El laberinto de la paz, tras un año de la firma

El primer año en paz con las Farc podrá ser contado de mil maneras. Todo depende del lente con que se mire y el lugar donde se decida clavar la vista. Ya sea el Gobierno, la oposición, los excombatientes, las víctimas o un colombiano de a pie, cada quien narrará su versión a partir de lo que le tocó vivir.

Tres postales se ganaron este año un espacio en la historia: el rostro de una guerrillera con su hijo en brazos caminando a los puntos de concentración, los contenedores de la ONU forrados con armamento y el megaconcierto que el nuevo movimiento ofreció para estrenar su partido político en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, ninguna de ellas alcanza a retratar el vaivén emocional que todavía despierta el acuerdo.

Si el tema fueran las cifras, las cuentas están así: 12.262 excombatientes fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, hay 8.994 armas inhabilitadas por la ONU, más de 40.000 millones de pesos han sido desembolsados para la reincorporación y 112 menores fueron entregados por las a la Cruz Roja Internacional. De alrededor 3.000 muertos promedio durante las confrontaciones en el 2002, el saldo en el 2017 no supera la centena. Y, pese a las malas noticias que no paran de llegar de Chocó, el desplazamiento se redujo un 79 por ciento.

Pero la relación entre el Gobierno y las Farc durante el posconflicto no ha sido precisamente una luna de miel. Siete Actos Legislativos y cinco Leyes aprobadas -con el impulso del fast track- es el saldo total que deja la implementación días antes de que caduquen los poderes especiales con los que se vistió al Congreso para que evacuar las reformas de la paz con más celeridad. 

Las leyes sobre adecuación de tierras, innovación agropecuaria, adjudicación de baldíos en zona forestal y creación del sistema de catastro multipropósito, todas relacionadas con la reforma agraria integral, tienen pendiente su discusión en ambas Cámaras. Esto, sin contar que hay compromisos adquiridos por el gobierno que ni siquiera han sido presentados como las garantías para promover la participación política de organizaciones y movimientos sociales, la reforma a la Ley de Víctimas y la inclusión de ajustes al Plan Nacional de Desarrollo para cumplir en el corto plazo con algunos de los compromisos pactados en La Habana.

La fórmula no salió a pedir de boca. Primero, porque el acuerdo tiene un consenso político precario desde el triunfo del No que posicionó estar en contra del acuerdo y no a favor de él. Segundo, porque los parlamentarios están pensando en función de la mecánica electoral y puestos. Y, tercero, porque la implementación descubrió la dificultad del Estado para llegar y gobernar a la otra Colombia: la rural.

El síntoma inicial se sintió en febrero pasado. Una carta que se filtró de la ONU sacó a la luz los problemas logísticos de las 26 zonas veredales donde se concentrarían las Farc. Como si se tratara de un deja vú, la escena se repitió esta semana en un foro de El Espectador. Durante la apertura, el jefe de la Misión Política de las Naciones Unidas, Jean Arnault, hizo un llamado para que de nuevo se encarrile la reincorporación.

Según contó, el Gobierno se está viendo a gatas para llegar a las zonas donde aún permanece el 55 por ciento de los excombatientes que suscribieron el acuerdo. Allí no hay tierra para trabajar, la oferta estatal es más bien escasa y la cuota de reincorporación a lo sumo alcanza para sobrevivir sin pensar en la familia.

"La falta de actualización de las bases de datos de la Policía, de la Procuraduría y del Sistema Judicial lleva a que los miembros de las Farc que fueron certificados estén todavía detenidos por la Policía, tienen dificultades para acceder al sistema financiero o firmar contratos", dijo minutos antes de referirse a la "limitada eficacia" con la que se encuentran los discapacitados, lisiados y enfermos crónicos de las Farc.

Una lectura similar hizo Amnistía Internacional, pero con los pies puestos en el territorio. Para la ONG la aplicación de la paz "es un desafío" y aunque la firma es una buena noticia, las réditos del fin del conflicto no se sienten en todos los territorios por igual. En el caso de Chocó, por ejemplo, los indígenas y afrodescendientes siguen sufriendo las incursiones de otros grupos guerrilleros y paramilitares.

Para el secretario general, Salil Shetty, "persisten casos de desplazamientos forzados colectivos, muertes o heridos con minas antipersonal y asesinatos selectivos que han ocurrido tras la salida de la exguerrilla de los territorios". Como si fuera poco, la Fundación Paz & Reconciliación divulgó un informe que declara "en riesgo" el posconflicto.

