Un coro de voces pide revocar a los magistrados

El 11 de enero de este año, el abogado Ramiro Bejarano en su columna de 'El Espectador' propuso revocar a los magistrados de las altas cortes. En un artículo titulado ‘Revocatoria judicial’ sostenía que “la Justicia colapsó y más que una reforma se necesita una revolución”.

La propuesta no tuvo mayor eco en ese momento cuando el país se estaba apenas recuperando de las fiestas de fin de año. Sin embargo, la semana pasada, curiosamente los dos diarios de mayor circulación del país, 'El Tiempo' y 'El Espectador', sorprendieron al respaldar la osada propuesta.

Los dos periódicos, en sus editoriales, tras hacer un balance de los escándalos que han salpicado a las altas cortes por clientelismo, tráfico de influencias y decisiones amañadas, pidieron abiertamente revocar a los magistrados. “Las altas cortes padecen un cúmulo de males que es urgente subsanar”, señaló el editorial de 'El Tiempo'. Y añadió: “Si en el futuro inmediato no asoma un propósito serio de enmienda, lo siguiente sería allanar el camino (…) para revocar el mandato de todos los integrantes de las altas cortes”.

Por su parte, el editorial de 'El Espectador' advirtió: “El país asiste estupefacto a los recurrentes escándalos que se suscitan en las salas plenas de las corporaciones”. Y remató diciendo: “Llegó la hora de que el país se sacuda y adopte como solución a este gravísimo cáncer la revocatoria de todos los actuales magistrados de las altas cortes”.

No es común que los editorialistas en Colombia hagan propuestas tan drásticas como esta y menos aún que en ella coincidan los de los dos diarios de mayor influencia en el país. Esa sintonía refleja a su vez la preocupante falta de confianza de los colombianos en la Justicia: tres de cada cuatro colombianos no creen en ella, según recientes encuestas.

La petición, a primera vista, no es exagerada si se tiene en cuenta el calibre de los escándalos en los que se han visto envueltos en los últimos dos años algunos magistrados. Esta revista ya había prendido las alarmas, en junio pasado, con una portada titulada ‘La crisis en la cúpula de la Justicia’, en la que advertía sobre los líos de los togados que en ese momento ya escandalizaban al país.

La gota que rebosó la copa en ese entonces fue el famoso crucero de placer que tomó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, acompañada de siete magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que aspiraban a ser elegidos en alguna de las altas cortes. En ese entonces, se llegó a hablar no solo de un posible tráfico de influencias sino también quedó al descubierto una feria de permisos en las altas cortes. Cabe anotar que uno de los siete magistrados ya fue elegido en la Corte Suprema.

También para ese entonces estaba caliente el escándalo del carrusel de pensiones en el que magistrados del Consejo de la Judicatura como Julia Emma Garzón y Henry Villarraga les daban a jueces a punto de jubilarse ‘palomitas’ como auxiliares en las altas cortes para multiplicarles abruptamente sus mesadas pensionales. Hoy Garzón sigue como magistrado y el escándalo se mantiene en la impunidad. Villarraga, por su parte, solo se vio obligado a renunciar luego de otro escándalo, el de las conversaciones con el coronel Róbinson González del Río en las que quedó muy mal parado.

La Corte Constitucional, que parecía blindada para este tipo de líos, terminó también en el ojo del huracán por la polémica elección de Alberto Rojas Ríos como uno de sus nueve magistrados. Los medios publicaron evidencia de que Rojas Ríos evadió impuestos y celebró su elección con una exsenadora procesada por parapolítica.

Pero esos casos, vistos hoy en la distancia, se convirtieron solo en el abrebocas de todo lo que puede venir. En lo que va de este año ya otros magistrados han sido blanco de serios cuestionamientos y de escándalos.

El columnista de SEMANA Daniel Coronell ha puesto en aprietos en las últimas semanas a dos magistrados de la Corte Suprema: Fernando Castro Caballero y Gustavo Malo Fernández. El primero solo se declaró impedido en la investigación contra el exsenador Iván Moreno Rojas, después de que se conocieron las denuncias de que hermanos suyos habían hecho negocios con protagonistas del carrusel de la contratación como los primos Nule y Emilio Tapia. Y el segundo, asumió el estudio de una casación y presentó ponencia favorable contra el acusado en ese proceso, pese a que debía declararse impedido ya que él mismo atendió la segunda instancia de ese mismo caso cuando era magistrado del Tribunal de Cartagena. Un elemento adicional, que avivó el escándalo, es que la beneficiada en este caso es hermana del polémico exmagistrado Alfredo Escobar Araújo, recordado por los botines que le regaló Giorgio Sale, hoy preso por lavado de activos.

A todos esos casos de magistrados de altas cortes se han sumado también recientes anomalías de magistrados de tribunal. El más sonoro ha sido el escándalo de José María Armenta, del Tribunal Superior de Cundinamarca, que suspendió en su momento el fallo de la Procuraduría que destituía al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Armenta no solo no se declaró impedido, a pesar de que su esposa es directiva de la Empresa de Acueducto donde se gestó todo el problema de las basuras por el cual tumbaron al alcalde, sino que después de su polémico fallo, una cámara de Noticias Uno lo sorprendió reunido en un restaurante con el secretario general de la mencionada empresa.

