La batalla del referendo de Viviane Morales

Aparte del proceso de paz, quizás ningún debate en Colombia genera tantas pasiones, despierta posiciones tan antagónicas y abre tantas heridas. Se trata de la propuesta de la senadora Viviane Morales de convocar un referendo para que los colombianos decidan en las urnas quién debe adoptar a los niños huérfanos, y así impedir que lo hagan familias no conformadas por un papá y una mamá. A pesar de que su iniciativa lleva varios meses, la semana pasada su trámite dio un paso fundamental que le da viabilidad política. La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de ley en primer debate y se espera que en menos de dos semanas llegue a la plenaria.

La decisión de los senadores fue inesperada y levantó una gran polvareda. En parte porque se creía difícil que el Congreso le diera trámite a un referendo que busca cuestionar un tema definido por la Corte Constitucional hace apenas unos meses. Y por otro lado, porque si bien es cierto que la mayoría del país es conservador y católico, hasta ahora el Capitolio le había hecho el quite por décadas a esas discusiones trascendentales de la sociedad como la conformación de la familia, el aborto, la eutanasia y los derechos de las parejas del mismo sexo.

El referendo de Morales tiene una combinación de factores que garantizará que la discusión sea tan profunda como una gran reforma al Estado. Por un lado, porque el tema de la adopción gay despierta una sensibilidad mucho mayor a la que podrían tener otras causas como el matrimonio homosexual. Por el otro, porque esa iniciativa -que quizás en el pasado no habría tenido juego- cayó en medio del panorama nacional más complejo de los últimos tiempos, con ramificaciones religiosas, políticas, jurídicas, e incluso un rol determinante ad portas del plebiscito para la paz.

Durante meses, organizaciones evangélicas y católicas han estado promoviendo esta causa y más de 2 millones de personas apoyaron el referendo con su firma. Este busca que el pueblo apruebe un parágrafo adicional al artículo 44 de la Constitución, que diría que “la adopción es una medida de protección al niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia (…) conformada por un hombre y una mujer”.

La senadora Morales ha explicado que su propuesta se fundamenta en que la adopción busca restablecer los derechos de los menores o, en otras palabras, devolverles el hogar que perdieron, y que eso significa un papá y una mamá, no un soltero o una pareja del mismo sexo. Según ella tanto los roles maternos como paternos son fundamentales para la crianza de los niños.

Esa propuesta ha generado gran rechazo en un sector de la opinión. Muchos consideran que la idea no solo es discriminatoria, sino que le apunta a proteger como familia solo a un concepto tradicional que no responde a la realidad colombiana. Hoy en el país, según Profamilia, solo el 54 por ciento de los hogares se asemejan a la “familia óptima” de la senadora, es decir la conformada por una mamá y un papá. La otra mitad de los niños crecen con una mamá soltera, o con una tía o abuela. Por eso, la senadora Claudia López, principal voz en contra de la iniciativa en el Senado, asegura que este “no es un referendo antigay, es un referendo antihumano”.

El hecho de que este debate se esté dando en la coyuntura del proceso de paz le ha dado aún más vuelo. Quizás nunca antes un tema de esta naturaleza había tenido tanto peso en la agenda electoral. Varios elementos explican por qué se ha dado esta situación. El primero tiene que ver con el ambiente político. La propuesta del referendo se comenzó a tramitar después del escándalo de las cartillas de educación sexual impulsadas por el Ministerio de Educación y de que miles de personas salieran a marchar por esa razón a las calles.

A pesar de que la ministra Gina Parody manejó mal ese debate, y de que sus contradictores manejaron muchas mentiras y medias verdades, quedó claro que este tipo de temas logra mover masas. Eso lo han demostrado movimientos similares en México, Brasil y Venezuela, que han logrado poner en jaque a sus respectivos gobiernos. Y ahora que la supuesta ‘ideología de género’ se está convirtiendo en un caballo de batalla de la campaña del No en el plebiscito, los defensores del Sí se preocupan porque con esa bandera crezca esa corriente.

Ninguno de ellos quiere correr ese riesgo. Eso lo demostró la votación de la semana pasada en la Comisión Primera. De 13 senadores solo tres votaron en contra: Claudia López, Juan Manuel Galán y Armando Benedetti, los aliados históricos de esa causa. En los diez que estuvieron a favor se mezclaron todos los partidos: los conservadores, el Centro Democrático, los liberales, Cambio Radical y hasta el Polo Democrático.

La otra cara del debate es la jurídica. El referendo es una expresión del descontento de un sector mayoritario de la sociedad con las decisiones progresistas de la Corte Constitucional, que los medios siempre aplauden. Morales sostiene que no le corresponde al alto tribunal generar cambios sociales de esa envergadura pues el foro natural de esas discusiones es el Congreso. Aunque esta no es una posición popular, un buen número de colombianos que no está de acuerdo con el aborto, la eutanasia, o incluso con decisiones de alto impacto económico están de acuerdo con ella.

En este punto, las voces en contra del referendo son más visibles. Juristas respetados como Juan Carlos Esguerra, Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba Triviño y Eduardo Cifuentes se pronunciaron en esa dirección. En una sentida carta a los senadores, aseguran que el referendo es inconstitucional y “suprime una larga tradición jurídica y social” en torno a la adopción pues desde el Código Civil de Andrés Bello los solteros han podido adoptar. Aseguran que no se puede imponer una visión teocrática de la familia, ni discriminar a la comunidad LGBTI, ni poner a consideración del pueblo derechos tan fundamentales como la igualdad.

Todas esas consideraciones son respetables y merecen un amplio debate. Sin embargo, no puede pasar que la controversia política y jurídica que encarna esta propuesta se convierta en un nudo gordiano para los procesos de adopción en Colombia. A pesar de las profundas implicaciones de esta discusión, no hay que olvidar que el fin último de todas las partes es que miles de niños abandonados encuentren un hogar en el que puedan crecer felices.

Y algo definitivamente no está bien ahí. Desde que la Corte Constitucional obligó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a buscar a los familiares de los niños hasta el sexto grado de consanguinidad (equivalente a un primo tercero) antes de entregárselos a otra familia, la adopción ha caído dramáticamente. Pasó de 2.601 niños por año en 2011 a 934 niños en promedio anual en los años después de esa sentencia.

Esta situación ha hecho que miles de parejas y personas solteras estén a la espera de ser padres, a veces en procesos interminables en el ICBF. Según cifras del proyecto de ley, en la última década de las 4.297 familias colombianas que aplicaron al sistema de adopción, solo 3.252 pudieron darle un hogar a un niño. En los extranjeros la cifra es mayor; solo 5.547 de 13.598 familias tuvieron esa oportunidad. Y a eso se suma la problemática de los niños mayores de 9 años, con enfermedades, o con varios hermanos, a quienes es más difícil buscarles una familia.

El debate sobre este tema será en las próximas dos semanas, pocos días antes de la votación del plebiscito. A la plenaria del Senado llegarán todos estos argumentos. Si el tema supera su trámite en el Capitolio, la discusión pasará a la Corte Constitucional, un organismo que difícilmente dejará que se haga un referendo multitudinario contra una sentencia suya.