PROCESO DE PAZ
Pitazo inicial del plebiscito en la Corte Constitucional
Defensores y detractores de esa fórmula de refrendación de los acuerdos de La Habana les presentan a los magistrados sus argumentos a favor y en contra del proyecto.
Este jueves empieza en la Corte Constitucional el debate definitivo en torno a la posibilidad de someter a votación la solución negociada al conflicto que vienen discutiendo desde hace ya casi cuatro años el Gobierno y las FARC.
En la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas instala la audiencia a la que citó a representantes de los tres poderes que manifestaron su deseo de participar en la discusión, a académicos y representantes de la sociedad civil.
El primer turno es para el propio presidente Juan Manuel Santos, quien intentará defender el proyecto de ley estatutaria al lado del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el jefe de la delegación negociadora del Gobierno ante la guerrilla en La Habana (Cuba), Humberto de la Calle.
En la audiencia de este jueves también se destaca la presencia de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, quien ya anticipó su postura desfavorable al plebiscito; la del defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao; la del presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, y la del fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo.
A la discusión se sumarán académicos y representantes de organizaciones sociales, como Magdalena Correa, Rodrigo Uprimny, Gustavo Gallón y César Rodríguez.
La última invitada en intervenir será la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien tendrá su turno al micrófono antes de que la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, pronuncie unas palabras a modo de conclusión y cierre del evento.
Después de la audiencia se espera que el responsable de proyectar el fallo, Luis Ernesto Vargas, haga entrega de la ponencia en la que expresa si el plebiscito planteado por el Gobierno y aprobado por el Congreso se adecúa o no a normas constitucionales sobre mecanismos de participación.
Luego se iniciará la discusión alrededor de la ponencia en la Sala Plena para tomar la decisión definitiva. Para concretar todos estos objetivos, el tribunal cuenta con 60 días hábiles que empezaron a correr desde la presentación del concepto de la Procuraduría el 17 de mayo pasado.