¿Para qué servirá la Comisión de la Verdad?

Dice un viejo proverbio que la verdad es la primera víctima de la guerra. Por eso una de las columnas vertebrales de los procesos de paz, sobre todo cuando se trata de guerras civiles donde no hay vencedores ni vencidos, es la verdad sobre los horrores cometidos durante el conflicto. Colombia no será la excepción. El jueves pasado el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo para crear una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Este anuncio es importante no solo porque le devuelve un aire de confianza al proceso, y le permite superar su momento más crítico, sino porque saca del atolladero el punto de víctimas que tenía a la Mesa estancada desde hace un año. Redactar el acuerdo tomó por lo menos seis meses dadas las diferencias abismales que había entre las partes.

La verdad no es un tema menor. La guerra es un escenario en el que florecen el engaño y los prejuicios, y estos redundan en ocasiones en exclusiones y odios. Civilizar una sociedad que ha estado sumida en la violencia, como la colombiana, requiere que se genere un reconocimiento colectivo del desastre causado y un rechazo moral a la guerra. Esa es la única manera de superar el conflicto. La construcción de una nación requiere narrativas comunes que permitan crear un destino compartido. Por eso es tan importante, en perspectiva de la historia, este acuerdo.

Esta comisión tiene la tarea de contarle al país qué fue lo que pasó en los 50 años de conflicto; por qué se llegó a esos extremos de violencia; quiénes fueron los más afectados; y qué grupos fueron responsables.

La idea es que los involucrados en las peores atrocidades, sea directa o indirectamente, reconozcan lo que hicieron, y que eso sirva para dignificar a las víctimas, para garantizar que no se repita y seguir adelante. Su funcionamiento será una catarsis colectiva, ya que no se trata de una investigación académica sino de un proceso social y político que se pondrá en marcha, como el resto de lo acordado en Cuba, cuando se firme la terminación de la guerra y las FARC ya no estén en armas. No antes, como han dicho algunos miembros de la oposición.

La tarea no será fácil. La experiencia internacional es más bien desalentadora. Estas comisiones suelen tener todo tipo de resistencias y, en muchos casos, exacerban la división política. En Colombia, donde el proceso de paz ya es un factor de polarización, la comisión tendrá que remontar más de un obstáculo. Uno de ellos es que el conflicto colombiano es excepcionalmente largo y enmarañado, y por tanto la comisión deberá priorizar y enfocarse en periodos y hechos específicos.

El mayor desafío de las comisiones de la verdad es que logren tener la suficiente legitimidad en contextos de sociedades divididas y heridas por años de conflicto. Esta legitimidad depende en buena medida de quiénes la conforman y cómo se eligen. En La Habana se decidió que estará conformada por 11 personas de reconocida independencia, de las cuales tres pueden ser extranjeras, y que serán elegidas por un comité acordado entre las partes para un periodo de tres años.

El presidente de la comisión será nombrado de común acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, y ese es un punto crítico, pues de la credibilidad que tenga el personaje depende en buena medida el éxito del trabajo. Así como, por ejemplo, en Argentina fungió como presidente el escritor y humanista Ernesto Sabato, de incuestionables credenciales éticas, y en Chile fue el también respetado político Raúl Rettig, es por su nombre que se conoce mundialmente el informe; en Kenia su presidente tuvo que renunciar cuando surgieron denuncias serias que lo involucraban en violaciones de derechos humanos.

El otro problema que suelen tener estas comisiones es su relación con la justicia. Por naturaleza no pueden tener efectos judiciales. De lo que se trata es de establecer una verdad sin más ambiciones, y eso ya es un reto enorme.

Uno de los grandes logros alcanzados la semana pasada por las FARC y el gobierno es que, de común acuerdo, dijeran que esta es apenas una de las patas de una mesa que tiene otros soportes que son esenciales para ponerle fin a la guerra: justicia (tribunales especiales y penas alternativas) y reparación. Es decir, la comisión no reemplaza la justicia, sino que va por otro carril, pero aún no se sabe si debe ser secuencial, primero verdad y luego justicia, o simultánea. Pero de que habrá justicia ya no queda duda, pues así quedó suscrito en el acuerdo.

¿Qué implica que sea extrajudicial?

La única manera de que una comisión de la verdad sea viable es que no tenga efectos judiciales. Esto garantiza que la gente tenga menos temores a dar testimonio –sean víctimas, victimarios o cómplices de estos– y que su relato no lo incrimine ni le genere amenazas o riesgos personales.

El carácter extrajudicial significa que nada de lo que allí se diga será usado como prueba contra nadie en los tribunales. Y que la concurrencia es voluntaria. Es decir, que la comisión no puede obligar a nadie a dar su testimonio. Sin embargo, Humberto de la Calle aclaró que el gobierno considera que quienes vayan a ella pueden recibir beneficios judiciales, algo que aún no está acordado entre las partes.