Tras el fin de los enfrentamientos con las Farc el gran interrogante que queda es si el tránsito a la vida civil será "especialmente violento" como el de Centroamérica, si se zanjarán "las enormes diferencias y controversias que en torno a las negociaciones de paz se han tejido con más ardor que razón" o si se echarán "pronto las bases de la reconciliación nacional con verdad, con justicia y reparación".

La preocupación crece porque, como dijo una y otra vez Sergio Jaramillo, la mayoría de los procesos de paz fracasan después de la firma, durante su implementación. Aunque hay consenso internacional en que el acuerdo firmado en el Teatro Colón es uno de los más completos y profundos, pero la experiencia comparada demuestra que el papel puede con todo.

Varias cosas hacen que estos tiempos sean ácidos. El documento que firmaron el Gobierno y las Farc no fue definitivo. Cada proyecto radicado en el Congreso requiere de nuevas negociaciones, ajustes y debates que no sólo se despierta por las diferentes interpretaciones sino también por los reparos que tienen los parlamentarios. De hecho, ese fue el tema que alentó un tercer encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos con el exjefe guerrillero Timoleón Jiménez.

Aunque el lugar de encuentro es un misterio, la Justicia Especial para la Paz es el tema que en esencia los convoca. Para empezar, la reciente sentencia de Corte Constitucional que "subordina la Jurisdicción Especial de Paz a las decisiones de los jueces constitucionales y ordinarios, con lo que mata su carácter esencial" burló los parámetros de lo pactado.

A esa decisión que terminó dejando por fuera a los terceros civiles involucrados en el conflicto, se suma la colcha de retazos en la que podría convertirse la ley que reglamenta la JEP en el Congreso. El último debate que sortea el proyecto en la Cámara de Representantes no tiene cara de terminar y si su trámite no respeta los siete días que le quedan al fast track sin duda su trámite se va a alargar y no se descarta de que pueda naufragar.

Para el Gobierno, sin embargo, todo es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Para empezar, los seis meses en los que se concretó la dejación de armas de la exguerrilla más vieja y grande de Latinoamérica, habla de lo exitosa que ha sido la transición. A ello, le suman la dimensión del arsenal que entregaron. Una cifra que en nada se equipara al caso de las Autodedefensas o Nepal, Tayikistán y Guatemala.

“Es sorprendente que el Representante de Naciones Unidas no reconozca el ciclo político electoral en el cual estamos y la necesidad de que ellos no terminen atrapados en la dinámica electoral, en la que un actor político, que coincide con ser una de las partes de este acuerdo de paz, tiene todos los incentivos en destacar todo lo que falta y no reconocer nada de lo que se ha hecho”, le respondió el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, a la ONU minutos después.

La impresión que se tiene de este primer año, a su juicio, se distacia de los informes que se conocieron esta semana y más bien se acerca al balance que entregó el instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Para el centro de estudios para la paz "el ritmo de la implementación en los primeros meses es equivalente o más rápido que el de otros acuerdos de paz integrales analizados (34 en total) y, si se superan los obstáculos presentes, el proceso está en camino hacia una implementación efectiva". Una premisa que parte de la idea de que el país vive los niveles más bajos de violencia en los últimos 42 años.

Las Farc cambiaron las balas por los votos y ahora que se perfilan como un movimiento político de izquierda intentan hacer coincidir la dinámica del desarrollo rural, del trabajo político y la reincorporación, con miras a construir su partido en estas regiones. Por eso, no deja de sorprender que la tierra sea la mayor incertidumbre sobre los proyectos productivos en los que trabajarán los excombatientes.

En el acuerdo de paz no dice en ningún lado que el Estado deba garantizarles tierras para sus proyectos. Un decreto presidencial firmado bajo las facultades extraordinarias estableció la posibilidad de que cualquier entidad pública le solicite tierra al fondo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que esta pueda ser entregada en comodato a los reincorporados. La implementación llega en un momento de vacas flacas y aunque en el texto pactado quedó claro que se tendrá en cuenta la realidad fiscal, también es cierto que se necesita efectivo para traducir muchas de las cosas que se pactaron en realidad.

Son muchos los interrogantes que pesan sobre la implementación pero eso no quiere decir que se vaya rumbo al fracaso. Se necesitan acciones urgentes y más ahora que el tema camina cuesta arriba. Sin duda, abstraer la implementación de la contienda electoral es imposible y desde que defender el acuerdo se volvió un suicidio político, la paz en Colombia se quedó huerfana.