JUDICIAL
Hollman Morris ¿podría estar en apuros?
La Personería de Bogotá adelanta una investigación contra el comunicador por presuntas irregularidades en un contrato para programas de televisión.
Al alcalde de Bogotá Gustavo Petro le quedan pocos días para terminar su mandato, y la recta final de su gobierno ha estado marcada por las críticas a su gestión y por su intento de mantener vigente su proyecto político. Su principal carta en las elecciones se reduce a una lista de candidatos al Concejo, cuya cabeza, Hollman Morris, su mayor escudero como gerente del Canal Capital, no ha estado exento de críticas.
Morris pasó de ser un reconocido periodista investigativo, que se peleó públicamente con Álvaro Uribe, a gerenciar desde febrero del 2012 el Canal Capital, que es patrimonio del Distrito. Más allá del giro que les dio a los contenidos del canal público, su gestión estuvo envuelta en polémicas, pues se le acusó de utilizar dicho medio para convertirse, casi que de la noche a la mañana, en político. Intentó ser el heredero de Petro para la Alcaldía, pero tuvo que resignarse a pelear algún escaño en el cabildo capitalino.
Esa aspiración se podría ver afectada si la Personería de Bogotá formula cargos por una investigación que adelanta en su contra por los contratos que firmó mientras fungió como gerente del canal público. Esa investigación, según fuentes de la entidad, avanza a pasos agigantados.
A Morris se le cuestiona la contratación para un programa de televisión que diera cuenta del trabajo de los concejales de la ciudad. Para ello, propuso y luego contrató con la Secretaría de Hacienda 140 programas televisivos. En el Contrato 177 de 2012 se establecieron la preproducción, la producción y la emisión de los programas de media hora cada uno, todo por un valor de 950.000 millones de pesos.
Pero, al parecer, el exgerente cometió un error al subcontratar la realización de estos programas en favor de otra entidad, en este caso Rafael Poveda Televisión, cosa que estaría prohibida y en la que la Personería busca determinar su responsabilidad.
A eso se suma que la subcontratación se realizó por un valor inferior al pactado, 541.800 millones de pesos, el 43 % menos de lo acordado con la Secretaría de Hacienda.
En un derecho de petición respondido por la Personería al concejal Javier Palacio, quien en su momento denunció a Morris, el ente de control informó que el proceso estaba en cierre de investigación, es decir, que está a punto de tomar una decisión, proferir un auto de archivo o de cargos.
No parece claro el panorama para Morris ya que en una visita fiscal cuyo informe fue entregado en noviembre del 2013, la Contraloría determinó que “sí existió subcontratación parcial” del contrato. Ese ente envió el hallazgo a la Personería de Bogotá para que investigara.
En una comunicación de Canal Capital a la Contraloría, esta informó que no se realizó subcontratación, “se buscó un apoyo técnico, pero nunca se delegó el 100 % de la operación”.
Ya la Personería remitió a la Procuraduría General otras dos investigaciones también relacionadas con contrataciones cuando Morris fue gerente del canal capitalino. Se trata de viajes realizados en el 2013 a Brasil y La Habana. El otro tiene que ver con las presuntas irregularidades para la selección de jefes de control interno.
Descargo
En diálogo con Semana.com, Morris dijo que la información que tiene es que las investigaciones se han venido archivando. Además señaló que sus actuaciones como gerente de Canal Capital son públicas y los libros están abiertos.
“Yo contraté como gerente, como me lo ordena la ley en un negocio que se llama televisión, en una empresa mixta: privada y pública, que es pública pero que puede operar bajo el régimen privado de contratación… ahí está la trampa”.
Dijo que el concejal Javier Palacio, quien solicitó el derecho de petición para averiguar sobre su caso, le hizo varios debates y que no le encontró nada, “tiene una fábrica de titulares que no pudo demostrar”.
¿Qué le espera a Morris? De encontrarse responsable, el Código Único Disciplinario establece sanciones que pueden ir hasta la destitución y hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos.