Demandan adopción de pareja de lesbianas

El director de la Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, interpuso su cuarto recurso jurídico en contra de las uniones homosexuales. El turno en esta ocasión es de una pareja de lesbianas de Medellín que busca que les sea reconocida la adopción de la hija biológica de una de ellas. Bajo el argumento de que la ley no faculta a estas parejas para adoptar, el abogado califica su eventual aprobación como una “vulneración de los derechos de los menores”.

La solicitud proviene de una madre quien tuvo una niña por fertilización in vitro en Alemania y busca que a su pareja se le otorgue el derecho de adopción de su hija.

En un comunicado, Suárez expresa que “…no los faculta la Constitución y no es lo que está en la sentencia de la Corte la C-577. El único competente para legislar sobre las uniones homosexuales y la adopción es el Congreso. No puede la Corte Constitucional, por vía tutela, modificar la Constitución y la Ley”.

Sin embargo, el senador Armando Benedetti opina que “estas personas no entienden que hay que legislar para los que no son religiosos. La tutela se acepta cuando se le ha vulnerado un derecho al demandante y aquí eso no ha pasado”.

Benedetti elevó una denuncia contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una presunta falta de protección a las parejas del mismo sexo: “se están desconociendo sistemáticamente los derechos de esas minorías que están amparados en la Constitución, sobre todo el 13. Aquí lo que hay es persecución y discriminación contra la comunidad LGBTI”.

Alejandro Michells, abogado y asesor del Senador, afirma que la solicitud de adopción de la pareja ya está en la Corte Constitucional: “esa petición se llevó a cabo porque es una adopción con consentimiento. En las otras tres tutelas (que Marido y Mujer ha interpuesto) se alega que se viola el derecho al debido proceso porque, supuestamente, (los jueces) se están extralimitando, pero la sentencia C-577 de 2011 de la Corte reconoce a las parejas del mismo sexo”.

Al respecto, Suárez anunció que de seguirse realizando estas uniones,“se va a pedir la intervención de la justicia internacional”, a lo que Michells responde que “en este país, todo el mundo tiene derecho dedemandar a quien quiera; nosotros también hemos demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la justicia es la que falla”.

“La tutela no es el mecanismo idóneo para anular matrimonios ...La Corte Constitucional dijo que si no había legislación nal respecto, las parejas pueden solemnizar su unión”, afirma Michells y agrega que “lo que hay detrás es la Procuraduría con todo su andamiaje como lo de mandarle misivas a los notarios”.

La Fundación Marido y Mujer ha interpuesto tres demandas contra el mismo número de uniones bajo la denominación de matrimonio, entre ellas una en Bogotá, Cali y otra en el municipio de Gachetá (Cundinamarca), última con el propósito de anular el matrimonio civil entre Elizabeth Castillo y Claudia Zea el cual sigue vigente luego de que el Juez de Familia de ese municipio dictaminara que la tutela interpuesta por la Fundación era improcedente ya que la organización “no tiene interés legítimo en ningún matrimonio civil como para exigir su anulación en un proceso jurídico”.

La concejala de Bogotá Angélica Lozano afirma que este tipo de recursos son “un atentado contra la democracia y la separación de poderes. No sólo están en juego los derechos de la comunidad LGBTI sino de la sociedad. Es una persecución fanática basada en unas visiones religiosas a las que tienen derecho, pero con las cuales no deben obstruir la justicia ni los derechos civiles de los colombianos que son diferentes a ellos”.