Presentarán reforma a la justicia para combatir inseguridad en Bogotá, la conclusión en cumbre de autoridades

La situación de inseguridad en la capital no aguanta más. Por eso, este martes en la tarde se reunieron la alcaldesa de Bogotá Claudia López, el fiscal general Francisco Barbosa, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Gloria Stella López, el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Luis Ortegón y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá general Eliécer Camacho para anunciar que tomarán medidas para combatir los altos índices de hurtos y homicidios en la capital.

Según anunció la alcaldesa Claudia López, durante esta semana y antes del próximo lunes, a través del Ministerio de Justicia se presentará un proyecto de ley al Congreso para hacer una reforma a la justicia con el fin de que pueda ser más efectiva y que los casos de robo y asesinato en la ciudad no queden en la impunidad. “Para que podamos subsanar algunas de las deficiencias que vienen de la interpretación misma de la aplicación de la ley”, aseguró López.

Dijo que el compromiso de la reunión es que en el transcurso de la semana le harán llegar al ministro de Justicia Wilson Ruiz sus conceptos. La mandataria también aseguró que otro enfoque de la reunión fue mirar alternativas para que a través de la acción de la Policía se pueda judicializar más fácil a quienes cometan delitos.

El fiscal general Francisco Barbosa comentó que es importante la cooperación entre las instituciones. “Se determinó donde están los problemas, las posibles soluciones. La Fiscalía General de la Nación enviará la próxima semana al ministro las propuestas”, comentó Barbosa.

Barbosa señaló que uno de los mecanismos será la terminación anticipada de procesos, que son los preacuerdos para poder agilizar las judicializaciones y ser más eficaces. Resaltó que en el 80 % de los casos cuando se presentan las garantías se da la medida de aseguramiento, pero reconoció que es necesario trabajar en lo relacionado a los informes de flagrancia.

Sobre este punto, la mandataria local aseguró que cuando hay pruebas es alto el porcentaje de judicialización, pero que el problema está en la flagrancia, que son la mayoría de las capturas. “Allí en estas capturas es donde estamos teniendo dificultades”, reconoció.

López agregó que gracias a una recomendación del fiscal general, una de las soluciones sería que no se vean como casos aislados, sino que se analice el contexto y que se interprete como una estructura criminal que todavía no se haya identificado.

“Un tercio de los casos que no podemos judicializar no son por error de la Policía, ni por error de la Fiscalía ni por error del juez, es porque la ley establece que debe haber libertad automática, y desafortunadamente son en casos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, el hurto (por) raponeo, la menor cuantía, que dan libertad automática, pero es lo que vamos a mirar en la ley”, dijo López.

En ese sentido, por parte de las instituciones judiciales, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Gloria López aseguró que dijo que es un trabajo coordinado de todas las instituciones con el que se pueda lograr facilitar el acceso de justicia a los ciudadanos. “El 92 % de las capturas son legalizadas por los jueces”, comentó.

Asimismo, dijo que se va a mejorar en los procedimientos desde la captura, la presentación ante fiscal y la decisión del juez respectivo. “Vamos a plantear una reforma que está construyendo el Ministerio de Justicia, y lo que debemos hacer es pronunciarnos frente a la reforma y presentar algunas propuestas y hacer algunas adiciones o mejoras”, comentó la presidenta del Consejo Superior.

Luis Ortegón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comentó que los jueces actuarán con autonomía e independencia, garantizando el derecho de todas las personas. “Decirle a la sociedad que tenga confianza en sus jueces, porque democracia sin justicia no existe”, dijo.

Por su parte, el ministro de Justicia Wilson Ruiz manifestó que la propuesta pretenderá subsanar esas deficiencias de la interpretación de la ley. Reconoció que es una responsabilidad de todo el país y que por eso se trabajará en contra de la delincuencia. “El día de ayer me reuní con los equipos del Ministerio de Defensa y del Interior, consideramos que la próxima semana estará listo el documento”, aclaró Ruiz.

Uno de los puntos en los que se trabajará para mejorar la seguridad en la capital y en el país es sobre la reincidencia, con el fin de evitar que quienes han cometido un delito no lleguen a pagar por sus actuaciones. “Se van a grabar las conductas y delitos para que no haya libertad condicional o casa por cárcel”, aclaró Ruiz. El ministro dijo que en el caso de las armas traumáticas también se establecerán medidas para que las personas dejen de delinquir con ese tipo de elementos.

El general Camacho afirmó que dos puntos importantes de lo que será es con respecto al trabajo estructural que se hará sobre los delitos. “Ninguna renta criminal está suelta a una organización criminal y generalmente hay una cadena de hechos que da muestra que hay más personas participando en este hecho y eso nos haría llegar más fuertes ante el juez de garantías”, comentó el comandante de la Policía.

El general agregó que trabajarán en conjunto con inteligencia del CTI y se apoyarán de toda la investigación de la Sijín, y las demás instituciones, para fortalecer sitios en específico en donde se estarían desarrollando actividades criminales reiteradamente para que ante los jueces no quede como un caso aislado, sino que se demuestre que es repetitivo y forma parte de una estructura criminal.