“Preparémonos para un largo proceso de paz”

Roy Barreras no quiso ser apocalíptico. Pero delante del procurador general, Alejandro Ordóñez, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, anticipó que los dilemas jurídicos del marco legal para la paz ya no serán resueltos por el actual Congreso. Será un asunto del Congreso que elijan los colombianos en el 2014. “Preparémonos para un proceso de paz más largo de lo que anteriormente se anunció”, dijo.

El año pasado, el 6 de septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, se comprometió a que sus resultados se medirían en meses y no en años. Y posteriormente aplazó el límite del acuerdo definitivo para noviembre. Roy Barreras cree que esa fecha no permitirá que el Congreso colombiano haga la ley estatutaria con la que se ratifiquen los acuerdos para poner fin al conflicto.

“Este gobierno y este Congreso tenemos fecha de vencimiento, marzo y mayo del 2014”, advirtió. Por eso insistió en que la firma del acuerdo definitivo se debería dar antes del 20 de julio, simplemente para efectos de que el Legislativo haga las leyes que permitan la desmovilización y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.

En pocas palabras, la ley estatutaria que tiene que expedir el Congreso deberá determinar cuáles serán los criterios para investigar los delitos que la Fiscalía tendrá que investigar y cuáles serán los máximos responsables de esos delitos que tendrán que castigar.

Pero también, dicha ley deberá definir cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de que las FARC, ya desmovilizadas, puedan participar en política.

El marco para la paz dice que no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.

Esa futura norma, dice Roy Barreras, se tendría que discutir sobre la base de los acuerdos firmados en La Habana.

Advirtió que entre cuatro y cinco meses tardaría el Congreso en diseñarla, y posteriormente la Corte Constitucional tendrá que revisar si esa norma se ajusta a la Constitución del 91. Ese estudio del alto tribunal no tardaría menos que otros seis meses.

En consecuencia, para Roy Barreras, antes de las elecciones de Congreso del 2014 no habrá la ley de la paz. Será estudio del próximo Congreso, donde probablemente haya más curules escépticas con el proceso de paz, como las que aspira a conseguir el expresidente Álvaro Uribe, quien no ha definido si será candidato a ser senador, pero lo contempla seriamente.

Y si las FARC quieren garantizar su presencia en las elecciones del 2014, dice Barreras, “habría que buscar otros atajos constitucionales” que pudieran permitirlo porque hoy no hay mecanismos para que lo hagan y el Congreso ya no tiene tiempo para reformar la Constitución en ese sentido.

Dichos atajos, para el presidente del Congreso, tendrían que venir de un decreto de conmoción interior para expedir normas o decretos excepcionales con fuerza de ley, o por la vía de una consulta popular, en donde se le preguntaría a los colombianos si quieren que participen en política. “Y eso no es lo que se debe preguntar. La consulta sólo debe preguntar a los colombianos si quieren o no la paz”.