porque forman parte de investigaciones de la Fiscalía o la Corte Suprema. Otros apenas se han mencionado.

Desde luego, las coincidencias no necesariamente significan que el incremento de una votación por un candidato sólo se puede producir por acción de los paramilitares. Pero en algunos lugares la investigación infiere la sospecha por el inmenso poder que tuvieron las autodefensas en ese territorio.

En Córdoba, por ejemplo, se hace explícita la alianza. El Movimiento Popular Unido llevó al Congreso a Miguel de la Espriella y a Eleonora Pineda, y a Juan Carlos Sinisterra. Y señala que de las listas de este grupo hacían parte David Turbay Turbay, ex contralor, y Rodolfo González García, ambos inhabilitados para ser senadores por haber sido condenados en el Proceso 8.000.

Otro ejemplo es el de Convergencia Popular Cívica, movimiento político que nació en el bajo Cauca antioqueño y todo el Magdalena medio, Caldas y Boyacá. La investigación señala cómo eligió en 2002 la fórmula de Carlos Clavijo al senado y Rocío Arias a la Cámara, y también a Óscar Iván Zuluaga, hoy súper ministro de Uribe, que obtuvo mayorías en Caldas.

La referencia a éste último dio pie para una fuerte arremetida del presidente Uribe contra León Valencia la semana pasada. Valencia sostiene que a su equipo le parece curioso que personas tan diferentes y con distancias territoriales tan grandes terminen en una misma lista. Y se pregunta: "¿qué lazo podía existir entre Carlos Clavijo, un hombre del campo en Santa Rosa, sur de Bolívar, con Zuluaga, un empresario de Caldas?"

El estudio menciona casos como el de Cambio Radial en 2002, que eligió a Jairo Merlano como senador, con Cámara de Muriel Benito Revollo. Los dos hoy están en la cárcel. Y dice que también eligió al senado a Rubén Darío Quintero "con votos en zonas de evidente control paramilitar". Este partido tuvo candidatos en Meta y Casanare, como Miguel Ángel Pérez, quien después como gobernador fue capturado por vínculos con las autodefensas y hoy está preso.

Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira fueron el escenario para el Movimiento de Integración Popular (Mipol), por el cual salieron elegidos senadores Dieb Maloof, Vicente Blel Saade, Luis Vives Lacouture y Mario Salomón Nader. Con excepción del último, todos los demás están investigados por la Corte o han sido separados de las listas uribistas en la famosa purga de febrero de 2006.

Hay casos en los que la corporación Arco Iris se pregunta por qué los que no tuvieron nada que ver, y estuvieron en esas listas, no se percataron de que con su presencia fortalecían un proyecto paramilitar. ¿Buscaron los paras en ellos una cobija para desarrollar su proyecto? Y le deja esta respuesta a la justicia.

Llegó 2006

El año 2006 pintaba un panorama nuevo. Después de un largo camino del proceso de desmovilización y cuando 'su' bancada se había lucido al lograr que los jefes paras echaran discursos en pleno salón elíptico del Congreso y la Ley de Justicia y Paz se había aprobado, llegaban unas nuevas elecciones, y con ellas la pregunta de cuál era el paso a seguir.

Los investigadores cuentan que el debate suscitó una fuerte tensión en las autodefensas. Por un lado, Mancuso, 'Don Berna' y 'Jorge 40' insistían en que el camino ya estaba despejado para formar su propio movimiento político nacional y participar directamente en la política. Por otro, 'Ernesto Baez', Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', insistían en mantener las alianzas con los políticos. Esta última ganó, y se adoptó como estrategia electoral previa al posterior objetivo de presionar la negociación con las elites nacionales.

En las elecciones del año pasado, según los cálculos del estudio, ampliaron su poder en el Congreso, ya que esos pequeños movimientos se fusionaron con partidos más fuertes, y en otros casos gracias a que unieron fuerzas y mantuvieron su umbral, también se llegó el momento en que todo se empezó a enredar. Valencia resume la teoría en el título del último capítulo de la investigación: "El presidente y los parlamentarios les cumplieron a los paramilitares, el Estado no".

Esa referencia al Estado tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional que limitó los beneficios a los paramilitares incluídos en la Ley de Justicia y Paz. Sobre todo en lo referente al delito político que los blinda de la extradición. Gobierno y parlamentarios dieron vueltas para cambiar la situación, pero ningún esfuerzo surtió efecto. Los jefes paras dijeron sentirse traicionados y poco a poco el proceso se fue tensionando, hasta que muchos de ellos hoy día están recluidos en la cárel de Itagüí. Para los investigadores, la poca claridad del gobierno en este proceso hizo que el gavirismo, representado en Rudolf Hommes y Rafael Pardo, se alejara de Uribe y se atrincherara en el oposicionista Partido Liberal.

Lo cierto es que el famoso 35 por ciento de "amigos en el Congreso" del que hablaron en su momento los jefes de las autodefensas Salvatore Mancuso y Vicente Castaño sobre los parlamentos de 2002 y de 2006 pareciera confirmarse con los datos de la investigación. Si en 2002 tuvieron 26 senadores y sus fórmulas a la cámara, y en 2006, 33 senadores y 50 representantes, la suma da 83, que se acerca al 32 por ciento de las 268 curules disponibles.

La conclusión del estudio -auspiciado en su totalidad por el gobierno sueco- es que el seguimiento de las relaciones entre los paramilitares y la clase política fue un ejercicio apasionante pero doloroso, al constatar que al tiempo que se urdía esta trama macabra, por el camino iban quedando miles de víctimas.

El fenómeno se empieza a develar, pero será la justicia la que pronuncie la última palabra.