Ley de garantías: el nuevo frente de la oposición

El expresidente Álvaro Uribe y el procurador general Alejandro Ordóñez han sido los más enconados críticos al proceso de paz. Ahora, los dos tienen un nuevo frente de batalla. Anunciaron una oposición total a la nueva promesa que Juan Manuel Santos les hizo a los alcaldes del país: derogar la ley de garantías que frena la ejecución presupuestal en época electoral, como la que se avecina.

Santos decidió atender la queja de muchos de los actuales alcaldes quienes el año pasado no pudieron contratar y ejecutar durante seis meses porque la ley se habilitó al momento en que Juan Manuel Santos anunció su deseo de reelegirse. Y este año tampoco podrán ejecutar presupuesto ni contratación alguna desde el mes de abril, por las elecciones locales del próximo mes de octubre.

El presidente calificó de absurdas las restricciones de la norma para los alcaldes, aseguró que estaban en juego 5,8 billones de pesos y anunció un proyecto exprés para que el Congreso derogue la norma.

Obviamente, los actuales alcaldes recibieron jubilosos el anuncio del presidente Santos, con la esperanza de que esta promesa sí se cumpla, pues la que el mandatario hizo en la pasada campaña de ampliar el mandato de los actuales alcaldes no pudo ser cumplida.

Pero la oposición recibió este anuncio con recelo, sobre todo porque el anuncio se hizo en pleno año electoral.

Álvaro Uribe no ocultó su malestar. Y en Twitter controvirtió el anuncio presidencial. “Santos propone eliminar ley de garantías que él violó impunemente en elección presidencial”, aseguró. Para el expresidente es una “trampa” de cara a las próximas elecciones. “Tumbar Ley de Garantías es recurso de malos perdedores para conseguir victorias fraudulentas. Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”.

Para el senador y jefe natural del Centro Democrático la “Ley de Garantías ayuda a que candidatos no compren la alcaldía para después vender el municipio”. Y aseguró que al tratar de derogarla, “Santos pretende eliminar cualquier norma o institución que le impida entregar el país a FARC”.

El procurador general Alejandro Ordóñez secundó a Uribe en estas críticas. Consideró muy perjudicial acabar con la Ley de Garantías como lo ha plantado el presidente Santos.

“La razón de la Ley de Garantías es precisamente evitar la utilización de los recursos públicos para desequilibrar las garantías electorales”, advirtió Ordoñez, quien notificó que la norma es importante para evitar “desbordamientos de las autoridades en procesos electorales”.

El procurador contradijo el argumento del presidente Santos respecto a que la Ley de Garantías paraliza la gestión administrativa de las entidades territoriales. “Dentro de las pocas cosas que la Ley de Garantías establece es la prohibición de la celebración de los convenios interadministrativos y ello no paraliza las administraciones municipales”, subrayó Ordóñez.

Para el procurador, el presidente de la República le está enviando un mensaje negativo al país e hizo un llamado al Congreso para que se abstengan de aprobar este proyecto.

Con los dos más críticos del Gobierno se avecina un nuevo pulso. Para el ministro del Interior, el principal argumento para derogar esa ley es que “al eliminarse la reelección, no tiene ningún sentido que se mantenga vigente la Ley de garantías”.

Cuando los parlamentarios regresen de Semana Santa, probablemente tendrán el proyecto con mensaje de urgencia. En el Legislativo hay voces cercanas al Gobierno que ven conveniente este proyecto, pero son conscientes de que la batalla para alcanzar la votación necesaria no será sencilla, por cuenta de la presión que hará el ala uribista.

El Partido Conservador y la Alianza Verde tendrán un papel preponderante en esta decisión. Si las cuentas del Gobierno son correctas, estos partidos tendrán en sus manos la última palabra. Ambas agrupaciones tendrán que dilucidar qué tanto los podría beneficiar esta derogatoria de cara a las elecciones regionales.

En los corrillos políticos ya cuentan esta batalla como el primer round electoral entre la Unidad Nacional y la oposición para quedar mejor posicionados en las elecciones regionales, que definirán buena parte del sentimiento nacional para los próximos tres años de la Administración Santos.