Ahora que comenzaron a soplar los vientos de la paz desde La Habana, era imposible soslayar el recuerdo de la UP. Entre 1984 y 1997 según sus cuentas fueron asesinados más de 2.300 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 145 concejales. Para 2006, las cuentas de la ONG Reiniciar superaban las 6.000 víctimas, entre amenazados, desaparecidos, desplazados y asesinados. La gran mayoría de los casos en la impunidad.
La historia comenzó cuando en medio de los acercamientos del presidente Belisario Betancur y las Farc, como parte de los acuerdos el grupo guerrillero optó por conformar un partido con sectores simpatizantes, entre ellos el Partido Comunista, las autodefensas campesinas y los movimientos civiles. En poco, tiempo pasaron a conquistar durante 1986 nueve curules en el Senado y cinco en la Cámara.
A la par comenzaron los asesinatos selectivos y las masacres. Su exterminio político fue justificado por agentes del Estado en connivencia con la máquina paramilitar, porque en su criterio los upecistas hacían parte orgánica de las Farc. Algunos de sus integrantes volvieron al monte, a la guerrilla, y otros se quedaron en las ciudades a hacer política. Sin embargo, la ultraderecha armada mantuvo una campaña sistemática de aniquilamiento. En 1997 se exilió el último senador. Hoy la CIDH estudia una demanda colectiva que busca una reparación a los sobrevivientes.
“Hay derechos que no pueden realizarse sino colectivamente, como el derecho a la organización política. Por eso hemos pedido que esa reparación incluya: medidas de satisfacción, no repetición y restitución”, explicó el presidente de la UP, Omer Calderón. En el último aspecto de ese reclamo, la restitución, cabe la posibilidad de recuperar la personería jurídica.
Antes de los diálogos en La Habana, los upecistas consideraban que eso solo llegaría por la vía de los estrados judiciales internacionales. Pero desde que una comisión legislativa viajó a Cuba para hablar con los negociadores de las Farc, comenzaron a barajarse las propuestas para que, en caso de que los guerrilleros dejen las armas, puedan participar en política. Una de las que surgieron fue la de reparar a la UP devolviéndole la personería jurídica.
Pero una cosa es repararla porque así el Estado cumpliría con lo que se propuso cuando aprobó la Ley de Víctimas y otra muy distinta hacerlo para abrirle un espacio político a las Farc, como algunos han sugerido. Es más, es improbable que las Farc estén pensando en ese aterrizaje, y los upecistas, que han obrado desde la legalidad, lo que buscan es que el Estado abra un espacio para ellos y reconozca que falló por acción o por omisión en proteger a sus líderes. De hecho, su petición incluye que les devuelvan las curules por un tiempo, a fin de que puedan revitalizar su movimiento.
Para el senador Roy Barreras, quien preside la comisión de paz, devolverle la personería a la UP, “es una proposición justa, porque no solo se eliminaron seres humanos, sino que desapareció un espacio democrático”. El mecanismo podría ser un acto legislativo o un decreto. Para Dudley, el investigador, “primero hay que reconocer públicamente que el Estado tuvo una gran responsabilidad en la destrucción del partido y luego abrir los espacios para reconstruirlo, porque lo que destruyeron fue una idea, una esperanza”. Devolverles curules, por otro lado, es más complejo por tratarse de espacios políticos ganados en contienda electoral. Solo la derecha más recalcitrante considera que el Estado no debe pedir perdón ni reconocer ninguna responsabilidad.
¿Cómo reparar a la UP? Es insuficiente reconstruir décadas de deterioro social y político de una colectividad solo con la personería jurídica. No obstante, es uno de los desafíos del gobierno, pero también una gran oportunidad de enviar un mensaje favorable a las víctimas del conflicto y seguir quitándole argumentos a la izquierda armada.