Conservadores pondrían en aprietos blindaje de los acuerdos de La Habana

Este miércoles será un día crucial para el futuro del proceso de paz. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes dará el séptimo debate al acto legislativo para la paz, que incorporará la fórmula para que los acuerdos de paz que se firmen en La Habana tengan seguridad jurídica hacia el futuro, y que fue acordada por el Gobierno y las FARC el pasado 12 de mayo.

Es crucial porque si esta Comisión no aprueba la fórmula, o si se modifica la redacción que vino desde Cuba, Gobierno y FARC deberán acordar otra fórmula para blindar los acuerdos de paz. En palabras del coordinador ponente del proyecto, representante Hernán Penagos (la U), de no aprobarse tal como lo proponen las partes, “quedaría en suspenso el fin del conflicto y la firma de la paz”.

Por eso el Gobierno necesita que este miércoles se apruebe el acto legislativo con el texto que se acordó durante meses en La Habana. Para ello requiere de mínimo 18 votos de los 35 parlamentarios que integran la Comisión Primera, y aunque los socios del Ejecutivo son mayoría, las cuentas no están tan holgadas para este, por el contrario, aún no tienen aseguradas las mayorías.

Sobre todo después de la postura adoptada en la víspera por la junta de parlamentarios del Partido Conservador, que acordó proponer en el debate una modificación al texto redactado en La Habana, para incluir la exigencia de que el acuerdo de paz solo entrará al llamado bloque de constitucionalidad, hasta tanto se haya producido el desarme de la guerrilla.

David Barguil, presidente del Partido Conservador, dijo que la propuesta se trata de un “blindaje para la sociedad colombiana” al establecer tres requisitos previos para la incorporación del acuerdo especial al bloque de constitucionalidad.

El texto que presentarán los conservadores es el siguiente: “El acuerdo al que se refiere el presente artículo solo entrará en vigor en virtud de la refrendación por parte del pueblo colombiano, del desarme definitivo de las FARC y del cese de toda acción ilícita, en especial del narcotráfico”.

En consecuencia, los conservadores proponen que la aprobación del acuerdo especial se haga hasta que el pueblo colombiano refrende la paz, la guerrilla entregue hasta el último fusil, y cese cualquier actividad ilícita, especialmente el narcotráfico.

Esto riñe con lo acordado por el Gobierno y las FARC que solo establece el requisito de que se firme el acuerdo final en La Habana y que sea refrendado por el pueblo mediante un mecanismo de refrendación popular.

Eso, en virtud a que la guerrilla de las FARC espera que primero el Congreso le garantice que el acuerdo especial será incorporado a la Constitución, como garantía para producir el desarme.

Los conservadores irán hasta las últimas consecuencias para defender su propuesta, eso significa que el Gobierno no cuenta con los ocho votos azules. Tampoco cuenta con los cinco del Centro Democrático, que presentaron ponencia negativa para el acto legislativo para la paz. Es decir, 12 votos en contra.

En el papel, el Ejecutivo parte de los nueve representantes liberales y los ocho de la U, es decir 17 votos; necesita que todos estos congresistas asistan a la votación y pescar un voto adicional.

Los deberá buscar en la bancada de Cambio Radical, integrada por tres representantes, que aún no han definido su postura. Por ejemplo, el senador Carlos Galán, dijo a Semana.com que el blindaje jurídico al proceso de paz no se logra con “maromas jurídicas” sino garantizando “verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Otra de las que tendrá que definir postura es la representante Angélica Lozano, de la Alianza Verde. El voto definitivo lo podría encontrar el Gobierno en el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, quien ha mantenido siempre una postura de apoyo a cualquier iniciativa para la paz.

O también en el del representante del partido 100 % Colombia, o en el de Opción Ciudadana, que en este debate podrían ser útil para el Ejecutivo.

Se advierte poco probable que la Cámara no apruebe el acto legislativo para la paz, pero cualquier modificación del texto podría generar un obstáculo en la recta final del proceso de paz. Este miércoles, no queda duda, el Congreso tendrá que darle un nuevo espaldarazo, casi definitivo, a la firma de la paz.