Pretelt será acusado ante la Cámara de Representantes

La Comisión de Acusaciones de la Cámara votó la ponencia en la que se acusa al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el presunto delito de concusión, según el cual un servidor público pide o hace pagar al ciudadano una suma de dinero indebida por el ejercicio de sus funciones.

Con una votación de nueve votos a favor y ninguno en contra, la Comisión decidió acoger el escrito –de 115 folios– que el representante Julián Bedoya había presentado semanas atrás y en el que se expusieron todas las pruebas (documentales y testimonionales) que demostrarían la forma en que el abogado Víctor Pacheco habría penetrado a la Corte para lograr que se seleccionara y votara una tutela en favor de Fidupetrol. En ese caso, en el que había en juego más de 22.500 millones de pesos, Pretelt habría sido fundamental.

Una decisión como esta no se veía en la Comisión de Acusaciones desde el Proceso 8.000 (1995), pues la inmensa mayoría de las denuncias nunca salían de los despachos judiciales; de ahí que se le conozca popularmente como Comisión de Absoluciones.

El representante investigador Julián Bedoya –quien ha dirigido la investigación contra Pretelt– había dicho que el proyecto de acusación está sustentado en 25 testimonios de magistrados de la Corte Constitucional, exmagistrados, directivos de Fidupetrol y el mismo abogado Víctor Pacheco, cerebro de la operación que hoy colabora con la Fiscalía. A estos testimonios se suman informes periciales del CTI, como también llamadas telefónicas y correos electrónicos.

La investigación contra el magistrado Pretelt se inició cuando su compañero en la Corte Constitucional, el magistrado Mauricio González Cuervo, puso en conocimiento de la Comisión unas grabaciones en las que Pretelt aparecía comprometido en un millonario requerimiento para privilegiar una tutela que favorecería los intereses de Fidupetrol.

Como la tutela no fue favorable a los intereses particulares y tampoco existió el desembolso de aproximadamente 500 millones de pesos, el proceso sufrió un giro: la tesis del investigador era una presunta conducta de cohecho, pero la acusación se limitó a responsabilizarlo por concusión, es decir, por haber solicitado dinero para realizar sus funciones como magistrado.

La defensa de Pretelt –en cabeza del abogado Abelardo de la Espriella– había solicitado el archivo de la investigación y la solicitud fue respaldada por la Procuraduría. Estas peticiones, salvo la recusación que el jueves también se votó contra la representante Angélica Lozano, fueron negadas.

Si la Cámara de Representantes decide mantener la acusación contra Pretelt se escogerá a uno de los miembros para que, en calidad de acusador, formule y sostenga la acusación ante el Senado. Ahí empezaría un nuevo capítulo. El Senado deberá conformar una comisión de instrucción que deberá decidir si admite o no la acusación.

En caso de hacerlo, la plenaria sería convocada para despojar al magistrado de su fuero y suspenderlo de su cargo en lo que se considera un juicio político. Posteriormente, la responsabilidad penal del magistrado Pretelt estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Por el delito de concusión solamente, Pretelt podría exponerse a una pena de hasta 15 años en prisión según el Código Penal.

Ante la decisión el abogado del magistrado, Abelardo de la Espriella, le dijo Semana.com que "la acusación contra Pretelt se constituye en un prevaricato sin antecedentes en la historia jurídica de Colombia. Valieron más las presiones políticas, mediáticas y las intrigas, que todas las pruebas a favor de mi cliente. El propio representante instructor, Julian Bedoya, en el proyecto presentado reconoció que no tenía prueba directa contra mi cliente. Esto apenas comienza, falta mucha tela por cortar. No hay nada escrito, daremos la pelea hasta donde sea menester. La injusticia tarde que temprano se derrumba. La verdad se impondrá al final".