Procurador se va lanza en ristre contra el fiscal

Las diferencias entre el fiscal, Eduardo Montealegre, y el procurador, Alejandro Ordóñez, cada semana trascienden a la opinión pública. El último capítulo viene en forma de contraataque por parte del jefe del Ministerio Público quien radicó una demanda ante el Consejo de Estado respecto a la directiva 00001 del 22 de mayo del 2013 del fiscal sobre la aplicación del acto legislativo que se refiere a la Justicia Penal Militar.

El cuento es el siguiente: El año pasado el Congreso aprobó una ley que creó un blindaje jurídico para los miembros de las Fuerzas Militares que ha tenido pros y contras. Pero uno de los más polémicos ha sido el castigo para los militares implicados en los denominados falsos positivos.

En esta ley, el Congreso impartía instrucciones precisas para que la Fiscalía y los jueces militares coordinaran cuáles delitos cometidos por militares iban a la justicia ordinaria y cuáles a la penal militar. Pero, de manera sorpresiva, Montealegre expidió una directiva para todos los funcionarios donde dejó entrever que él era el único encargado de determinar quién investigaría a los militares por sus pecados.

Esa directriz concluye: “En cumplimiento del articulo 4 transitorio del acto legislativo 02 del 2012, y hasta el 27 de diciembre del 2013, únicamente el fiscal general podrá trasladar proceso a la jurisdicción penal militar. Por lo tanto, y hasta el vencimiento del plazo establecido, ningún fiscal podrá trasladar proceso por razones de competencia”.

Esta directriz no cayó bien en la Procuraduría, por lo cual Ordóñez decidió demandarla. En su opinión, considera que esa directriz está por fuera de los marcos constitucionales.

En un documento de 21 páginas radicado en el Consejo de Estado, firmado por la viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, se pide tumbar de la directriz emitida por el fiscal.

"El fiscal general se arrogó como propia una función que les correspondía a todos los fiscales de la entidad que representa”, señala el documento. En plata blanca la demanda está relacionada con un presunto abuso de funciones del fiscal, debido a que señala que es el único que puede definir los casos de los militares, y, según la Procuraduría, desconoce la ley aprobada por el Congreso que indica que cualquier decisión en esa materia debe contar con la aprobación de los jueces penales militares.

Para la Procuraduría, "el acto legislativo no autoriza a la Fiscalía para interpretar la nueva norma constitucional ni para precisar su alcance y sus efectos", explica el documento.

Semana.com consultó a varios exmagistrados para medir el alcance de esta demanda. Para el exmagistrado Jaime Córdoba Triviño, no existe futuro alguno en dicha demanda debido a que el fiscal general “no está actuando como legislador, sino como cabeza del ente acusador en el momento de impartir pautas a sus funcionarios para la aplicación del acto legislativo”.

Igualmente manifestó que la directriz del fiscal no se puede entender como una regla en sentido general, sino es un conjunto de fundamentos en relación con la acción penal.

El exconsejero de Estado William Giraldo es otro que no le ve futuro a la demanda del procurador. Según él, la demanda está basada en una interpretación de la norma, es decir “que las competencias de los servidores públicos están claramente delimitadas y son taxativas (textuales a la norma)”.

La demanda se encuentra el despacho de la magistrada de la Sección Primera María Elizabeth García, quien deberá definir si acepta o no la acción de la Procuraduría que busca ponerles freno a las actuaciones del Fiscal. Un capítulo más en la serie de diferencias entre los dos altos funcionarios que en público y en privado han tenido gruesos enfrentamientos en temas relativos a la paz y a la unión de parejas del mismo sexo, entre muchos otros.