Otro que quedó contra la pared fue el magistrado del Tribunal de Bogotá, Luis Fernando Ramírez. Como lo denunció SEMANA, el informe de una auditoría forense concluyó que el reparto de los casos fue ‘manipulado’ para que el asunto del contratista Julio Gómez, uno de los protagonistas del carrusel de contratos de Bogotá, quedara en su despacho. Ese preocupante indicio se sumó a un anónimo, que llegó a ese mismo tribunal, en el que se dice que el contratista Julio Gómez habría pagado 1.800 millones de pesos para que el fallo sobre su caso saliera de determinada manera.

Todos estos casos han alimentado cierta indignación y desconfianza entre muchos ciudadanos. Y lo más grave es que prácticamente todos ellos siguen hoy en la impunidad. “El país –como dice 'El Espectador'– asiste estupefacto a los recurrentes escándalos que se suscitan en las salas plenas de las corporaciones” y a los magistrados no les pasa nada.

Hay un detalle muy significativo y es que los medios de comunicación han hecho todas las denuncias. Y, con excepción de la contralora Sandra Morelli, a quien le cortaron las alas para que no siguiera investigando a los magistrados, los otros órganos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones se han hecho los de la vista gorda. De hecho, de las 1.227 denuncias que tiene hoy la Comisión contra todo tipo de aforados, que se han convertido en un monumento a la impunidad, el 57 por ciento son contra magistrados de las altas cortes. 

Si ningún control parece funcionar ¿cómo entonces se les debe o puede poner el tate-quieto a las irregularidades de los magistrados? Es por eso que surgen propuestas tan arriesgadas como la de Ramiro Bejarano, de revocar el mandato de los magistrados. “Es la hora de que se revuelque la Justicia, sea por el Congreso o por una Constituyente, y se revoquen los nombramientos de los magistrados de las cortes, sin excepción, para barajar de nuevo e integrar nóminas blindadas contra la tentación clientelista, el halago de los homenajes de los subalternos, o el tráfico de influencias”, escribió.

No es una propuesta fácil de aplicar. Dadas las actuales circunstancias políticas, en plena campaña electoral, y con un Congreso que parece estar muy dividido en los próximos cuatro años, cualquiera de las dos soluciones –reforma constitucional o Constituyente– se ve, por decir lo menos, lejana.

Por ahora, en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales no aparecen propuestas tan audaces como esas. Sin embargo, eso no quiere decir que sea imposible algún tipo de reforma.

No se descarta, por ejemplo, que se haga una reforma que les quite a los magistrados las facultades electorales, es decir, que ya no participen en la postulación de candidatos y elección de funcionarios como procurador, registrador, contralor y fiscal. Eso, al menos, bloquearía una de las principales fuentes de contaminación de los magistrados con la politiquería y evitaría que las cortes pierdan buena parte de su tiempo, como ocurre ahora, en intrigas y asuntos distintos a la jurisprudencia.

Otros, como la presidenta de la Corporación Excelencia a la Justicia, Gloria María Borrero, proponen otras alternativas. “(Si se revocan) llegan los mismos con las mismas. Creo que hay que mirar las causas y diseñar un plan de choque. Por ejemplo, cambiar la forma de selección de magistrados y dedicarnos ocho años a lograr una renovación eficiente del poder judicial”,  señaló.

Y si el descontento popular sigue creciendo, tampoco sería extraño que se desaten eventuales procesos de plebiscitos o constituyentes. 

La tarea es, de todas maneras, urgente. Si la cabeza de la pirámide que son los magistrados se corrompe no es extraño que el resto también. Y eso sería la explicación para el desproporcionado aumento de las anomalías en la base de la Justicia: en los últimos 20 años aumentó en 7.500 por ciento el número de investigaciones contra funcionarios de la rama y abogados. 

La propuesta de revocatoria no fue bien recibida en el Palacio de Justicia. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, se refirió a ella como “golpista” y el presidente de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, la calificó como mediática y apresurada. Por su parte, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, no fue tan tajante y simplemente dijo que el gobierno no puede acoger la propuesta “integralmente”.

Bejarano, no obstante, recuerda que en Colombia ya se ha dado la revocatoria de magistrados. “Caído (el general Gustavo) Rojas Pinilla, también la corte fletada por la dictadura estaba desprestigiada, y la reforma de entonces consistió en revocar a todos los magistrados, que fueron reemplazados por juristas independientes”. Y también, cabe recordar, hubo cambio de togados cuando la Asamblea Constituyente dio pie a la Constitución de 1991. De hecho, Bejarano no descarta que algunos magistrados “en un gesto de dignidad, estarían dispuestos a dar un paso al costado para facilitar la solución”. ¿Lo harían?