La mala hora de la Policía Nacional

Su mirada causa confusión. ¿Tiene los ojos de un inocente o de un culpable? Es difícil hacer semejante juicio. El subcomandante de la estación de Policía de Timbiquí (Cauca), intendente Buenaventura Orobio Caicedo, ya no está con su uniforme como representante de la institución, sino que está tras las rejas acusado de un delito insospechado: brindar ayuda para que las FARC asesinaran a sus propios compañeros.

Fue el condenable atentado a la isla Gorgona, un Parque Nacional Natural en donde los agentes están más preparados para cuidar plantas y animales silvestres que para repeler a una experimentada guerrilla que lleva más de medio siglo alzada en armas. Los insurgentes atacaron agazapados entre la oscuridad. Luego huyeron raudos en lanchas por el mar. Entre los escombros quedó el cadáver del joven teniente John Álvaro Suárez Carvajal.

Mientras que el país se mostraba adolorido, las FARC celebraban. Y junto con ellos, según grabaciones en poder de las autoridades, el policía Orobio Caicedo.

Por si fuera poco, la madrugada de este viernes trascendió el robo de al menos 20 armas en una escuela de la Policía en la localidad de Suba, en el occidente de Bogotá. Al parecer, la persona que ingresó a la armería del complejo dopó al encargado de cuidar el lugar, y se fugó con cerca de 17 pistolas y 3 fusiles. Por ahora, las autoriades cuentan con un retrato hablado de uno de los reponsables. Mientras, 15 policías serán sometidos a la prueba del polígrafo.

Estos casos se suman a la cadena de sucesos que han provocado el asombro de los colombianos.

La Fiscalía ha tenido que doblar esfuerzos para desmantelar redes de apartamenteros y colaboradores de bandas criminales, cuyos principales miembros son policías. Hace poco también llevó a la captura de un alto oficial que le servía a la mafia en la costa.

Esta semana los medios dedicaron espacio a dos miembros de la institución que arrollaron a una menor y la dejaron tirada en una calle. Semana.com presenta los casos de algunas manzanas podridas. El director general de la Policía, general Rodolfo Palomino, ha dicho que no permitirá delincuentes en su institución y él mismo ha realizado las denuncias y ha estado presente en los operativos.

La situación es tan grave que ya el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reaccionó y anunció una depuración tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Militares para eliminar la infiltración de la guerrilla en sus filas.

El espía de las FARC

Este jueves el país recibió la noticia que el intendente de la Policía Buenaventura Orobio Caicedo era una especia de espía de las FARC. Fue él, según la Fiscalía, el que le sirvió al grupo guerrillero para que pudiera atacar la estación de Policía en la isla Gorgona, el 22 de noviembre pasado, y que terminó con la muerte de un teniente de esta institución. Orobio fue hasta este jueves subcomandante de la Estación de Policía de Timbiquí (Cauca).

El ente acusador le imputará al uniformado los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y rebelión.

Los patrulleros que arrollaron a una menor

Este mismo jueves se conoció un nuevo escándalo que toca a la Policía Nacional. Esta vez por cuenta de un accidente en el municipio de Ubaté (Cundinamarca) en el que, presuntamente, dos miembros de esta institución se vieron seriamente comprometidos.
 
Las primeras informaciones indican que el pasado domingo 30 de noviembre hacia las 7:30 p. m. un patrullero y un subintendente que se movilizaban en una motocicleta en el centro de ese municipio atropellaron a una menor de edad, la dejaron tirada en el piso y no la auxiliaron.

Los policías regresaron tiempo después, cuando la niña ya había sido llevada a un centro de urgencias, y manifestaron que no tuvieron responsabilidad en el hecho sino que la tuvo un ‘carro fantasma’. La menor se encuentra en grave estado.

El coronel que le servía a la mafia

El 31 de octubre pasado una noticia impactó en los colombianos. Un destacado oficial que por años combatió verdaderas redes del narcotráfico fue capturado por la Fiscalía después de una ardua investigación, que demostró que el oficial le servía a una poderosa red del narcotráfico que enviaba decenas de toneladas de droga por los puertos del Caribe.

Se trata del coronel Néstor Enrique Maestre, quien desde su alto cargo como subcomandante de la Policía en Cauca le servía a los narcos.

Los que le servían al Clan Úsuga

“Merecen ser tratados como Judas, los funcionarios públicos de cualquier institución que se arrojan en las fauces de la corrupción”, escribió el director de la Policía Rodolfo Palomino en la red social Twitter.

Lo hizo después de que la Fiscalía realizara una captura masiva de personas en Medellín vinculadas al clan ‘Úsuga’. Entre el grupo de capturados se encontraban 19 agentes de la Policía. En los operativos se incautaron armas, droga y grandes sumas de dinero, al parecer, producto del microtráfico.

Los que se enredaron por el hijo del magistrado

El pasado jueves 22 de octubre el presidente de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, se tomó las primeras páginas de los medios de comunicación. Lo hizo para defender a su hijo, que lleva su mismo nombre, quien supuestamente fue golpeado por policías que lo retuvieron después de que fuera sorprendido a bordo de una camioneta de la Judicatura asignada a la seguridad de su padre.

Al comienzo aparecieron como víctimas del abuso del poder del magistrado que se presentó al lugar de los hechos y no permitió que los uniformados que detuvieron a su hijo cumplieran con su misión. El magistrado alegó que los policías le pegaron a su hijo, pero estos negaron ese hecho.

Posteriormente, y por la publicación de varios videos, se vio que uno de los uniformados efectivamente le pegó al joven, contrariando así las normas. El caso se encuentra en desarrollo en la Fiscalía.

De policías a ‘apartamenteros’
 
El 20 de noviembre pasado la Fiscalía capturó en una gran operación por todo el país a 24 policías por integrar bandas delincuenciales dedicadas al robo de residencias y a la extorsión.
 
Los gasolineros
 
El primero de diciembre pasado un juez penal municipal de Medellín imputó cargos contra cuatro patrulleros de la Policía Nacional por vender gasolina de las patrullas oficiales. Según la investigación, extraían gasolina de sus carros oficiales y la vendían a conductores de diferentes rutas de transporte público, según registró el medio El Colombiano.

En la audiencia de cargos se conoció que los asegurados cometían el ilícito desde mayo de 2013, en un parqueadero público del barrio Niquitao, en zona céntrica de la capital antioqueña.