Proceso de paz: ¿en qué va y qué hace falta?

Reparar a las víctimas es el gran desafío que tiene el país. Son más de siete millones de personas que han sufrido los vejámenes de la guerra: tortura, violencia sexual, homicidio, desplazamiento forzado, masacre o minas antipersonales; y que después de más de 50 años esperan que tanto daño sea enmendado.

Por fin, después de un año y medio de discusiones, las FARC y el Gobierno conquistaron un acuerdo que había sacado a flote las tensiones más profundas de esta compleja negociación: el punto de víctimas.

Desde que se instaló la mesa en La Habana con insistencia el presidente Juan Manuel Santos le había dicho al país que el éxito del proceso de paz pasa, en buena medida, por ese fino lugar donde se trace la línea entre la justicia y la paz. Un delgado trazo que define cuánto se debe sacrificar en justicia a cambio de alcanzar la paz.

En ese debate probablemente las víctimas era las más autorizadas para definir el trazo. Y por eso, el asunto de justicia se discutió precisamente dentro del quinto punto de la agenda, el relacionado con las víctimas, que, según el propio presidente, son el corazón de la negociación.

Todo lo que a ellas concierne, en el marco del acuerdo, quedó consignado en lo que las partes denominaron como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición que se acordó en la Mesa para satisfacer no sólo sus derechos, sino también parar terminar el conflicto y de una vez por todas abonar el camino para alcanzar la paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición, son los cinco componentes claves que formalizaron los negociadores y que contribuirán a garantizar no sólo el derecho a la justicia que tienen las víctimas por los crímenes atroces que se cometieron en su contra, sino la oportunidad de abrirles el camino para la reparación.

En ese sentido, de acuerdo con el documento que suscribieron las partes, se dice que las FARC no pagarán una sanción privativa de la libertad en condiciones carcelarias normales. Es decir, tal como señala el documento, las sanciones (no se habla de condenas) que imponga el Tribunal para la Paz tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. En ese sentido, se advierte que las sanciones tendrán carácter retributivo.

De esa forma, para quienes reconozcan verdad y responsabilidad se les impondrán sanciones con una función restaurativa y reparadora del daño causado, e irán entre cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. (Ver: Ni extradición, ni cárcel, alcances del acuerdo de víctimas)

Esta disposición que han expresado las partes es un componente importante para el proceso. Por un lado, es un indicador de que ambos reconocen su papel como victimarios. Es decir, aunque no se acuña el término, con el anuncio tanto guerrilla como Gobierno admiten que son responsables de las consecuencias y el desarrollo del conflicto.

No cabe duda de que el trascendental anuncio que hicieron los negociadores desde La Habana este 15 de diciembre es más que un respiro para el proceso, que había transcurrido durante un año sin que arrojara resultados contundentes en el grueso de la agenda.

Con el acuerdo sobre víctimas, ya van cuatro de los seis puntos pactados en la agenda del acuerdo general que a la fecha han sido aprobados: desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas.

En ese sentido, hay dos puntos que quedan en cola. Uno es el del fin del conflicto que se discutía en paralelo a la agenda central y en el que  trabaja el general Javier Flórez, como jefe de los representantes del Gobierno; y los comandantes guerrilleros Joaquín Gómez y Carlos Lozada, como representantes de la guerrilla.

Se dice que es una de las subcomisiones que ha mostrado más resultados tangibles, pese a que no se ha concluido y sigue en discusión. A raíz de los encuentros entres los militares y los guerrilleros se ha acordado que las FARC dejarían de reclutar menores de edad, y que ambas partes pondrían en marcha un plan piloto de desminado humanitario que ya tiene a la vereda El Orejón (Antioquia), prácticamente libre de la presencia de minas antipersona.

Pero a la subcomisión del fin del conflicto le falta una discusión que en Colombia no ha sido fácil de librar, y es las condiciones que acompañarán el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de la organización subversiva a la vida civil, política, social y económica.

Entre otras cosas, allí se está definiendo cuáles son los términos que acompañarán y que marcarán el ritmo de un eventual cese al fuego bilateral.

Una vez se definan las condiciones que marcarán la transición de los miembros de la guerrilla a la vida civil, los negociadores del Gobierno y las FARC encararán un trámite que desde hace varios meses vienen haciendo carrera en el Congreso de la mano de la Unidad Nacional: la Implementación, Verificación y Refrendación de los acuerdos.

Desde hace un tiempo el plebiscito es un término con el que los colombianos han tenido que familiarizarse. Se trata del mecanismo de participación ciudadana (de los tres que contempla la Constitución) por el que se ha jugado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para refrendar los acuerdos de paz que se alcancen con la guerrilla de las FARC en la isla.

El anuncio de este martes, probablemente, no deje contentos a algunos, como lo anticipó en la víspera el presidente Santos. Lo cierto es que se resolvió el mayor nudo del proceso y el más representativo. Si bien el camino que queda es largo, ya puede hablarse de que el proceso con las FARC está llegando a la antesala de la firma de un acuerdo final, que deberá ser refrendado por los colombianos.