La sinsalida en la que entró el proceso con las FARC

El anuncio del Premio Nobel de Paz le llegó al presidente Juan Manuel Santos en el momento más oportuno. La derrota del plebiscito lo había sumergido en una crisis política profunda y había limitado su margen de maniobra. Hasta se dijo que el proceso con las Farc, columna vertebral de su gobierno, estaba enterrado o herido de muerte. La gran pregunta es si el Nobel le da el oxígeno suficiente para retomar el rumbo y sacar adelante el acuerdo que firmó con Timoleón Jiménez el 26 de septiembre en Cartagena.

Esa fue la principal motivación del comité al decidir el premio. Contribuir a que el proceso de paz supere el bloqueo en el que quedó después del plebiscito. El Nobel se concede a veces como un reconocimiento a quien ha contribuido a la paz mundial y, en otras ocasiones, con el objetivo de ayudar a sacar adelante algún esfuerzo o iniciativa en esa dirección. En el caso de Santos hay una dosis de ambas cosas. Un premio a un acuerdo firmado y un apoyo para que logre salvarlo.

La verdad es que, de alguna manera, el reconocimiento reitera el entusiasmo de la comunidad internacional por el esfuerzo colombiano, pero no reduce la polarización interna entre el santismo y el uribismo, entre otras cosas porque al expresidente no lo desvelan mucho los apoyos externos.

Todo dependerá, al final, de la manera como el presidente juegue sus cartas a partir de ahora, pero está claro que no tiene muchos ases en la mano. La semana pasada recibió con alivio algunas noticias que compensaron el golpe del triunfo del No. Entre ellos, el escándalo producido por las declaraciones del gerente de la campaña por el No que develaron una estrategia de engaño para generar miedo entre los votantes, algo que los defensores del Sí utilizaron para deslegitimar el resultado. También las marchas estudiantiles en todo el país, que demostraron que mucha gente no quiere interpretar la victoria del No como un mandato para regresar a la guerra.

Renegociación improbable

En todo caso, el presidente tendrá que desplegar todas sus habilidades en el momento más importante de su carrera. Lo primero que hizo fue poner en marcha un plan para superar la crisis del proceso de paz con la apertura de dos mesas de negociación. Por una parte, recibió en palacio a los principales líderes del No, encabezados por Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez y pastores de Iglesias evangélicas. En forma paralela envió a La Habana a su equipo negociador con las Farc liderado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, para sondear la disposición de la guerrilla para renegociar los acuerdos e introducir las modificaciones exigidas por los triunfadores del plebiscito.

Las primeras reacciones de todos los protagonistas del proceso fueron alentadoras. Las Farc acordaron mantener el cese al fuego bilateral con verificación de la ONU y manifestaron estar dispuestos a cumplir los elementos del acuerdo que no fueran objeto de controversia.

Los encuentros de Santos con Uribe y con Pastrana también produjeron alguna tranquilidad. Con este último la reunión fue breve, pero las declaraciones del expresidente a la salida del despacho fueron muy contundentes en cuanto a su disposición a bajar el tono de críticas al gobierno y al acuerdo, que había llegado muy alto en los días previos al plebiscito. Pastrana dijo que, después del triunfo del No, “el 98 por ciento de los colombianos estaban a favor de la paz”.

El encuentro con Uribe fue más nutrido y se prolongó más de cuatro horas. Al final, las declaraciones hicieron énfasis en la disposición a intercambiar puntos de vista. El presidente y su antecesor convinieron en nombrar comisiones que ya se encontraron por primera vez y que continuarán su trabajo la próxima semana. Por el gobierno están presentes De la Calle, María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas, y por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo García e Iván Duque, aunque a esta delegación se han sumado Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y representantes de otros sectores que votaron por el No.

Hasta ese momento todas las declaraciones eran políticamente correctas y parecía haberse abierto un camino. El gobierno escucharía las propuestas de modificación formuladas por quienes recibieron un respaldo mayoritario en las urnas, y luego las llevaría a la mesa de La Habana para negociar los cambios. Sin embargo, la realidad es muy diferente y el panorama más oscuro. Para que esta opción resulte exitosa se necesitaría que las propuestas del uribismo sean moderadas, que las Farc estén dispuestas a renegociar, y que el presidente logre ajustar las pretensiones de unos y de otros.

