Luego de un poco más de tres meses de conversaciones sobre el tema de drogas ilícitas, las FARC y el Gobierno anunciaron que ya tienen los primeros borradores de los “lineamientos o bases” sobre uno de los tres subpuntos.
Este ítem se refiere a la sustitución de cultivos ilícitos y, según el comunicado conjunto, las FARC y el Gobierno se han puesto de acuerdo en varios aspectos. Uno de ellos es que la esencia del tema de solución a las drogas ilícitas se relaciona con el primer punto de la agenda, que trató la reforma rural integral.
“La solución definitiva debe surgir de una construcción conjunta que involucre a las comunidades en el diseño, la ejecución, el seguimiento, el control y la evaluación de los planes”, señala el comunicado. Esto evidencia que tanto los guerrilleros como el Gobierno piensan que la solución empieza desde lo local y muy seguramente esto se reflejará en el documento que salga como resultado de las conversaciones.
“Somos también conscientes de que dada la diversidad que caracteriza las regiones de Colombia, cualquier intervención debe tener un enfoque diferencial”, señala el comunicado emitido por las dos partes de la negociación.
En pocas palabras, esto significa que las comunidades serán la base de cualquier solución, de manera tal que se les satisfagan sus necesidades de acuerdo con lo que han vivido, su cultura y sus territorios.
Además, en el comunicado conjunto tocaron de paso un tema que ha sido la manzana de la discordia entre campesinos y Gobierno: las zonas de reserva campesina.
De acuerdo con el comunicado conjunto, lo que pretenden los negociadores de ambas partes es contribuir al desarrollo sostenible, a la recuperación de los ecosistemas y al cierre de la frontera agrícola mediante el apoyo a “los planes de desarrollo de diferentes formas de organización y asociación como las zonas de reserva campesina constituidas o las que se constituyan, cuando coincidan con los territorios afectados por cultivos ilícitos”.
Al finalizar este ciclo, el número 20, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, indicó que otro de los aspectos del comunicado conjunto es la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en varios municipios del país, donde no ha habido la institucionalidad requerida.
Por su parte, la delegación de paz de las FARC en La Habana expresó que no es necesario continuar en la misma línea con la que se ha combatido los cultivos ilícitos. “Si el Gobierno asume que la política de guerra antidrogas trazada a sangre y fuego por Estados Unidos en nuestro país ha fracasado, no debe entonces persistir en la tozudez de mantener contra la razón, la represión y el prohibicionismo que han agudizado el problema, en el acento punitivo dirigido a los eslabones más débiles de la cadena”.
En la rueda de prensa que dieron los guerrilleros, señalaron que la “cara oculta de la luna” en el lavado de activos es la responsabilidad de bancos y banqueros, quienes son el verdadero poder que estimula el narcotráfico según las FARC. “No hay simetría en el accionar punitivo de las autoridades para contrarrestar el fenómeno”, aseguraron.
Tanto las FARC como el Gobierno analizarán por separado las propuestas que cada delegación llevó a La Mesa de La Habana. Los otros dos subpuntos, la discusión de drogas ilícitas son ‘Programas de prevención del consumo y salud pública’ y ‘Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos’.
Las conversaciones se reanudarán el próximo 24 de febrero.