Por fijar precio de gasolina, denuncian a dos ministros

En septiembre del 2013, el abogado Camilo Araque le ganó un duro pulso jurídico al gobierno. La Corte Constitucional le dio la razón para quitarle la facultad que tenía el Ejecutivo de fijar el precio de la gasolina, que estaba consagrado en el Plan de Desarrollo, y que no solo habilitaba al Ministerio de Minas a fijar el precio, basado en el precio internacional del petróleo, sino también de financiar, con el dinero que los colombianos pagaban por el galón, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

En pocas palabras, esta sentencia señalaba que el Ministro de Minas no podrá seguir fijando el precio de referencia basado en el precio internacional, sino que debería hacerlo por la ley natural de la oferta y la demanda.

Tampoco ahorrar en ese fondo, que fue creado por el gobierno de Álvaro Uribe, con el objetivo de evitar fluctuaciones excesivas en el precio de la gasolina y el Acpm, hasta tanto no se tramitara una ley de la República.

Un año y tres meses después, Araque vuelve a enfrentarse al gobierno. Asegura que en este tiempo el Ministerio de Minas ha seguido fijando el precio de la gasolina sin atender la sentencia de la Corte Constitucional, y ha financiado el FEPC sin que se hubiera expedido una ley de la República para ello.

Y es que la Corte Constitucional consideró que la atribución dada a la cartera de Minas para fijar el precio y la destinación de esos recursos, era inconstitucional, pues los asuntos tributarios deben ser definidos exclusivamente por el Congreso de la República.

Por eso, Araque decidió denunciar en la Fiscalía a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y de Minas, Tomás González, por presunto prevaricato y por acción y fraude a resolución judicial. También fue denunciado, por esta misma conducta, el exministro de Minas Amilkar Acosta, quien precisamente tuvo que enfrentar desde hace un año la mencionada sentencia de la Corte Constitucional.

Pese a la sentencia, los ministros de Minas, primero Acosta y luego Tomás González, siguieron fijando el precio de los combustibles mes a mes por encima del mercado internacional.

El denunciante, además, advierte que los recursos públicos que integran el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles –FEPC– no hacen parte del Presupuesto Nacional, no son objeto de ningún tipo de control fiscal por parte de los órganos encargados, y son administrados y ejecutados “caprichosamente a espaldas de los colombianos, para causas diferentes a la de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales”.

Por eso considera que el FEPC ha hecho las veces más de caja de menor del Gobierno Nacional, que de un verdadero fondo para mitigar el impacto negativo de los cambios bruscos del precio internacional de los combustibles en la economía interna del país.

Es aquí donde la denuncia compromete al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Según Camilo Araque, el ministro “no ve ningún problema en recibir, administrar y ejecutar unos dineros que hacen parte de una fuente de financiación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC que fue declarada inconstitucional, y que dicho sea de paso, gasta arbitrariamente y sin mayor dificultad en causas diferentes a las contempladas por el ordenamiento jurídico, por fuera del control fiscal de los órganos de control, sin integrar el presupuesto nacional, alegando un constante y mentiroso “déficit” del mismo, en detrimento de los colombianos y sin que nada ocurra”.

En la deuncia, se advierte que los ciudadanos colombianos son las principales víctimas de la conducta de estos ministros, pues el precio de la gasolina en Colombia no ha tenido reducción considerable pese a que el precio del petróleo internacional ha venido a la baja.

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República trataron de subsanar el problema con un artículo dentro de la recientemente aprobada reforma tributaria en la que se creó el “Diferencial de Participación” que será la nueva contribución parafiscal que alimentará el Fondo de Estabilización de Precios. La norma define que será el Ministro de Minas el encargado de administrar y liquidar dicha contribución.

Si bien en los últimos meses, el precio del combustible en Colombia debería ser más bajo que el precio actual, lo cierto es que durante los últimos años, la gasolina y el Acpm han sido ampliamente subsidiados por el Presupuesto Nacional. Tanto así, que actualmente el Fondo de Estabilización tiene un déficit de $5,3 billones.

Pese a ello, Araque considera que durante 15 meses el gobierno le hizo un esguince a la sentencia de la Corte Constitucional. Y durante ese tiempo fijó el precio de los combustibles de forma ilegal y afectó al bolsillo de los colombianos.

La denuncia fue dirigida directamente al fiscal Eduardo Montealegre, quien deberá decidir si encuentra méritos para interrogar a los ministros.