Y la verdad es que ninguna de las tres condiciones parecen cumplirse. El uribismo ha llegado a plantear opciones tan radicales que van desde empezar de cero hasta introducir 68 salvedades en todos los capítulos. En la cumbre Santos-Uribe se llegó incluso a reabrir el debate sobre si hay o no conflicto interno en Colombia. Para el gobierno semejante agenda de discusiones tomaría meses o años. No hay que olvidar, por ejemplo, que el solo acuerdo sobre el primer punto, el tema agrario, tomó más de 12 meses. El uribismo ha dejado entrever sus múltiples reservas, pero no ha sido claro ni concreto en sugerencias de modificaciones, y Uribe incluso ha mencionado temas –como su oposición a la reforma tributaria- que nada tienen que ver con los acuerdos.

En cuanto a las Farc, a pesar del lenguaje conciliador, no han mostrado mucha disposición para revisar el eje de los acuerdos. Y sobre todo no para acomodarse a las exigencias de Uribe. En el comunicado conjunto con el gobierno del viernes dicen que escucharán “a los diferentes sectores de la sociedad para entender sus preocupaciones”, y que tendrán en cuenta los “ajustes y precisiones” necesarias. De eso a una renegociación como la que plantea el Centro Democrático hay un abismo. Y hay que tener en cuenta que durante los cuatro años de negociaciones en La Habana la delegación del gobierno insistió en muchas de las inquietudes planteadas hoy por el uribismo y simplemente no fueron viables. Por ejemplo, el equipo de De la Calle y Jaramillo siempre buscó el castigo con cárcel y una participación más limitada de las Farc en política, pero en el tira y afloje llegó a fórmulas transaccionales que quedaron en los acuerdos. Por lo tanto, no es que las medidas más duras nunca se le hayan ocurrido a los negociadores.

Finalmente, el margen de maniobra del presidente Santos, con todo y el Nobel de la Paz, es muy reducido. Está en un sánduche entre una oposición envalentonada que tiene un sólido argumento – el mandato popular de 6,6 millones de personas- y una guerrilla que también tiene lo suyo: un acuerdo firmado con el gobierno ante la comunidad internacional, puesto además en manos de la ONU y del Consejo Federal Suizo. La distancia entre las posiciones del uribismo y las Farc no dan campo para mucho optimismo.

Qué se puede hacer

El jurista Rodrigo Uprimny sugiere que sería posible, sin alterar los textos, intentar hacer precisiones sobre los acuerdos que eventualmente podrían aliviar las preocupaciones de algunos de los sectores que votaron por el No. Estos se concentran en el castigo con cárcel para los culpables de delitos atroces, la no elegibilidad para los mismos, y la reparación real a las víctimas. En los dos primeros, los acuerdos contienen detalles indefinidos que se podrían concretar en la fase de ejecución. Se podría hacer explícito qué significa “restricción de la libertad” y definir cuáles guerrilleros pueden ser elegidos y cuáles no. Sin modificar los textos, estos puntos podrían endurecerse. Sin embargo, como es prácticamente seguro que las cabezas de las Farc prefieren volver al monte antes de ir a prisión, una fórmula intermedia sería dejar claro de una vez por todas cuáles serían las locaciones y condiciones de reclusión una vez condenados, para que la opinión sienta que la restricción de libertad no es simbólica y está sujeta al control de las autoridades. Además, que quede claro que los condenados no van a ir al Congreso mientras no cumplan su pena.

Sobre la reparación a las víctimas con dineros de las Farc, hay que tener en cuenta que el sábado anterior al plebiscito ese grupo afirmó que declarará sus bienes. Aunque ese tema no está en los acuerdos, la disposición a reconocer qué tienen, y entregar sus bienes para reponer a las víctimas, también podría aliviar algunas de las preocupaciones de quienes optaron por el No.

Algunos analistas consideran que sería posible corregir elementos que no forman parte de la esencia del acuerdo final pero que han sido utilizados como caballito de batalla por la oposición. Entre estos, el llamado enfoque de género, que despertó el rechazo de varias Iglesias evangélicas y de la propia Iglesia católica, y que motivó una amplia movilización de fieles a las urnas por el No.

Otro punto polémico es el relacionado con la justicia transicional. Los partidarios del No consideran que lo pactado en La Habana sustituye a la justicia colombiana y que es necesario buscar alguna fórmula dentro de los mecanismos constitucionales actuales. También consideran que el campo de acción del Tribunal Especial de Paz debería estar circunscrito a las Farc y no debería incluir ni a empresarios ni a miembros de las Fuerzas Armadas. Llegar a eso no es muy factible. La justicia transicional fue creada porque por primera vez unos guerrilleros que son parte de una negociación de paz aceptan algún tipo de sanción. En todos los procesos de paz anteriores hubo indultos o amnistías. Pero así como las Farc llegaron a aceptar ser juzgadas, no aceptan someterse a la justicia ordinaria. Y otro punto que para ellos es inamovible es que la justicia transicional se les aplique a todos los actores del conflicto y no exclusivamente a ellos.

