Consejo Nacional Electoral bajo sospecha

El pasado jueves, cuando el Consejo Nacional Electoral entraba en la recta final para definir el pleito por la Convención del Partido Conservador, tres abogados allegados a Marta Lucía Ramírez recusaron a siete de los nueve magistrados encargados del veredicto. El exmagistrado Jaime Arrubla; el abogado Camilo Gómez, fórmula vicepresidencial de los conservadores, y el exviceministro Miguel Ceballos pidieron que los magistrados se apartaran de la decisión por considerar que el ‘arbitro’ de las elecciones no era imparcial.

No sólo han sido los conservadores. Los uribistas también se quejaron por no haberles permitido usar la foto y el apellido del expresidente Uribe como logo del Centro Democrático, cuando en las elecciones del 2006 y del 2011 Enrique Peñalosa y Gustavo Petro sí pudieron hacerlo.

Por los lados del Polo Democrático, Clara López los señaló de haberse apegado a la letra menuda de la ley para impedirle a la oposición los anticipos para la campaña que el Estado debe girarles a los partidos para financiar sus campañas políticas. 4.200 millones de pesos le corresponden al Polo, pero al ver que no se los giraban, la jefa del partido preguntó: “Si no nos permiten el anticipo, ¿cómo podemos enfrentar a los partidos que están financiando sus campañas con tres billones de mermelada?”.

El senador petrista Jorge Guevara los entuteló por revocarle el aval de la Alianza Verde como candidato al Senado. Argumentó que el CNE se atribuyó competencias que no le correspondían. Lo mismo dicen Marta Lucía y el procurador luego de que el tribunal aceptó la impugnación a la convención conservadora. Y Juan Lozano aún no ha recibido respuesta a la impugnación a la asamblea de la U en la que se proclamó a Juan Manuel Santos como presidente candidato.

Han sido varias las decisiones del árbitro electoral que han sido cuestionadas, sobre todo por los efectos políticos que han tenido entre los sectores de oposición a la reelección de Juan Manuel Santos. Por eso han insistido en repetidas ocasiones que en el CNE no haya garantías y han insinuado que sus decisiones tengan sesgos políticos.

En el fondo de la recusación, los allegados de Marta Lucía Ramírez sugieren que el CNE está controlado por los partidos que han hecho alianza para reelegir a Juan Manuel Santos, y que sus decisiones quieren favorecer esos intereses, como podría ser el de tumbar la candidatura presidencial de los conservadores.

Según la ley, el CNE está integrado por nueve magistrados que son postulados por los partidos políticos dependiendo de su representación en el Congreso, y es este mismo organismo el encargado de elegirlos. Esta forma de elección ha sido cuestionada por los partidos que se declaran en oposición al gobierno, pues si no tienen una representación significativa en el Congreso, no tienen opción de tener asiento en el tribunal electoral.

Hoy el tribunal que debe dar garantías en las elecciones está controlado en el 80 % por los partidos que están con la reelección. De los nueve magistrados, tres son del Partido de La U: Pablo Gil de la Hoz, Óscar Giraldo y Luis Bernardo Franco. Dos son liberales: Joaquín José Vives, un excongresista y miembro de una de las casas políticas más poderosas del Magdalena, primo de Luis Eduardo Vives Lacouitire, condenado por parapolítica, y Emiliano Rivera, quien fue secretario de la Comisión primera de la Cámara, donde se incluyeron algunos de los micos que finalmente dieron al traste con la reforma a la justicia. Dos son del Partido Conservador: Nora Tapía, a quien se asocia con el grupo político de Fabio Valencia Cossio, y Juan Pablo Cepero.

Las otras dos plazas son las de Yolima Carrillo, de Cambio Radical y cercana al clan político del cuestionado gobernador ‘Kiko’ Gómez, y la de José Joaquín Plata, quien representa a Opción Ciudadana (antiguo PIN) y quien se vio salpicado en el intento de fraude de las elecciones atípicas de gobernador del Valle.

Ese origen político del CNE fue cuestionado recientemente en un estudio del PNUD sobre la organización electoral colombiana, y en un documento titulado "Proyecto Integral para la Modernización del Sistema Electoral Colombiano". Allí se advirtió que el simple hecho de que los miembros del Consejo sean nombrados con base en las propuestas presentadas por los grupos políticos “implica que estos delegados adquieran compromisos con sus partidos, lo cual, por lo menos, dificulta que ejerzan sus funciones de manera absolutamente imparcial”.

El exmagistrado del CNE Antonio Lizarazo dice que por la forma de elección se convierte en un órgano de representación política y como se trata de un árbitro de los procesos políticos, que esté integrado por representantes de algunos jugadores produce cierta sospecha sobre decisiones y una pérdida de credibilidad en su forma de actuar”.

Y una de las principales funciones del CNE es precisamente hacer el escrutinio de las elecciones. Una resolución de este tribunal se arrogó la facultad de traerse los votos de las regiones a la capital y allí adelantar los escrutinios en caso de presentarse algunas impugnaciones. Por eso hay una máxima que dice que las elecciones se ganan es en el escrutinio del CNE y no en las urnas. Así las cosas, con el actual diseño de este tribunal, cuando un partido elige a un miembro lo que está eligiendo es alguien que le cuente sus propios votos.

Es por eso que se ha abierto el debate alrededor de reformar el CNE. La principal propuesta es despolitizar la elección de sus magistrados. Miguel Ceballos, exviceministro del Interior, asegura que un modelo que se podría adoptar es el de Costa Rica, en el que el tribunal lo conforman tres magistrados y estos son postulados por méritos a través de las altas cortes. Esto con el propósito de independizar al organismo de los partidos políticos.

El PNUD, en el mencionado documento, señala que lo ideal sería crear un verdadero poder electoral, independiente de los partidos políticos y con facultades judiciales, que garantice la transparencia de las elecciones para todos los partidos. Para ello, sugieren que sus magistrados fueran elegidos a la manera de los miembros de la Corte Constitucional, mediante un procedimiento en el que intervengan organismos políticos y judiciales, con el objeto de morigerar la influencia política en los nombramientos.

Sectores del Polo Democrático, como el senador Jorge Robledo, han insistido en que se debe garantizar la presencia tanto de la oposición como de los partidos minoritarios, según el actual diseño constitucional del organismo, estos sectores políticos no tienen presencia en el tribunal encargado de ofrecer todas las garantías en las elecciones.

Esta reforma sería uno de los capítulos que el próximo Congreso  deberá atender, toda vez que actualmente el CNE, el que debe regular a los partidos políticos, se ha convertido en un órgano cuya imparcialidad se ha cuestionado.