Así concluyó el debate constitucional sobre el plebiscito por la paz

La Corte Constitucional escuchó hoy las motivaciones jurídicas y políticas a favor y en contra de la realización de un plebiscito que permita medir la opinión de los colombianos en torno al proceso de paz que vienen negociando el Gobierno y las FARC en el último cuatrienio.

El primero en defender la constitucionalidad del proyecto de ley que busca convocar al plebiscito fue el presidente Juan Manuel Santos, quien recalcó en repetidas oportunidades que si bien no está obligado a someter al escrutinio de los votantes la negociación, quiere cumplir su palabra de permitirle al pueblo colombiano que se pronuncie.

Al jefe del Estado lo secundaron el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quienes defendieron la legitimidad de la reducción del umbral, dado el abstencionismo electoral histórico del país, y negaron que la fórmula de blindaje a los acuerdos recientemente diseñada vaya a ser la excusa para no tener en cuenta los resultados de esta consulta.

El Gobierno quiso dejar en claro que sigue firme en su propósito de lograr que este plebiscito tenga un carácter vinculante y decisivo para el rumbo de las negociaciones y respaldó la posibilidad de que los funcionarios estatales puedan pronunciarse públicamente en favor del apoyo al proceso de paz, una vez la Corte le dé el sí al proyecto, sin el temor de caer en participación indebida en política.

Tan vehemente fue la defensa que hicieron estos funcionarios de su labor en favor de la paz, que lograron romper el silencio que por meses ha tenido el magistrado Jorge Pretelt en los diferentes actos públicos que ha protagonizado la Corte. El togado intervino tentado a que Humberto de la Calle respondiera "sí, la paz lo vale todo", una pregunta que no cayó muy bien entre los asistentes que buscaban la aprobación del plebiscito.

Pero la más férrea oposición, al menos desde los adjetivos, que recibió el Gobierno estuvo a cargo de la senadora Paloma Valencia, que calificó a la actual administración como "la más corrupta de la historia". La dirigente del Centro Democrático tildó la iniciativa de "exabrupto" y "atentado a la Constitución".

Según ella, era claro que el medio idóneo para que los ciudadanos participaran en el debate era el referendo, pero la administración Santos no acudió a él sino al plebiscito porque su intención era hacerle trampa a los ciudadanos y a la Constitución para pasar por refrendado un acuerdo que en realidad no lo estaría.

Durante la audiencia de este jueves también quedó en evidencia una equivalencia pocas veces vista. La Procuraduría de Alejandro Ordóñez y la Fiscalía que comanda un discípulo de Eduardo Montealegre coincidieron en concluir que este proyecto legislativo debe ser declarado inconstitucional. 

Más paradójico aún sonó que tanto la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, como Jorge Fernando Perdomo, quienes se pronunciaron en nombre de ambas entidades, hayan iniciado su intervención advirtiendo que no están en desacuerdo con la paz.

Desde luego, las razones para la oposición de uno y otro son distintas, pues mientras el Ministerio Público trata de hacer ver el plebiscito como una muestra de los excesos del Congreso y del Gobierno de Juan Manuel Santos, la Fiscalía actúa por el temor de que la consulta pueda terminar hundiendo el desgastante pero ahora prometedor camino que han recorrido el Ejecutivo y las FARC.

Como parte del Ministerio Público, el defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, también se pronunció. Para fortuna de los defensores de las negociaciones, lo hizo pidiendo que se declarara exequible la mayor parte del proyecto, a excepción del aparte relacionado con la participación de servidores estatales en favor de la aprobación o rechazo a las pretensiones del plebiscito, de la cual no es partidario.

La discusión también recibió las opiniones de las organizaciones sociales que, unánimemente, le dieron su visto bueno a la iniciativa a través de la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, el Colectivo de Abogados, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Redepaz.

Aunque de manera dividida, los académicos también se mostraron mayoritariamente a favor. Así lo hicieron Rodrigo Uprimny (Universidad Nacional), Magdalena Correa (Universidad Externado) y Keneth Burbano (Universidad Libre). No opinaron lo mismo Luisa Fernanda García (Universidad del Rosario) y Camilo Guzmán (Universidad Sergio Arboleda), quienes pidieron tumbar el proyecto de plebiscito.

Ahora es al magistrado Luis Ernesto Vargas a quien le corresponde examinar todas estas posturas y el mismo proyecto de ley, para determinar si a la luz de la Constitución puede ser puesto en marcha. Sus conclusiones quedarán plasmadas en la ponencia que deberá ser discutida examinada por los magistrados de la Corte en un máximo de 60 días hábiles contados desde el pasado 17 de mayo.