DIPLOMACIA
Por qué a Venezuela
La extradición de Walid Makled a Caracas y no a Estados Unidos es una decisión impopular, pero jurídica y estratégica.
Faltaban apenas unas horas para su visita a la Casa Blanca, y en una entrevista concedida a Univisión el presidente Juan Manuel Santos respondió sin ambigüedad una pregunta incómoda sobre a dónde extraditaría al narcotraficante Walid Makled García. El mandatario reiteró que cumpliría la promesa que le había hecho a Hugo Chávez en agosto pasado y lo enviaría a ese país. La afirmación, que ya había repetido en noviembre en vísperas de un viaje a Caracas, ahora tenía un significado diferente. De una parte, porque al día siguiente se encontraría con Barack Obama para anunciar un acuerdo que desbloquea la aprobación del TLC. No parecía muy cortés anticiparle a Obama por los medios la mala noticia de que Makled no sería enviado a Estados Unidos, que también lo había solicitado. Y en segundo lugar, porque desde el 24 de marzo la Corte Suprema de Justicia le había dado el visto bueno a la solicitud de extradición y, en consecuencia, la afirmación de Santos dejaba de ser una promesa teórica y se convertía en un anuncio real y concreto.
El tema salió a flote en la reunión de los presidentes en el Despacho Oval. Obama hizo la pregunta y Santos respondió que enviaría a Makled a Venezuela porque así lo establecía el acuerdo de extradición que está vigente con ese país -el tratado bolivariano de extradición de 1913-, mientras que con Estados Unidos no había reglas precisas. Obama comentó brevemente que entendía las razones jurídicas, y ante la aclaración de Santos en el sentido de que antes de la extradición a Venezuela Makled podía ser interrogado por autoridades estadounidenses, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirmó: "Eso es lo importante para nosotros".
De esa manera llegó a su fin una larga especulación sobre las consecuencias que tendría el envío de Walid Makled a Venezuela o a Estados Unidos. Ambos países lo habían pedido, y, más allá de las consideraciones jurídicas, las dimensiones políticas de su caso crecieron como espuma de cerveza. Makled fue detenido en Cúcuta el 18 de agosto del año pasado y desde entonces ha estado recluido en la prisión de Cómbita, Boyacá. De origen sirio, fue un poderoso magnate que en compañía de tres hermanos llegó a ser propietario de la compañía de aviación Aeropostal y a administrar el puerto marítimo de Puerto Cabello. Pero terminó envuelto en comercio de drogas a Estados Unidos e involucrado con dos carteles -el de 'los soles' y el de 'los comisarios'- junto a oficiales venezolanos de alto rango y cercanos al círculo íntimo de Chávez.
Makled tiene cargos pendientes por exportar cocaína a Estados Unidos y por dos asesinatos. Su testimonio es considerado de gran valor no solamente para develar las dimensiones del narcotráfico en Venezuela, sino la complicidad del chavismo con esta actividad. En una entrevista el año pasado, Makled dijo que le había donado dos millones de dólares a una de las campañas electorales de Chávez y que tenía información suficiente para que Estados Unidos considerara "una intervención como la que hizo en Panamá contra Noriega". Eso explica el interés de los gobiernos de Obama y de Chávez en un individuo cuyo nombre, hasta hace poco, era desconocido.
Todo indica que en los próximos días el presidente Juan Manuel Santos le dará vía libre a la extradición de Makled a Venezuela. La Corte Suprema de Justicia revisó las dos solicitudes y dio un concepto favorable para ambas: tanto Estados Unidos como Venezuela cumplieron los trámites, y ahora el Ministerio del Interior tiene plazo hasta el 12 de abril para redactar el decreto. El dictamen de la Corte significa que Santos puede extraditar a Makled, pero no lo obliga a hacerlo.
Desde el punto de vista jurídico, hay tres razones por las cuales el envío a Caracas seguramente prevalecerá sobre la extradición a Nueva York. La primera es que el Estado colombiano tiene obligaciones con Venezuela porque hay un tratado vigente que regula la extradición, lo cual no ocurre con Estados Unidos. Después de que la Corte Suprema tumbó el tratado de extradición colombo-estadounidense en 1987, los dos países han aceptado las normas establecidas en la Constitución de Colombia y en el Código Penal. Según ellas, cuando hay dos solicitudes de extradición de un mismo individuo tiene prelación quien haya hecho la primera solicitud o el que la haga por un delito de mayor gravedad. Ambos argumentos favorecen la aspiración venezolana. Su pedido de extradición tiene fecha de agosto 26 de 2010, mientras que la de Estados Unidos es del 6 de octubre del mismo año. Y es por delitos mayores, porque incluye asesinato y no se limita, como en el caso gringo, a la conspiración para el transporte de cocaína.
No es extraño, en consecuencia, que el presidente Obama le haya dicho a Santos que "entiende que hay razones jurídicas". El malestar en Washington, además, se ha aliviado desde que la justicia colombiana les ha facilitado a los representantes del gobierno gringo acceso al narco venezolano. Makled ha sido visitado ocho veces por agentes de la DEA, tres por miembros del FBI y dos por representantes de la Fiscalía acreditados en la Embajada en Bogotá.
Desde el punto de vista diplomático, el gobierno nacional logró toda una carambola a tres bandas. El envío de Makled a Venezuela sirve para consolidar la normalización de relaciones con el vecino país, se convierte en un instrumento de creación de confianza y compromete a Chávez en la cooperación frente al narcotráfico. Su gobierno ya ha entregado dos narcos de nivel menor a autoridades colombianas, y los ministros de Defensa de los dos países acordaron la firma de un acuerdo de cooperación en la materia. Y ese gesto no tuvo un costo en la relación con Estados Unidos, a juzgar por el buen ambiente que rodeó el encuentro de los presidentes y el anuncio del desbloqueo del TLC. De otra parte, una decisión en el sentido contrario, la de mandar a Makled a Nueva York -donde tiene el proceso pendiente por tráfico de estupefacientes-, sí habría afectado las relaciones con Venezuela y, de paso, le habría permitido a Chávez desempolvar en la campaña electoral que está en marcha la bandera de la defensa de la Revolución bolivariana frente a la alianza entre el Imperio norteamericano y Colombia.
Pero si el balance en el campo diplomático es satisfactorio, en el de la política interna el gobierno Santos pagará un precio. La imagen negativa de Chávez en Colombia es tan alta que las actitudes conciliatorias son peor recibidas que los gestos hostiles. Un sector radical del uribismo, al unísono, en declaraciones y columnas de prensa ha criticado con dureza la inminente decisión del gobierno de extraditar a Makled a Venezuela. El propio expresidente Uribe, en un mensaje a sus seguidores de Twitter, expresó su criterio de que el narco debería ser enviado a Estados Unidos. En Washington, de igual manera, algunos miembros del Partido Republicano han criticado el eventual envío a Caracas.
De cualquier manera, una extradición de rutina de un narco de segundo nivel, cuyo debate se creció y alcanzó dimensiones políticas importantes, está a punto de resolverse. Pudo ser una papa caliente. Pero al parecer, y al menos por ahora, parecería que se enfrió a tiempo.