En ese escenario, los máximos responsables de hechos muy graves pueden contar la verdad y obtener beneficios en sus juicios; y quienes tienen delitos de menor gravedad y aspiran a que la justicia no los persiga más también podrían hacerlo.

Este punto es especialmente sensible dado que en el acuerdo se habla de personas que directa o indirectamente han estado involucradas en el conflicto. El fiscal Eduardo Montealegre ha dicho que en la Fiscalía hay investigaciones preliminares sobre 13.000 personas que pudieron haber sido cómplices de los paramilitares, y que si son juzgados por el sistema ordinario tendrían penas mayores de las que han tenido por ejemplo el Alemán, o las que tendrá Timochenko.

La cifra depurada habla de por lo menos 8.000 personas, pero va a crecer cuando se conozcan los hechos relacionados con las FARC, y allí pueden aparecer desde empresarios que financiaron a las AUC, hasta campesinos que le sirvieron de apoyo a la guerrilla en la logística.

Ahora, que la verdad no tenga implicaciones judiciales no quiere decir que sea inútil, o que vaya a haber impunidad.

Es útil porque la verdad en sí misma es una manera de reparar a las víctimas y de cerrar heridas, en la medida que haya comprensión de la compleja trama que hay detrás de una larga violencia.

Y no implica denegación de la justicia. Si algo ha enseñado la experiencia internacional es que la verdad no puede acompañarse de amnistías o de fórmulas de perdón y olvido porque eso tarde o temprano se revierte. Así ha ocurrido en Sudáfrica, Guatemala y Argentina, entre otros.

Responsabilidades colectivas

Algunas comisiones de la verdad, como la de Argentina, se ocuparon de caso por caso, y en El Salvador fueron señalados responsables individuales. En Colombia será diferente.

A la comisión se le ha dado el mandato de que se concentre en “prácticas y hechos que representen graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, sobre todo los que representen o sean de carácter masivo”. Es decir, buscará entender los contextos que hicieron posibles el cometimiento de hechos atroces como las masacres, los falsos positivos, el desplazamiento, la violencia sexual, el secuestro o la desaparición forzada.

Muchas víctimas querrán que cada caso individual tenga una respuesta en la comisión lo cual será literalmente imposible, dado que esta solo durará tres años y no alcanzará a resolverlo todo. Al atribuir responsabilidades tampoco podrá hacerlo en forma personal o particular sino deberá referirse al colectivo, llámese FARC, Estado o gobierno.

Esto, aunque es controvertido, puede no ser tan grave. Hay que tener en cuenta que la comisión no partirá de cero. El proceso de Justicia y Paz, bajo el que fueron juzgados los paramilitares desmovilizados, a pesar de sus imperfecciones ha arrojado verdades sobre lo ocurrido con las AUC, sobre todo en Antioquia, Córdoba y la costa Atlántica. También informes previos como el Basta ya, del Grupo de Memoria Histórica, publicado hace dos años; y el propio documento elaborado por la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, entregado por 14 intelectuales a la Mesa de La Habana en febrero pasado. Así mismo, hay decenas de informes de ONG muy respetables –como el Cinep o la Ruta Pacífica de las Mujeres– que han documentado las violaciones de derechos humanos.

Y al fin ¿para qué?

Las comisiones de la verdad siempre están pensadas en clave de reconciliación, y parten de la premisa de que si se conoce la historia es más difícil que esta se repita. Eso ha sido cierto en algunos lugares y tiempos, como el mencionado de Sudáfrica o El Salvador donde la guerra como tal es cosa del pasado.

En otros casos han servido al reconocimiento de un conflicto al que la sociedad le da dificultad aceptar y entender, como ocurrió en Perú con la guerra insurgente, o en Guatemala donde se desconoció el genocidio maya.

En el caso de Colombia, una tarea muy importante del acuerdo es que haya reconocimiento de responsabilidades en el conflicto. En esa materia el país está mal. En general, quienes están al centro o la derecha le atribuyen mayor culpa sobre el conflicto y sus desastres a la guerrilla; y quienes están más a la izquierda culpan al Estado y los paramilitares. También es frecuente que se nieguen hechos muy graves como los falsos positivos, o que la gente del común no se interese por un tema que afecta tan profundamente la esencia de la Nación.

Por eso el objetivo de esta comisión tendrá que ser ofrecer una narrativa que pueda contarle a una parte del país qué fue lo que pasó, y que sea tan rigurosa que nadie pueda exhibir prejuicios frente a ella. Eso se logra en la medida en que sea independiente, técnica y que escuche a todo el mundo, especialmente en las regiones.

Este es un aspecto crucial. El conflicto ha roto la vida de los territorios y es allí donde con mayor facilidad resurge la violencia, en torno a los problemas sociales y políticos.

