Ataques con ácido: ¿crimen de lesa humanidad?

El caso de Natalia Ponce de León, la joven que fue atacada con ácido hace dos semanas, se convirtió en el hecho que rebosó la copa de la indignación alrededor de esta conducta que está afectando en su mayoría a las mujeres del país. Las víctimas, que llegaron al Congreso y expusieron su tragedia, le hicieron un fuerte reclamo al Estado.

No solo exigieron cero impunidad alrededor de estos hechos, sino que le pidieron al poder legislativo penas drásticas para los agresores, y que estas sean acordes al daño que le causan a las víctimas. “Exigimos penas reales para sufrimientos reales”, clamó Gina Potes, una de las primeras víctimas de estos ataques en el país y directora de la fundación ‘Reconstruyendo Rostros’.

Varios congresistas aprovecharon la coyuntura para recoger ese clamor. Y después del debate en la Comisión Segunda en la que los ministerios de Justicia, Salud y Defensa dieron la cara y  respondieron respecto a las políticas del gobierno para prevenir este tipo de conductas, se dirigieron a la secretaría del Senado para radicar dos proyectos de ley que pretenden elevar las penas para los agresores con ácido.

Una de ellas es la que pretende calificar esta conducta como un crimen de lesa humanidad, con lo que no tendría beneficios penales y no estaría sujeto a la excarcelación. Esta propuesta es del senador de La U Roy Barreras, y la fórmula es modificar el código penal para que estas conductas sean tipificadas como tortura física y psicológica. De ser así, esta conducta además no prescribiría. La pena para quien incurra en este delito, según esta iniciativa, sería de entre ocho y quince años.

Pero no fue la única iniciativa. El movimiento MIRA, autor de la ley que elevó las penas para estos ataques, también radicó otra iniciativa en la pretende que este sea un delito autónomo y que tenga como sanción penas de cárcel entre 12 y 45 años, dependiendo del daño causado.

Por ejemplo, si causa daño temporal o permanente en cualquier parte del cuerpo se castigará entre 12 y 20 años;  si el ataque causa deformación o pérdida total o parcial de algún órgano vital la pena sería entre 28 y 45 años.

Alexandra Moreno Piraquive explicó que con esta tipificación comenzó el proyecto que actualmente castiga a este tipo de agresores, pero fue el propio Congreso y los partidos políticos los que hace dos años se opusieron a crear un tipo penal autónomo y solo optaron por agravar el delito de lesiones personales, el cual hoy está vigente.

Julia Gutiérrez de Piñeres, madre de Natalia Ponce de León, exigió las drásticas penas y dijo que si su hija debe convertirse en la sacrificada para  que se ponga fin a este drama, estaría dispuesta a asumir ese papel.

Abelardo de la Espriella, abogado de la familia de Natalia Ponce de León el pidió al Congreso que en esa nueva iniciativa se cree un cuerpo élite en la Policía para capturar a los agresores y una unidad especializada en la Fiscalía para ocuparse de este tipo de investigaciones. Además pidió que la nueva ley establezca una partida presupuestal para la creación de más unidades o pabellones de quemados en el país, pues aseguró que sólo el Hospital Simón Bolívar de Bogotá es el único especializado para este tipo de tratamientos.

Reparos del gobierno

El gobierno y la Fiscalía manifestaron reparos a estas iniciativas. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, insiste en que debe haber una política criminal estable y que no responda a la coyuntura. Además consideró que el incremento de penas no necesariamente es la mejor forma de prevenir el delito, sino la acción efectiva de las autoridades para detener a los implicados. “Al delincuente no se persuade con el monto de la pena sino con la certeza de que se le va a aplicar”.

El vicefiscal Jorge Perdomo coincidió con el ministro y aseguró que en la ley vigente existen herramientas para sancionar con dureza estas conductas. Explicó que se puede tipificar como tentativa de homicidio y hasta por tortura, pero dependiendo de los daños causados. “Si el Congreso quiere tipificar un nuevo delito, lo revisaremos”, dijo Perdomo quien consideró que ya hay herramientas efectivas para sancionar. El ministro Gómez Méndez se comprometió a que en el caso de Jonathan Vega (agresor de Natalia Ponce de León)  y los demás agresores con ácido no habrá excarcelaciones.  

Fiscalía revisará 102 casos de ataques con ácido

Durante el debate, Gina Potes y Elizabeth Ruales hicieron graves denuncias. Con lágrimas en los ojos le reclamaron al gobierno y al Estado colombiano poner fin a la impunidad frente a estos casos. Aseguraron que en sus respectivos casos, sus agresiones están libres y en los últimos meses han recibido amenazas por parte de sus propios victimarios.

Ante estas denuncias el vicefiscal Jorge Perdomo anunció que la Fiscalía revisará los 102 casos de ataques con ácido que han llegado a la Fiscalía. Dijo que las cifras están sobrevaloradas, pues aunque Medicina Legal tenga en sus registros 960 casos de quemaduras con sustancias químicas, estas, en más de la mitad, corresponden a accidentes laborales y a otro tipo de accidentes. Por eso dijo que los casos de agresiones pueden ser muy inferiores.

En esa revisión se analizará si hubo errores a la hora de imputar cargos o si corresponde a mala administración de justicia de los jueces, ya que de estos casos solo cuatro han terminado en condenas.

El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, se comprometió a proteger a las víctimas, que en el Congreso denunciaron que siguen siendo víctimas de intimidaciones por parte de sus agresores. El gobierno evaluará caso a caso para brindar este tipo de protección. Sin embargo, las víctimas insistieron en que la única forma de protegerlos es que los agresores sean conducidos a la cárcel, ya que en muchos casos están plenamente identificados.

“El gobierno ha sido indolente”

Juan Lozano, citante del debate, cuestionó del gobierno que la ley que castiga a los agresores se haya convertido en letra muerta, especialmente en lo que corresponde a la atención en salud para las víctimas.

También cuestionó que solo para el caso de Natalia Ponce de León se haya establecido una recompensa de 75 millones de pesos, pero para los otros casos que se han registrado en el país no haya una sola recompensa similar para poner a los agresores bajo la órbita de las autoridades. Incluso dijo que el gobierno había establecido esta sanción para aprovechar réditos en la campaña para la reelección.