Ordóñez: narcotráfico no es delito político

Tras el trauma del secuestro del general Rubén Darío Álzate y la decisión del reinicio de los diálogos de paz, un tema ha comenzado a calentar más la de por sí ya caldeada opinión pública en lo relacionado con el proceso entre el Gobierno y las FARC: se trata de la ampliación de lo que se deberá considerar delito político, de frente al posconflicto.

Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien puso a rodar la idea de que “había que ser flexibles” en el sentido en el que el narcotráfico y sus conexos deben ser considerados como una conducta delictiva política y no criminal. Dicha afirmación provocó revuelo.

Uno de los primeros en atacar la propuesta fue el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien la rechazó de plano en un comunicado de diez puntos.

El procurador, quien a pesar de que últimamente se ha acercado a las posturas el Gobierno en materia de paz, también se ha erigido como uno de sus más duros contradictores. Aseguró que, de aceptarse la tesis del presidencial, no podrían perseguirse los recursos ilícitos derivados del narcotráfico que habrían obtenido las FARC.

De igual forma, el jefe del Ministerio Público se opuso a que “se disfrace a delincuentes de políticos” y que “se blinde a los jefes de las FARC de su condición de capos”, según reiteró este jueves a la cadena de noticias CNN en Español.

En entrevista con la periodista Patricia Janiot no solo habló del tema, también dijo que esa propuesta rompe con la normativa tradicional en la que el idealismo y altruismo son piezas claves para que se considere que hay un delito político.

Pero fue más allá. Desde Boston, en donde expondrá su tesis sobre el proceso de paz en una conferencia en la Universidad de Harvard, Ordóñez aseguró que si se acepta la propuesta “estaríamos bajo una gigantesca operación de lavado de activos”. Para el procurador, la Corte Constitucional señaló que existen límites que en este caso se está violando.

“Ustedes bien saben que los miles de millones de dólares que las FARC han obtenido como consecuencia de esa actividad ilícita deben destinarse a la reparación de las víctimas. Acá lo que se está haciendo es blindar a los capos que tienen vinculación con las FARC para salvarles los millones de dólares”.

Al final de la entrevista señaló que a pesar de las promesas y de lo que el Gobierno ha planteado a las FARC en La Habana (Cuba), los guerrilleros no están blindados frente a la extradición luego de que se firme la paz.