Esto se hará con audiencias públicas, recogiendo la experiencia de Sudáfrica donde hubo un proceso masivo de audiencias, muchas de ellas transmitidas por televisión en horario prime time, en las que se escuchaba a víctimas y victimarios.

Allí, sin embargo, la falta de justicia y de reparación ha hecho retroceder los logros de la Comisión de la Verdad. Por eso el acuerdo del gobierno y las FARC plantea que la verdad hará parte de un sistema integral de justicia y que las víctimas son el centro. Le da peso a la convivencia y la restauración del diálogo social y la confianza entre las comunidades. “La verdad es el puente entre la convivencia y la construcción de la paz”, dice el comisionado Sergio Jaramillo. Esto es innovador pero también un gran desafío.

Las dudas

Ahora, si bien todos los expertos coinciden en que lo que quedó en el papel es excelente y adecuado para la realidad colombiana, también hay que señalar las dudas y vacíos que ya empiezan a surgir.

Las propias FARC señalaron el primero y tiene que ver con los archivos. La guerrilla viene insistiendo en que se desclasifiquen los documentos secretos de inteligencia que contengan información sobre violaciones de derechos humanos.

En el acuerdo quedó consignado que el gobierno facilitará toda la información que necesite la comisión pero no habla de archivos. El gobierno cree que las leyes de inteligencia y transparencia son suficientes para ello. Este punto es crítico porque la falta de acceso a archivos puede hacer imposible el trabajo de una comisión de la verdad.

Una segunda duda es si la concurrencia es voluntaria. Por supuesto, quienes tienen líos con la justicia podrán acudir en búsqueda de beneficios. Pero quienes han pasado de agache no tienen incentivo para contar la verdad. Y en Colombia hay mucha gente cuyo papel en la guerra sucia se desconoce hasta hoy.

Otra duda gruesa que hay es el actual clima de escepticismo que reina en el país. El éxito de una comisión de la verdad depende de que cada uno ponga su mano en el corazón y cuente lo que sabe sobre los horrores de la guerra. Se necesita un consenso amplio, no solo sobre la paz sino sobre las virtudes de recabar en el paso, en los hechos dolorosos, y reconocerlos como algo nefasto, y no como algo heroico o impuesto por la realidad que es lo que piensan las FARC y los militares.

Finalmente, el mayor riesgo que tiene la Comisión de la Verdad es que genere demasiadas expectativas. La verdad es una palabra muy grande y ambiciosa, a la vez que algo difícil de alcanzar. Quienes saben del tema sugieren advertir que lo que puede dar una comisión de esta naturaleza es la verdad de los comisionados que hacen parte de ella, y que no es una Biblia, ni un dogma.

Tampoco se puede pedir lo que no dará. La comisión no dará justicia, aunque sí una dosis importante de reparación, y no podrá consolar el dolor de cada colombiano que ha sufrido en la guerra. La propia verdad que pueda alcanzar puede ser limitada.

La comisión, en definitiva, brinda la posibilidad de una catarsis colectiva, de construir un mínimo acuerdo sobre el pasado, y de empezar a ver cómo se crea el ambiente para vivir en un país sin guerra.

Experiencia agridulce

Sudáfrica. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fue creada en 1994 para garantizar la transición del apartheid a la democracia. Se realizaron audiencias públicas en las que participaron 22.000 víctimas, de las cuales por lo menos 2.000 fueron escuchadas por radio y televisión. Aunque en su momento le hizo un gran aporte a la reconciliación, hoy las víctimas se quejan no solo de que no hubo suficiente verdad, sino que no hubo justicia y reparación.

El Salvador. La Comisión de la Verdad fue un mandato de los acuerdos de paz de 1992. Duró 26 meses y produjo un informe conocido como De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador, que señaló a un grupo de responsables, pero sin consecuencias judiciales.

Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación trabajó durante tres años y estudió el periodo que comienza con Sendero Luminoso en 1980 y termina con Fujimori en 2000. Hubo audiencias para escuchar a las víctimas, pero mucha desconfianza. La mayor queja es que no tuvo efectos reparadores sobre las víctimas.

Chile. En 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para esclarecer los crímenes de la dictadura y aportar a la reconciliación. No tuvo efectos judiciales.

Guatemala. La memoria del silencio es el nombre que la Comisión de Esclarecimiento le puso al informe sobre la guerra en ese país. La comisión fue creada en el marco del acuerdo de paz y su mandato era muy estrecho. Dado que prácticamente no hubo transición política, las víctimas no querían hablar y el gobierno se negó a dar información. Paradójicamente, se considera una comisión exitosa porque pudo explicar el origen y degradación de la guerra. Especialmente demostró que hubo un genocidio contra el pueblo maya.