El otro recurso de Petro para quedarse en el cargo

Desde el momento en que se conoció la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inició la batalla jurídica por evitar que el mandatario capitalino salga de su cargo. Este jueves la lucha de los abogados de Petro llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

Julio César Ortiz, abogado del alcalde, radicó ante dicha corporación una acción de tutela en la que se alega que se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al ejercicio de los derechos políticos y a la honra y buen nombre de Petro con la determinación tomada desde el Ministerio Público.  

Según la tutela, en el proceso disciplinario que se le adelantó a Petro “se aportaron y solicitaron pruebas, de las que la Procuraduría negó varias fundamentales para el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción, como testimonios y material probatorio documental, decisión que fue oportunamente recurrida sin que la Procuraduría corrigiera su error”.

 

A Petro se le vulneró la presunción de inocencia y el principio de imparcialidad durante el proceso adelantado por el Ministerio Público, según el abogado del alcalde. 

 

“Creemos que se ha violado el debido proceso del derecho de defensa y unas vías de hechos por parte del procurador. Crememos que no tiene competencia para destituir al alcalde. Esa competencia es asignada por la Constitución a la Presidencia de la República y desde luego las funciones disciplinarias del procurador deben ejercerse dentro del marco y la Constitución y la ley”, dijo el abogado. 

La tutela está encaminada directamente a reversar la sanción de la Procuraduría en contra de Petro y de esta manera el mandatario pueda continuar al frente de su cargo por los dos años que le quedan en el Palacio de Liévano. 

“La suspensión de la decisión del procurador antes de que quede en firme, para evitar precisamente el desconcierto general de la sociedad colombiana y aún el de los países amigos, que no existe ninguna relación entre tres días de reguero de basura y 15 años de muerte política a un jefe elegido políticamente por la sociedad”, indicó.    

En la acción de 66 páginas, que según el abogado espera sea resuelta en pocos días debido a la complejidad del tema, se indicó que el procurador general Alejandro Ordóñez se salió de sus funciones y que su poder no es judicial. 

“La Procuraduría no dicta decisiones judiciales como inclusive a unos altos dignatarios del Estado han entendido, es una decisión administrativa y para que se pueda cumplir la destitución de un alcalde de la capital de la República, sede de los poderes públicos del Estado debe solicitarlo al presidente que lo haga, no puede haber una destitución directa de parte del Procurador”, señaló.

Ortiz dijo que lo que buscan es ahorrarle una nueva afectación a la ciudad, que inclusive podría llegar a ser más lesiva que el propio caos que causó el cambio del esquema de recolección de basuras. 

“La idea nuestra es que las consecuencias de la decisión del procurador son catastróficas, dañinas y perjudiciales para la sociedad colombiana. Es buscar un espacio de reflexión para evitar que este tipo de consecuencias le causen más daño que el que causó el proceso de tránsito de un proceso de concurrencia de concesiones a un sistema de operador público único”, dijo.

Mientras esto ocurría, el abogado dijo que sobre el medio día de este jueves Gustavo Petro se reunirá con el fiscal general Eduardo Montealegre para entablar una denuncia en contra de la determinación de la Procuraduría. 

Diferentes abogados defensores de Derechos Humanos anunciaron que denunciarán ante la Fiscalía al procurador General Alejandro Ordóñez por la destitución e inhabilidad contra Petro, por los delitos de prevaricato por acción agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario y abuso de función pública. 

Jorge Molano, uno de los abogados que lidera la iniciativa, indicó que la acción que será presentada además ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, se basa en una presunta extralimitación de las funciones del procurador.

“Estamos elevando estas acciones por cuanto consideramos que el señor Alejandro Ordóñez con los actos que ha venido realizando en el ejercicio de su función, ha incurrido en los delitos de prevaricato por acción agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario y abuso de función pública”, dijo.