El problema es que si bien todo es discutible, el tiempo va en contra. Un limbo prolongado sin conclusiones y sin luz al final del túnel es muy peligroso. El cese al fuego bilateral es insostenible en el largo plazo, porque se pueden presentar incidentes. En el conjunto de los acuerdos, el cese al fuego se habría llevado a cabo al mismo tiempo que la concentración de los guerrilleros en zonas campamentarias y, sin la ejecución de este componente, los riesgos son muy altos, porque la guerrillerada seguirá dispersa por todo el territorio nacional sin protección efectiva.

Y la ONU, entidad que verifica el cese de hostilidades, enfrentará limitaciones para cumplir su misión, tanto por el mandato limitado que le profirió el Consejo de Seguridad –por seis meses- como por su costo, cercano a los 40 millones de dólares. En principio, la misión que había aprobado el Consejo de Seguridad solamente va hasta finales del año. Santos decretó un límite hasta el 31 de octubre, y dejó en claro que es prorrogable. El uribismo reprochó este plazo y la interpretó como un ultimátum. Pero refleja una realidad: que el uribismo no tiene mucha prisa y no es viable mantener indefinidamente el cese al fuego.

Las fórmulas ‘non sanctas’

La sinsalida ha llevado a otras propuestas que podrían resultar aún más aventuradas y hasta peligrosas desde el punto de vista institucional, o de escasa viabilidad. Como la formulada por el expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, por la cual cabildos abiertos en los municipios refrendarían el acuerdo. También se ha hablado de la posibilidad de que esa corte falle algunas de las demandas interpuestas contra el plebiscito y contra el Acto Legislativo para la Paz. Una de ellas, presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre, pide que se caiga el plebiscito y que el acuerdo de La Habana se agregue a la Constitución mediante el concepto de ‘acuerdo especial’ enmarcado por los protocolos de Ginebra. Otra, del Centro Democrático, pide que se caiga el plebiscito porque considera sesgada la pregunta sometida a consideración popular. Cualquiera de estas alternativas sería un salto al vacío. Dejarían un sabor a ponerle conejo a una decisión del pueblo.

Igual sucede con la iniciativa de convocar una nueva asamblea constituyente. Esa fue siempre la fórmula preferida por las Farc para refrendar los acuerdos, en vez del plebiscito, y otras fuerzas políticas la han sugerido ante el bloqueo del Congreso para tramitar reformas necesarias, como la de la justicia. Incluso el Centro Democrático le ha coqueteado a la idea. Sin embargo, no es claro que el país atraviese un “momento constituyente”. Es decir, que sus problemas –o la crisis política– tengan origen en normas constitucionales y que pueden resolverse al reformarlas. Los actores que han manifestado simpatía por esta fórmula –liberales como Horacio Serpa, miembros del Centro Democrático y las Farc– han demostrado tener motivaciones muy diferentes, con lo cual un acuerdo sobre su agenda y alcances sería muy esquivo. Los expertos consideran que las constituyentes son inviables en coyunturas de alta polarización y bajo consenso.

Ninguna salida, en síntesis, es clara ni fácil. Y esa dura realidad obliga a pensar que no es totalmente imposible que el proceso de paz termine como los anteriores, con un regreso a un conflicto intensificado. Por ahora, la opción de volver a la guerra está descartada, porque no la quieren las Farc –que preferirían salvar los acuerdos–, ni el presidente nobel –matriculado en el campo de la paz–, ni el expresidente Uribe –que no quiere pasar a la historia como quien frustró el final de la guerra–.

El camino de salida requiere de una mayor disposición de las Farc a hacer cambios, y de una menor intención del uribismo para modificar los acuerdos. Como se ven las cosas hoy, el camino hacia delante no va a ser nada fácil. Con el Premio Nobel en la mano, Santos es consciente de que su puesto en la historia dependerá de que el acuerdo que está en un limbo acabe convertido en una realidad. Un elemento que ha caracterizado toda su carrera es la suerte. En esta oportunidad definitivamente la va a necesitar.